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La adopción de una nueva política pública dejó atrás la posibilidad de que pasaran a manos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) las diez hidroeléctricas propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una iniciativa que era impulsada por la administración de Luis Fortuño.


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