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El gobernador Ricardo Rosselló dio ayer detalles del plan fiscal, que inlcuye reformar el Departamento de Salud, pero no reducir los asegurados del seguro médico del gobierno. (AP / Jacquelyn Martin) (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló dio ayer detalles del plan fiscal, que inlcuye reformar el Departamento de Salud, pero no reducir los asegurados del seguro médico del gobierno. (AP / Jacquelyn Martin)

A pesar de que, en los próximos cinco años, Puerto Rico recibiría una inyección monetaria sin precedente, el plan fiscal revisado de la administración de Ricardo Rosselló Nevares contempla que el presupuesto del gobierno continuará con un déficit acumulado que fluctuará entre $2,000 y $3,000 millones, por lo que no habría dinero para pagar a los bonistas.

Las condiciones macroeconómicas que encara la isla tras el paso del huracán María y la reforma contributiva federal, así como las obligaciones del gobierno, parecen ser tan severas y grandes que tal como anticipó El Nuevo Día, el gobierno de Rosselló Nevares tampoco prevé que se cuadrará el presupuesto hasta el 2022. Ello, aun poniendo en vigor decenas de reformas para reducir los gastos del gobierno en educación y seguridad, privatizando servicios públicos y reduciendo la prima por mes por miembro en Mi Salud.

Asimismo, se impulsarían cambios en la reglamentación que afecta a los negocios y una nueva reforma contributiva que establecería de vuelta el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés) en Puerto Rico, eliminando el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en transacciones comerciales conocidas como B2B y reduciendo de 11.5% a 7% el IVU que se paga en restaurantes y lugares de comida rápida.

Anoche, horas antes de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) enviara a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el plan fiscal revisado para el período 2019 a 2022, Rosselló Nevares ofreció algunos detalles del documento con que cree que se trazará una nueva ruta para Puerto Rico. El documento, dijo el mandatario, se enviaría al organismo que controla las finanzas anoche a eso de las 11:59 p.m. En el pasado, la JSF le rechazó un plan fiscal al exgobernador Alejandro García Padilla por presentar un presupuesto desbalanceado.

“El objetivo de Promesa no es únicamente fiscal, también hay un elemento económico”, dijo Rosselló Nevares, al señalar que el plan revisado no se centra en lograr recortes para cumplir con el tema fiscal sino en “adelantar el desarrollo económico” tras la realidad que dejó el ciclón del pasado 20 de septiembre.

El gobernador, quien aseguró que en su plancontinuará protegiendo a los “más vulnerables”, hizo sus expresiones acompañado de su representante en la JSF, Christian Sobrino, y el director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela Franco.

El plan fiscal revisado se divide en seis áreas y parte de la premisa de que las dolencias económicas y sociales que encara Puerto Rico son, en buena parte, fruto de la desigualdad que supone el estatus territorial de la isla. Estas son: la visión del gobierno; la reconstrucción de Puerto Rico; la ruta hacia el balance estructural; la transformación del gobierno y reformas estructurales.

Las bases del plan

El plan fiscal revisado contempla que durante el año fiscal en curso, el producto bruto de la isla caería en 11.2% en términos reales y, a partir de este año fiscal hasta el 2022, la población de la isla se achicaría en 16%.

Mientras, la reforma contributiva federal implicará la pérdida de unos $1,700 millones en los recaudos de la Ley 154.

De acuerdo con Rosselló Nevares, el panorama que dejó el huracán María presenta dos oportunidades: grandes inversiones para crear un Puerto Rico más resistente y adoptar reformas estructurales –incluyendo una reforma a la beneficencia– e instaurar un nuevo modelo de gobierno que daría un giro a la economía de la isla.

El plan descansa en FEMA

En el lado de la inversión, Sobrino destacó que se creará una nueva autoridad de revitalización para integrar las iniciativas de infraestructura.

La nueva estructura tendría como cojín unos $35,300 millones provenientes del Fondo de Asistencia por Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La cifra es parte del análisis de necesidad que presentó Rosselló Nevares en el Congreso en el reporte Build Back Better y en el que se solicitaron unos $94,000 millones.

Sobrino explicó que se incluyó la partida porque se trata de un fondo legislado en el Congreso y que históricamente nunca ha quedado desprovisto de fondos.

La mitad de esa inyección monetaria iría a las utilidades públicas; 24% irá al mejoramiento de edificios y equipos; 8% al control de instalaciones de agua y una cifra casi similar a la respuesta a la emergencia.

Para recibir tales fondos, el gobierno contempla que tendría que aportar unos $1,400 millones como parte del programa de pareo que requiere FEMA.

Además de esa cifra, el plan fiscal revisado contempla que la economía de la isla recibirá otro empujón de las reclamaciones que pagarán las aseguradoras a individuos y negocios.

Esa cifra se estima en $21,900 millones y descansa, según Portela, en un informe preparado por la firma Property Claims Services. El 75% de esas reclamaciones de seguros se gastarían entre los años 2018 y 2022.

En total, a partir de este año hasta el fiscal 2022, Puerto Rico recibiría una inyección monetaria de cerca de $57,200 millones. De ser cierto, en cinco años, Puerto Rico recibiría el equivalente a más que dos presupuestos consolidados del gobierno.

Según las cifras preliminares, la inyección federal y de seguros ayudaría a que la economía dé un brinco en el año fiscal 2019 en el orden de 7.6% en términos reales y que permanezca en terreno positivo por los cinco años de vigencia del plan fiscal.

Las reformas

Pero, según Rosselló, de nada valdrá la inyección monetaria si no se dan pasos concretos en otros frentes como crear un gobierno digital, diseñar un nuevo aparato de gobierno “externalizando” servicios al sector privado, y si no se hacen cambios en la forma en que las empresas interactúan con el sector público.

“El problema de participación laboral es crónico y severo en Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares al señalar que la isla solo compara con economías como Botsuana cuando se trata del número de personas que forman parte de la fuerza laboral.

En aras de revertir la tasa de participación laboral, explicó el mandatario, se adoptarán varias medidas.

En el plan se contempla revivir el EITC, un programa probado que promueve la inserción de los trabajadores en la economía formal y que, en la isla, se adoptó bajo la administración de Luis Fortuño. La disposición, que parte de la premisa de que los trabajadores puedan reclamar el crédito en sus planillas de contribución sobre ingresos, costaría unos $220 millones al cabo de cinco años.

Otra estrategia, agregó Sobrino, se centra en hacer cambios a los programas de asistencia social, de manera tal que quienes reciban estas ayudas no sean penalizados a medida que se integran a la fuerza laboral. Esta propuesta estaba contenida en el plan fiscal presentado por el exgobernador García Padilla.

Otras estrategias en la lista son ya conocidas, las alianzas público privadas (APP), la organización de mercadeo del destino (DMO) y un nuevo código de incentivos contributivos que solo ahorraría unos $65 millones al cabo de cinco años.

Los recortes

Las medidas favorables a la economía tendrían de contrapeso el impacto que supondrá la reducción del gasto público como parte del ejercicio fiscal.

De acuerdo con Rosselló Nevares, la principal propuesta de ahorros se daría con la consolidación de agencias que se ha puesto en curso.

Aunque en este año fiscal no habría recortes, a partir del año fiscal 2019 comenzarían los ajustes y, para el 2022, el nuevo organigrama del gobierno habría reducido sus gastos en $1,264 millones.

La segunda tajada de ahorros vendría por la reforma de salud, con la cual se ahorrarían $795 millones.

El plan fiscal revisado también deja en el tintero los aumentos en marbetes, licencias y la fiscalización contributiva, lo que daría otros $415 millones en ahorros al fisco.

Rosselló Nevares indicó que los recortes en subsidios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios continúan, pero en esta ocasión, no se harán a dos años sino en cinco períodos fiscales.

En el caso de la UPR, no obstante, la reducción contemplada rondaría unos $220 millones, lo que supondría la mitad de los recortes previstos hace un año.

En total, al cabo de cinco años, el gobierno buscaría ahorros en sus gastos operacionales en el orden de $3,023 millones.

El Nuevo Día cuestionó cómo podía presentarse un plan que no aseguraba el cuadre fiscal, según la ley federal Promesa.

A ello, Portela respondió que para el 2022, se apostaría a un cuadre del presupuesto.

Sin dinero para bonistas

Sin embargo, en ese cuadre presupuestario no habría sobrante para pagar a los bonistas.

“El pago de la deuda lo establece el tribunal... hasta el quinto año, no hay sobrante”, indicó Sobrino cuando la prensa preguntó cuánto se dedicaría a los acreedores.

De acuerdo con Portela Franco, al igual que el pasado plan fiscal, la nueva hoja de ruta integra en un solo pote todas las fuentes de recaudos y será el tribunal el que decida cómo se distribuirá, si queda algo, a los bonistas.

“Se están consolidando todos los ingresos... Nosotros no tomamos ninguna posición”, dijo Portela Franco.

El camino con la Junta

A preguntas de este diario en torno a si las previsiones del plan han sido avaladas por la JSF, Rosselló Nevares indicó que había acuerdo en “los lineamientos del plan”, pero no necesariamente en las cifras.

Rosselló Nevares subrayó que junto con el plan del gobierno central se presentarán aquellos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero no se ofrecieron detalles de estos.

Más allá de los números, dos cosas parecían ciertas anoche.

Rosselló Nevares terminaría su mandato sin haber cuadrado el presupuesto, mientras muchas de las propuestas de cambio que plantea no se lograrían en lo que queda de cuatrienio y tampoco se darían bajo lo que queda de término a los actuales miembros de la JSF.

El segundo asunto es que, a finales del 2016, la JSF rechazó el plan fiscal que propuso García Padilla señalando que el documento que se presentó no cerraba el déficit ni presentaba soluciones para el pago de la deuda pública.


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