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Los problemas fiscales del programa Medicaid podrían perjudicar los servicios de salud en la isla. (GFR Media)

Washington - El gobierno puertorriqueño advertirá hoy al Comité de Recursos Naturales que si el Congreso no actúa a tiempo, el sistema de salud de Puerto Rico caerá la primavera próxima en un precipicio fiscal que provocará el colapso de los servicios y cerca de 600,000 personas quedarán sin atención médica.

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“El Congreso debe actuar antes del 30 de septiembre de 2019 para evitar daños catastróficos a nuestro sistema de salud, y a la salud y el bienestar de la gente de Puerto Rico”, indicará Ángela Ávila, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), según la ponencia que envió al Comité.

Aunque Medicaid está bajo la jurisdicción del Comité de Energía y Comercio, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha destacado que la sesión de hoy permitirá elevar el debate en torno a una crisis que se repite en las demás áreas insulares.

En la ponencia, la directora de ASES proyecta que el dinero de Medicaid se agotaría al terminar 2019.

Pero, Ávila había adelantado que los fondos de Medicaid –debido principalmente a $526 millones que quedan pendientes de la ley Obamacare– asignados a la isla se terminarán realmente a más tardar a principios de abril, cuando aún faltarán cinco meses para terminar el año fiscal federal 2020, que comienza en octubre, y más de dos meses para cumplirse el año fiscal puertorriqueño.

A partir de entonces, el sistema de salud de Puerto Rico entrará en un precipicio fiscal de alrededor de $1,200 millones.

Bajo el proyecto de presupuesto 2019-2020 del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se cuenta con tener $1,643 millones en fondos de Medicaid para pagar el costo del Plan de Salud del Gobierno (Vital) , que alcanza los $2,965 millones.

Debido a una asignación de emergencia de $4,800 millones en fondos de Medicaid, como consecuencia del huracán María, el gobierno federal ha financiado, desde principios de 2018, el 100% de los servicios de ese programa.

No obstante, en octubre, Puerto Rico vuelve a tener disponibles únicamente $380 millones anuales en Medicaid y estar sujeto a una ley que solo permite al gobierno federal financiar el 55% del costo del servicio que se provee bajo ese programa.

“Este nivel de apoyo federal para el programa de Medicaid de Puerto Rico no es sostenible, ya que se proyecta que la financiación cubra solo el 19% de la financiación federal necesaria durante el año fiscal 2020 para los gastos de Medicaid”, añadirá Ávila.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha pedido al Congreso que asigne $15,100 millones a Puerto Rico para los próximos cinco años - unos $3,000 millones anuales-, y que eleve al 83% la responsabilidad del financiamiento federal en la prestación de servicios de Medicaid. 

“Esta financiación daría a la isla certeza a corto plazo, mientras que el Congreso trabaja con nosotros para determinar un mecanismo de financiamiento sostenible a largo plazo que elimine la inequidad en el financiamiento y nos permita satisfacer las necesidades de salud de nuestros residentes más vulnerables”, indicará Ávila.

La directora de ASES dijo la semana pasada a El Nuevo Día que casi la mitad de los 1.25 millones de personas adscritas al plan Vital quedarán sin servicios médicos si al menos no se nivelan las asignaciones federales con la financiación que tuvo la isla bajo el Obamacare.

“(Puerto Rico) no aguanta un recorte más”, advirtió entonces Ávila, al acentuar que además de que unas 600,000 personas se quedarían sin cubierta, el gobierno tendría que “repensar” si puede ofrecer servicios dentales y de farmacia. “Un sistema que no tengo esos pilares, definitivamente va a colapsar”, no solo por la falta de recursos “sino por las condiciones de salud”, agregó en la entrevista de la semana pasada.

En su ponencia, Ávila añadirá que sin una asignación de por lo menos $1,600 millones anuales en fondos de Medicaid, se agravará la crisis fiscal de la isla, habrá más demoras en las mejoras a hospitales, clínicas y otra infraestructura necesaria, Puerto Rico seguirá “perdiendo más de nuestros proveedores médicos” y habrá “una crisis de salud mental”.

En una ponencia que entregó por escrito al comité, mientras, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, advirtió también del daño que le crea al sistema de salud la continua incertidumbre sobre el acceso a fondos del programa Medicaid.

“La incertidumbre y la presión financiera impuesta a los hospitales de Puerto Rico y otros proveedores ha hecho muy difícil ofrecer paquetes de compensación atractivos y competitivos para conservar nuestro personal médico y profesionales con experiencia y bilingües”, indicó Plá

Mientras, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, envió una ponencia al comité en la que indicó que un mejor financiamiento del programa Medicaid ayudaría “significativamente” a la recuperación de la isla tras el huracán María y a cumplir con los objetivos de la ley Promesa.

Junto con Ávila, declararán en la audiencia de hoy la comisionada de Salud de las Islas Vírgenes, Michal Rhymer-Browne; la directora de Medicaid en Samoa, Sandra King Young; la administradora de Bienestar Social en Guam, María Theresa Arcangel; la directora de la agencia de Medicaid en las Islas Marianas del Norte, Helen Sablan; y la principal funcionaria ejecutiva de la corporación de Salud de las Islas Marianas del Norte, Esther Muna.

Ayer en la tarde, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, auspició en el Congreso una sesión informativa sobre las necesidades del sistema de salud de Puerto Rico, en el que abarcó tanto el potencial colapso fiscal en el sistema de salud como las tarifas más bajas que reciben los planes Medicare Advantage de la isla.

Ávila, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino Vega, el exgobernador Luis Fortuño y una representante de la fundación Kaiser formaron parte del panel.


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