Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos. (GFR Media)

Del 25 de julio al 1 de agosto, Ricardo Rosselló convirtió en ley 67 medidas, entre ellas, la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” y la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, que fueron ampliamente rechazadas por organizaciones no gubernamentales y gremios periodísticos.

“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley”, denunció Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en los haberes públicos.

La firma de este proyecto no fue informada, como otras, mediante comunicado de prensa de La Fortaleza. El 1 de agosto, a un día de que cobrara vigencia su renuncia como gobernador, Rosselló firmó 59 medidas.

“Dos días antes, solicitamos directamente a Rosselló, al igual que lo hicieron otras organizaciones, que no convirtiera en ley los dos nefastos proyectos y no solamente lo hizo, sino que no se lo dijo al pueblo. A esta hora, ni La Fortaleza ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia por parte de Rosselló”, puntualizó Blondet.

La medida, ahora Ley 141 del 2019, se radicó en la Cámara de Representantes para establecer “una política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública”, entre otras medidas para garantizar el acceso a la información.

Sin embargo, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) condenaron el proyecto y reclamaron al entonces gobernador que vetara la medida, conjunto al Proyecto del Senado 236 -ahora Ley 122 del 2019, que establece la política sobre la divulgación de datos públicos.

Los gremios alegaron que ambos proyectos erosionan décadas de victorias a favor del acceso a la información y ofrecía una vía legal para que el gobierno limitara a su gusto la publicación de documentos, entre otras disposiciones que permitían evadir la rendición de cuentas.

La llamada Ley de Transparencia, destaca Espacios Abiertos, elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casoscuando se trata de miembros de la prensa. Asimismo, elimina la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la misma ley y se entregue de inmediato.

En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA), ente otras disposiciones.

“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, advirtió Blondet.

Leyes firmadas por Ricardo Rosselló del 25 de julio al 1 de agosto de 2019 by El Nuevo Día on Scribd


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