Ángel Matos radicó el mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. (GFR Media)

La Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés), se limitó a indicar esta tarde, en declaraciones escritas, que se encuentra evaluando un recurso de mandamus sometido esta mañana por el representante popular Ángel Matos García, quien exige acceso a información que considera pública sobre las operaciones de la entidad. 

Matos García demandó tanto al DMO como a su director Brad Dean, alegando que la entidad incumple varias leyes al negarse a entregarle copias de todos los contratos, expedientes, documentos, planes e informes desde su creación, por ley, en marzo de 2017.

"Reiteramos nuestra disposición y disponibilidad para reunirnos con el representante y cualquier otra persona que quiera conocer más de nuestra operación, como lo hemos hecho en un sinnúmero de ocasiones con otras personas que se nos han acercado para inquirir y colaborar con la meta de promover a Puerto Rico como destino de turismo.  Lamentablemente, el representante Matos no ha estado disponible hasta este momento para reunirse con nosotros", sostuvo el DMO. 

En el recurso legal se hace un recuento de cómo se llegó al punto de recurrir al tribunal, que incluye una misiva del 10 de junio de Matos García solicitando los documentos al DMO y resaltando que había radicado también, a esos fines, la Resolución de la Cámara 1435. El 23 de junio el DMO, en una carta firmada por Dean, le contestó que estaban dispuestos a tener una reunión con el legislador, adjuntando con la comunicación una copia del reporte anual de la entidad.

“El comienzo de este año fiscal es una excelente oportunidad para juntos diseñar el futuro de la industria turística en la isla”, reza parte de una carta enviada por Dean y que es reseñada en el recurso legal.

El 12 de agosto, Matos García cursó una segunda carta al DMO alegando que el reporte anual no incluía toda la información solicitada y que le daba un plazo de 24 horas para entregar la documentación o, de lo contrario, acudiría al auxilio del tribunal. Un día después, Dean le replicó alegando que los abogados de la entidad le recomendaron que no se entregara la información solicitada ya que la R. de la C. 1435 no había sido aprobada.

Matos García, quien también solicita los expedientes de subastas y solicitudes de propuestas otorgadas y adjudicadas por el DMO, además del listado de funciones del personal del DMO, plantea que la información es pública y de alto interés público, que el DMO opera con fondos públicos y que, al no proveer la información solicitada, viola la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).

El DMO tiene un presupuesto de $25 millones.

El representante cita la Ley 141-2019 en la petición de Mandamus, al plantear que dispone que “toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al pueblo y a la prensa”. Esta ley también establece los plazos en que se producirá la información solicitada, que son 10 días laborables.

El DMO, según Matos García, no solicitó prórroga para entregar la información. El legislador por Carolina planteó que la información solicitada no está protegida en forma alguna por confidencialidad o privilegio o forma parte de las excepciones al derecho al acceso a la información. También sostiene que se consideran públicos.

“Las actuaciones y omisiones del DMO al negarse a proveer o poner a disposición del representante la información pública solicitada laceran el derecho de la parte demandante al acceso a tal información pública, así como a la realización de sus funciones legislativas de fiscalización”, se dispone en la demanda, firmada por los abogados Orlando J. Aponte Rosario, Reymerik Aponte López y Alberto C. Rivera Ramos.

En declaraciones escritas, Matos García dijo que no tenía otra opción que acudir al tribunal.

“Luego de semanas de intentos infructuosos para que el DMO entregue la información relacionada al uso de su primer presupuesto, contratos, viajes y manejo de procesos de subastas, nos hemos visto obligados a demandar al organismo por mantener un comportamiento sospechoso sobre sus manejos fiscales. ¿Por qué se esconde información? ¿Qué esconde el director ejecutivo?, ¿Por qué refugiarse en recomendaciones legales? Nuestra petición es una de información pública y no está en la página de internet de la organización”, sostuvo Matos García.


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