La mayoría de los miembros del Directorio del PNP fueron nombrados por Rosselló Nevares. (Juan Luis Martínez Pérez)

Una buena parte del liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) no tiene esperanza alguna de que, durante una reunión del Directorio de la colectividad, se puedan generar las decisiones necesarias para detener la crisis política que se vive en el país ante las acusaciones de corrupción contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y algunos de sus allegados.

El problema, según explicaron dos legisladores que prefirieron no ser identificados, es que la mayoría de los miembros del Directorio fueron nombrados por Rosselló Nevares, por lo que se presume que podrían defender al mandatario en sus intenciones de permanecer como inquilino de La Fortaleza.

Rosselló anticipó, días atrás, su intención de convocar al Directorio del PNP, pero no precisó la fecha ni el lugar.

Múltiples líderes de la colectividad, entre legisladores y alcaldes, han reiterado que la única salida a la crisis política es la renuncia del mandatario, a quien le falta un año y medio para completar su término. Inicialmente, el mandatario informó al liderato penepé que no se iría del puesto y que tenía la intención de permanecer como presidente del PNP y como candidato a la reelección.

Tras una semana de intensas protestas, el gobernador ponía sobre la mesa su salida de la presidencia del PNP y su candidatura a cambio de permanecer en el Palacio de Santa Catalina, según fuentes.

Pero esa ventana ya se cerró… ahora lo que queda es la renuncia o el residenciamiento”, dijo una de las fuentes.

De hecho, algunos le han propuesto al gobernador que se concentre en negociar un indulto una vez renuncie a su cargo, de acuerdo con las fuentes. De este modo, evitaría ser procesado criminalmente cuando pierda el control del aparato de justicia criminal local. “Y esa ventana también ya se le está cerrando”, sostuvo.

“Él no se esperaba que la idea del residenciamiento cogiera vuelo”, dijo otra fuente a este diario.

El pasado 13 de julio, se conoció parte del contenido de un polémico chat en la aplicación Telegram encabezado por el gobernador y 11 de sus colaboradores más íntimos, en el que se discutían asuntos de política pública y partidistas, y en el que se ordenaba dañar la reputación y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales. En las 889 páginas abundaban también las burlas e insultos machistas y homofóbicos, y comentarios insensibles y mofas sobre la muerte de figuras como Carlos Gallisá y Marta Font, al igual que sobre la crisis del manejo de cuerpos en Ciencias Forenses.

El chat está compuesto por 12 hombres. Además de Rosselló, están los asesores en comunicaciones del gobernador Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; su exasesor legal Alfonso Orona; el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda; el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Ramón Rosario; el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín; el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado; el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez; y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira.

El escándalo del chat se suma a los sucesos del 10 de julio, día en que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) también arrestó a seis allegados a la administración de Rosselló Nevares, incluyendo a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, a la exadministradora de Seguros de Salud Ángela Ávila y al exasesor Alberto Velázquez Piñol.

Ayer, el subsecretario general del PNP, José Torres Zamora, explicó que todavía no había una agenda a discutir para el Directorio del partido. Dijo que espera por Rosselló Nevares para divulgar los temas y divulgarlos a los miembros de este grupo rector del PNP.

“Lo que hemos recibido es la intención de convocar del gobernador. Estamos trabajando para ver cuándo y dónde se realizará”, dijo.

Tres fuentes aseguraron, no obstante, que la Cámara de Representantes ya tiene los votos necesarios para proceder con una investigación y una posterior acusación formal contra el gobernador conducente a un residenciamiento.


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