Entre otras cosas, el proyecto obliga a todo manufacturero o distribuidor al por mayor de un medicamento genérico con precio promedio de $5,000 por terapia a presentar un informe bajo juramento anual a más tardar el 31 de marzo al Departamento de Salud y (semisquare-x3)
Entre otras cosas, el proyecto obliga a todo manufacturero o distribuidor al por mayor de un medicamento genérico con precio promedio de $5,000 por terapia a presentar un informe bajo juramento anual a más tardar el 31 de marzo al Departamento de Salud y

Al levantar objeciones sobre la presunta divulgación indebida de secretos de negocio, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, por sus siglas en inglés) se opuso durante la mañana del martes a un proyecto de ley de administración que regula el procedimiento a seguir al momento de modificar los precios de los medicamentos en la isla.

La Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Coopharma) igualmente se opuso y Droguería Betances se limitó a presentar objeciones, durante una vista pública conjunta de las Comisiones de Salud y Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes.

En el caso de Coopharma, advirtieron que el proyecto ignora uno de los factores clave dentro del fenómeno del aumento en los precios de los medicamentos: los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés).

El Proyecto de la Cámara 2073 enmienda la Ley 7-2019, conocida como la Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados, que ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) elaborar un listado de los 300 medicamentos recetados de mayor frecuencia en el país y publicar en su portal de internet el precio al detal de cada medicamento con una dosis estándar por un periodo de 30 días.

Con el P. de la C. 2073, se limita al DACO a publicar la lista, mientras otras responsabilidades sobre su confección son colocadas sobre un nuevo Comité Interagencial integrado por representantes de Estado, Salud, DACO, la Administración de Seguros de Salud, la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Entre otras cosas, el proyecto obliga a todo manufacturero o distribuidor al por mayor de un medicamento genérico con precio promedio de $5,000 por terapia a presentar un informe bajo juramento anual a más tardar el 31 de marzo al Departamento de Salud y al DACO.

En el informe se tendrá que revelar el precio promedio del manufacturero, el precio de distribución, el precio promedio de venta al por mayor, el costo de cualquier investigación realizada en los últimos cinco años sobre el medicamentos, los costos de mercadeo y el total de ganancias anuales atribuidas al medicamento.

Igualmente, todo manufacturero que se proponga a aumentar el precio promedio de distribución en más de 20% deberá notificarlo, con un informe bajo juramento, a Salud y al DACO con no menos de 30 días de que entre en vigencia el incremento. Otros tipos de aumentos en precios tendrían que ser notificados a Salud y al DACO con no menos de 90 días de que entren en vigor.

En los casos en que se registren aumentos en los medicamentos, los manufactureros y distribuidores tendrán que presentar un informe que detalle el costo de adquisición de la receta, el costo atribuido a licencias y permisos, el costo por investigaciones, detallar el costo de materiales y gastos administrativos y la ganancia proyectada con el incremento en precio.

Dispone la medida que no cumplir con estos requisitos abriría la puerta a que el Comité Interagencial inicie una revisión de costos y establecer límites “razonables”. También se legislan multas de no menos de $5,000 y no más de $150,000 por diversas infracciones a la ley propuesta.

Al expresarse en contra del proyecto Rafael Castro, vicepresidente de PIA, planteó que el proyecto se radica a solo meses de que se el gobernador firmara la ley 7-2019, por lo que “no se ha dado ninguna oportunidad para tener efectos”.

Indicó que el proyecto propuesto no reduce los costos de los medicamentos y planteó que la cadena de suministros alrededor de la industria de los medicamentos se afecta por diversos factores, incluyendo a los planes médicos, los PBM, las agencias de gobierno y los servicios de Medicare y Medicaid.

“(El proyecto) Sí representa un gran riesgo al proceso de acceso a los medicamentos”, sostuvo. “Representaría un impedimento al acceso de los pacientes a productos biofarmacéuticos innovadores”, agregó.

Por ejemplo, argumentó que los plazos propuestos para notificar cambios en los precios de los medicamentos inciden en asuntos regulados por la Comisión Federal de Comercio y dijo que el control de precios viola “principios constitucionales federales”.

“Los miembros de PIA son compañías multinacionales públicas las cuales están cobijadas por reglas que limitan la divulgación de información que pueda afectar el mercado de valores.

Un anuncio de precios con anterioridad a que ocurra, sin duda, tendría impacto en el mercado de valores, razón por la cual consideramos este requerimiento contrario al orden público y las leyes federales aplicables”, dijo al sostener que la divulgación de factores que inciden en el aumento de precios y secretos de propiedad intelectual viola la Ley de Protección de Secretos Industriales y de Comercio de Puerto Rico (Ley 80-2011).

"¿No hay opción para que PIA favorezca este proyecto que obliga a las farmacéuticas a ser transparentes con el pueblo?", le preguntó el representante penepé Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud.

“Los secretos de negocios están regulados y hay que seguir la reglamentación. No nos negamos a la transparencia en los precios, es que la cadena total de suplido de medicamentos maneja el precio, no solamente la farmacéutica”, contestó Castro, quien no pudo ofrecer ejemplos concretos sobre por qué el proyecto vulnera secretos de negocios.

“Esto (el proyecto) es un gran instrumento que nos puede ayudar, junto con el proyecto (del Senado) 218”, dijo Morales al hacer referencia a la medida que regula los PBM y que se encuentra en comité de conferencia. “Se tienen que aprobar de la mano. Si tenemos la valentía de aprobar el 218 y esta herramienta, no nos debe preocupar si vamos a violentar los secretos de negocios de una multinacional… me debe preocupar los miles de ciudadanos que todos los días llaman a mi oficina pidiendo que los ayudamos porque no tienen dinero para los medicamentos”, sostuvo Morales.

Al oponerse también a la medida, Heriberto Ortiz Martínez, director ejecutivo de Coopharma, insistió en cómo el proyecto no regula los PBM.

“Entendemos que la presente medida está incompleta puesto que omite un componente medular en la cadena de la cubierta de farmacia”, dijo al señalar que hay disposiciones de la medida, como la radicación de informes sobre cambios en precios, que no aplican a su industrial.

Ortiz Martínez alertó también sobre la falta de jurisdicción que el gobierno de Puerto Rico tendría sobre manufactureros sin presencia en la isla que busquen aumentar los precios de sus medicamentos.

“No podemos perder de perspectiva que un gran número de farmacéuticas de medicamentos genéricos no tienen presencia en la isla”, dijo Ortiz Martínez.

En el caso de la Droguería Betances, objetaron que en la media se les incluya como responsables de rendir el informe anual cuando no tienen acceso información exclusiva del manufacturero,

“Los distribuidores/droguerías no establecemos el precio promedio del manufacturero AMP (siglas en inglés de precio promedio del manufacturero)”, dijo.


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