El proyecto de la autoría de la senadora Zoe Laboy ni siquiera fue a votación en la Cámara. (GFR Media) (semisquare-x3)
El proyecto de la autoría de la senadora Zoe Laboy ni siquiera fue a votación en la Cámara. (GFR Media)

Dos de los senadores autores del proyecto que prohíbe las terapias de conversión en menores de edad lamentaron hoy que el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) de la Cámara de Representantes decidiera no llevar a votación la medida legislativa.  

Me entristece…la importancia de este proyecto ameritaba unas vistas públicas. De hecho, les notifiqué que había personas dispuesta a ser deponentes. Respeto la determinación del caucus, pero no estoy de acuerdo”, expresó la senadora Zoé Laboy.

La terapia de conversión sexual, también conocida como terapia de reorientación sexual, incluye métodos no aceptados por las ciencias de la salud enfocados al cambio de la orientación sexual de homosexuales y bisexuales. Para ello, según surgió durante la vista pública del Senado celebrada en agosto del año pasado, utilizan descargas eléctricas, drogas que inducen al vómito, aversión a la sexualidad y métodos “apoyados exclusivamente en fundamentos cristianos y espirituales”.

El portavoz de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, confirmó ayer la determinación de la delegación de la Palma y sostuvo que la misma estuvo basada en la falta de estadísticas que sustenten la prohibición de las terapias de conversión. Alegó, además, que la senadora no tuvo respuestas a algunas de sus preguntas que le hicieran tras hacerle una presentación de la medida hoy al mediodía. 

Nos dio muy pocas respuestas y después el caucus determinó no aprobar el proyecto y se le hará un informe negativo por decisión del caucus”, señaló Rodríguez Aguiló. 

“Al tener esa falta de información lo que se determinó es un informe negativo y hasta ahí va a llegar la medida”, agregó el portavoz cameral.

Laboy sostuvo que se trata de un tema que apenas se está comenzando a discutir públicamente en el país y de ahí la carencia de estadísticas. No obstante, señaló que les presentó a los representantes las posiciones de la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología, así como estudios, que establecen que las terapias de conversión no cambian la orientación sexual de la persona, pero sí impactan negativamente su salud al punto que aumentan los deseos suicidas.

“No sería la primera vez que legislamos sin tener estadísticas específicas. Este tema se está empezando a dialogar… pero, aunque no hay estadísticas, hay personas que han sido víctimas de estas terapias y por eso pedí que hicieran vistas públicas”, insistió Laboy. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la homosexualidad, en ninguna de sus manifestaciones individuales, es un trastorno o enfermedad y, por eso, no requiere cura.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, se refirió al argumento de falta de estadísticas como uno “sin contenido”. “Basta con una sola persona que haya sido sometida a terapias de conversión para que se apruebe esta legislación. No tiene nombre el que la Cámara haya decidido no llevarlo a votación. Deben llevarlo a votación y que queden retratados los legisladores que creen en eso (las terapias de conversión)”, planteó Dalmau.

Junto a Dalmau y Laboy aparecen como autores de la medida los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) Miguel Pereira y Eduardo Bhatia.

“Desde que se aprobó en el Senado el Proyecto del Senado 1000, ya la Cámara lo tenía leído. Aquellos que han cambiado el escaño por un pulpito por alguna razón extraña piensan que este tipo de legislación atenta contra su visión religiosa. Esto lo que busca es proteger los derechos humanos de personas que son sometidas a las terapias de conversión”, señaló Dalmau que recordó que la eliminación de las terapias de conversión es parte del compromiso programático de la administración de Ricardo Rosselló. 

Precisamente, durante la discusión del Proyecto del Senado 950 que limita el derecho al aborto a las menores de edad, grupos feministas a favor de los derechos reproductivos de la mujer reclamaron que la medida de la senadora penepé Nayda Venegas no contenía estadísticas que reflejaran que en el país había un problema de seguridad pública en las clínicas de terminación de embarazos que requirieran unas regulaciones adicionales.

Sobre el tema del aborto ya la Cámara tomó su posición y sobre ese tema hay muchísima información… hay jurisprudencia, hay un sinnúmero de estudios, hay estadísticas, eso es incuestionable, a diferencia del tema de este tipo de terapias que se alegan podrían utilizarse en Puerto Rico, porque no se presentó nada, no hay información…por eso se tomó esa decisión en particular”, señaló Rodríguez Aguiló.


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