El contrato de $16.9 millones para revivir el programa Tus Valores Cuentan está al centro de una de las investigaciones en contra de Educación. (horizontal-x3)
El contrato de $16.9 millones para revivir el programa Tus Valores Cuentan está al centro de una de las investigaciones en contra de Educación. (Xavier J. Araújo Berríos)

La guerra de poder que se desarrolló los pasados dos años en el Departamento de Educación por el reclutamiento de asesores externos con funciones similares a los empleados de confianza, así como los cambios que se implementaron en los procesos de contratación fueron dos de los detonantes de las investigaciones en curso en contra de la exsecretaria de la agencia Julia Keleher.

El Nuevo Día supo que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ya ha entrevistado de tres a cinco funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de la agencia. La fuente sostuvo que las autoridades federales indagan sobre “el mal manejo de fondos federales, la venta de influencias y favorecer a compañías en la adjudicación de fondos”.

La semana pasada, se dio a conocer que Keleher está siendo investigada por las autoridades federales por presuntas irregularidades mientras estuvo al frente de la agencia, cargo que dejó el 2 de abril.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, indicó que ha referido a La Fortaleza señalamientos serios que han sido denunciados ante miembros de la Asamblea Legislativa.

Una fuente con conocimiento de las operaciones en Educación indicó a El Nuevo Día que la creación de una estructura externa, paralela al sistema organizativo de la agencia, creó malestar y desconfianza entre algunos funcionarios en puestos clave bajo la jefatura de Keleher, y propició que varios dejaran sus cargos.

(Keleher) empezó a establecer una estructura paralela, externa… (Contrataron a) personas sin experiencia en el área, y empezó a crear malestar (entre los empleados de la agencia el) sentir que había que rendirles cuentas”, dijo la fuente a este diario, bajo condición de anonimato.

Dos personas detallaron que algunos de esos asesores llegaron a Educación a través de la firma BDO, empresa que desde el 2018 ha tenido dos contratos con la agencia, los cuales -al sumar múltiples enmiendas que se le realizaron- ascienden a $15.8 millones, de acuerdo a los datos disponibles en el registro electrónico de la Oficina del Contralor.

Esos asesores -entre los que hubo personas que laboraron previamente con Keleher- llegaron a Educación debido a la desconfianza de la exsecretaria hacia el personal de carrera de la agencia y la práctica de funcionarios electos de solicitar nombramientos de allegados en puestos clave, señaló otra fuente.

La exsecretaria dio paso a cambios sustanciales en los procesos de contratación de Educación, lo que incluso conllevó la creación de una Oficina de Contratos que quitó de manos de algunas divisiones las autorizaciones de compras.

De este modo, ciertos secretarios auxiliares ya no pueden firmar los contratos que anteriormente autorizaban. Por ejemplo, actualmente todos los contratos de subvenciones de fondos federales que se adjudican mediante competencia (subastas) son autorizados por la secretaria auxiliar de Asuntos Federales. El cargo actualmente es ocupado por la abogada Yanín Dieppa Perea, quien llegó al puesto en 2017 tras la salida de la anterior secretaria auxiliar, Laura E. Costa Rivera.

La renuncia de Costa Rivera hace año y medio, así como la del ex secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica (EOT) Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, hace un mes, provocaron el malestar de personas tanto dentro de Educación como en las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP), según fuentes involucradas en el corazón de la controversia.

Tanto Costa Rivera como Sánchez Álvarez han sido entrevistados por el FBI, supo este diario. El Nuevo Día solicitó una reacción de ambos exfuncionarios, pero no fue posible obtenerla.

El despido

El proceder de Keleher, incluyendo cambios en los procesos de facturación, despidos de personas allegadas a figuras de poder en el país, el no otorgar contratos a “amigos de la casa” y la contratación de recursos externos con altas compensaciones crearon molestias en figuras que se han volcado en contra de una de las secretarias más polémicas que ha tenido Educación en este siglo.

Aunque las salidas de Laura Costa Rivera y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez fueron identificadas por informantes como las principales causas del malestar, estos no fueron los únicos cambios de alto nivel de la agencia.

Durante los últimos dos años, renunciaron, por lo menos, un secretario auxiliar de Administración, un secretario auxiliar de Asuntos Académicos, una secretaria auxiliar de Educación Montessori, un director de la Oficina de Recursos Humanos y dos directores de División Legal.

En el caso de Costa Rivera, esta ofreció servicios legales al Departamento de Educación previo a que la administración de Ricardo Roselló Nevares entrara en funciones.

"Protegida de Elías Sánchez"

Bajo la administración de Alejandro García Padilla, Costa Rivera servía a Educación a través del bufete Wolf Popper, en el cual también laboró Elías Sánchez Sifonte, quien fuera director de campaña del actual mandatario.

Sánchez Sifonte fue instrumental en lograr que Keleher accediera al puesto de secretaria de Educación en 2016, supo este diario.

Una fuente dentro de Educación describió a Laura Costa Rivera como “una protegida de Elías (Sánchez)”. La exfuncionaria participó en la elaboración del Plan para Puerto Rico y su nombre figuró en la lista del controvertible chat de WhatsApp que le costó el puesto a seis funcionarios de gobierno debido a que se discutieron temas de política partidista con el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Rafael Ramos Sáenz cuando este era juez municipal de Moca.

En el 2017, Costa Rivera entró a Educación con un salario que rondaba los $100,000. Como secretaria auxiliar de Asuntos Federales, la abogada trabajó el contrato de $16.9 millones con la entidad Josephson Institute of Ethics para revivir el programa Tus Valores Cuentan en las escuelas públicas bajo el nombre ¡Desarrollando Carácter!.

Tras la polémica inicial que generó el alto costo de ese acuerdo, la entonces secretaria ordenó su cancelación en mayo de 2018. Cuando el presidente de la firma, Michael Josephson, solicitó públicamente en enero pasado que la agencia le pagara $8.4 millones por los servicios ofrecidos, Educación informó que una auditoría realizada en octubre de 2018 había detectado irregularidades en el acuerdo.

Costa Rivera salió de Educación en agosto de 2017, y el contrato con The Josephson Institute se firmó en diciembre de ese año, pero el presidente de la empresa ha reconocido que este se negoció durante varios meses.

Según una fuente, Keleher le indicó a Laura Costa Rivera que tenía que establecer mecanismos de control, ya que la extitular de Educación estaba preocupada, pues los procesos de facturación de la agencia le permitían a los contratistas facturar sin límite.

No obstante, otra fuente señaló que los roces entre Julia Keleher y Costa Rivera giraron en torno a las instrucciones de la exsecretaria para que se favorecieran a ciertas entidades o personas en el otorgamiento de contratos.

Laura tuvo mucho problema con Julia porque no eran compatibles. Julia termina botándola”, expresó la fuente. Otro informante detalló que Costa Rivera le pidió a Keleher que la dejara renunciar.

Yanín Dieppa Perea presuntamente identificó los problemas en el contrato con The Josephson Institute, validó que los procesos de contratación eran defectuosos, ya que no habían sido atemperados desde el 2005. Dieppa Perea propuso un nuevo procedimiento para facturar y transformó procesos con el aval de Keleher, expresó una fuente.

Cuestionan contratos

Asimismo, el ex secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, tuvo varios choques con Keleher luego que la exsecretaria intentara darle un contrato a Danielle Mezera, una experta en planificación estratégica y propuestas federales de educación pública que dirigió el Departamento de Educación de Tenesí y este se negara.

Otra fuente aseguró a este medio que Keleher despidió a Sánchez Álvarez luego que este le reclamara porque se otorgaron dos contratos sin su firma ni su consentimiento, los cuales se sufragarían con fondos federales de su oficina.

Bajo los protocolos establecidos por Keleher, la firma del secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica no necesariamente tenía que aparecer en los documentos de Educación.

Las denuncias de Sánchez Álvarez se dieron a causa de los contratos con las firmas de consultoría EDN Consulting Group LLC, y Brustein & Manasevit, por las sumas de $110,000 y $180,000, respectivamente. Estos contratos serían sufragados con fondos de la subvención federal Carl D. Perkins. En la notificación federal obtenida por El Nuevo Día, el secretario auxiliar aparece como recipiente de la subvención, y como tal, la figura autorizada para emitir el desembolso de esos fondos.

Héctor Joaquín Sánchez Álvarez además denunció la alteración de, al menos, dos documentos oficiales, detalló la fuente. En específico, en un documento conocido como “certificación para obligar fondos para contratar servicios profesionales y consultivos”, que se tramita en la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, debe aparecer un encasillado en el que se incluye la firma del director o coordinador del programa autorizando los contratos.

Sin embargo, en los dos documentos obtenidos por El Nuevo Día, ese encasillado no aparece. Las dos certificaciones fueron firmadas el mismo día, 19 de julio de 2018, por Sylvia Batiz Torres, coordinadora del componente fiscal, y por Yanín Dieppa Perea.

Más allá de los contratos, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez recibió varias querellas laborales por manejo inapropiado de situaciones con empleados de Educación, coincidieron dos fuentes de la agencia. Una de estas precisó que el subsecretario asociado de Educación, Eligio Hernández, se reunió el año pasado con Sánchez Álvarez para atender los señalamientos.

Ayer, Eligio Hernández, subsecretario asociado de Educación, se limitó a señalar en declaraciones escritas que “hubo reuniones con el señor Sánchez, como de ordinario, relacionadas al puesto que ocupaba”. “En la División Legal no hay querellas, de ningún tipo, contra el señor Sánchez”, añadió.


💬Ver 0 comentarios