Hemiciclo del Senado- (GFR Media)

La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado se dispone a llevar mañana, lunes, a votación el proyecto que establecería un nuevo Código Civil, en medio de críticas de diversos sectores porque no se ha discutido públicamente la versión final de la medida y porque una pieza de esa envergadura será considerada en medio de la emergencia provocada por el coronavirus.

La versión del proyecto de ley que incluye múltiples enmiendas aún no ha sido discutida por el caucus del PNP. El senador novoprogresista Héctor Martínez indicó ayer que esa discusión en caucus ocurriría igualmente mañana, lunes.

El Senado no celebró vistas públicas para discutir la medida y no fue hasta la semana pasada que reveló electrónicamente las enmiendas propuestas por el Ejecutivo al proyecto de ley.

“Luego de 20 años y tanto análisis, estudios y fondos públicos invertidos, solo resta que se apruebe la medida que aprobó la Cámara con las enmiendas sugeridas por el Senado”, argumentó Martínez, presidente de la Comisión senatorial de Nombramientos.

Ante las críticas de que la medida se atiende sin ningún tipo de discusión pública, Martínez sostuvo que la Cámara de Representantes celebró 13 vistas públicas y que el Senado colocó en noviembre el borrador del proyecto con las enmiendas en su página electrónica para que las personas tuvieran acceso al documento, y emitieran sus preocupaciones o recomendaciones. Solo se recibieron seis comunicaciones, dijo.

“Ha sido elaborado por profesionales de derecho y asesores de las tres escuelas de derecho. Este Código Civil tiene casi 90 años, más que la Constitución del Estado Libre Asociado”, planteó.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, sostuvo que la falta de vistas públicas derrota el propósito de una alta participación y discusión. Denunció que la versión de la Cámara ha sufrido cambios, y los senadores no han podido aclarar sus preocupaciones.

“Los proyectos más controvertibles y excluyentes son los que han decidido que son los quieren traer e imponer a la trágala… Procesalmente, genera grandes sospechas e incertidumbre, y cuando lees lo sustantivo, ves que las sospechas se validan con un lenguaje prehistórico”, expuso.

Expresó especial preocupación con el libro de Familia, uno de los seis que componen el Código Civil, que entiende ratifica prejuicios y adopta lenguaje excluyente que menoscaba derechos para tratar a todos los seres humanos con la misma dignidad.

“Ese tratamiento en las penumbras de un Código que rige el derecho de personas, la familia, propiedad, contratos y sucesiones; ese tratamiento en penumbras impide que uno pueda sentirse que puede apoyarlos”, aseveró Dalmau Ramírez.

Para el senador popular Cirilo Tirado, la ausencia de vistas públicas constituye un problema medular a la hora de evaluar la pieza legislativa. “Hace más de 20 años que se está tratando de enmendar el Código Civil, y tratar de aprobarlo a la ligera no es lo correcto. Si hasta ahora el Código no ha creado mucha controversia, sí hay que cambiarlo y renovarlo; tampoco es para hacerlo a la ligera y tampoco regresando al pasado, que es lo que pretenden hacer con este Código Civil”, señaló.

Insistió en que, en el proceso de análisis, no se abrieron los canales de comunicación con los diversos sectores que debieron ser escuchados.

Amplias reservas

A pesar de las dos décadas de discusiones, el propuesto Código Civil carece de aspectos esenciales para garantizar, no solo los derechos de sectores vulnerables, sino que el documento respete e integre la jurisprudencia aprobada por los tribunales, sostuvo el licenciado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

“Me parece mezquino utilizar esta coyuntura para traer a discusión un código que, a pesar de las enmiendas publicadas, seguimos teniendo preocupaciones”, subrayó.

Una de esas preocupaciones, precisó, es la definición que otorga el documento al no nacido. El Código vigente reconoce cierta personalidad jurídica al nasciturus en el derecho sucesorio. En esta propuesta, se reafirma en reconocer al nasciturus la condición de persona en todo aquello “que le sea favorable”, siempre que nazca con vida

“Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Los derechos reconocidos al concebido durante la gestación son irrevocables si nace con vida”, lee el documento.

Burgos destacó que, aunque no se reconoce una personalidad jurídica completa, el lenguaje es tan ambiguo que provocará una oleada de litigios. “Es un lenguaje con el cual han tratado de convencer a todo el mundo, pero es un lenguaje peligrosísimo”, advirtió.

El abogado condenó que el proyecto obligue a las personas transgénero a acudir a los tribunales para que sean estas instituciones las que determinen si pueden hacer un cambio de sexo o no, lo que es contrario a la decisión de la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo que, en 2018, resolvió que el Registro Demográfico fuera el ente encargado del cambio de género.

“El tribunal puede, mediante sentencia, autorizar al registrador a realizar una anotación al margen de la inscripción original del sexo de la persona cuando proceda una enmienda debido al cambio o modificación posterior del sexo de nacimiento. En estos casos, sin embargo, no se autorizará la sustitución del hecho histórico, vital, del sexo de nacimiento”, establece el proyecto de ley.

No obstante, la autoridad judicial podrá ordenar que se sustituya el sexo de nacimiento en su origen en las actas del Registro Demográfico en aquellas instancias en que peritos médicos determinen la ambigüedad en torno al sexo asignado al nacer y ese hecho conste inscrito en las actas del Registro Demográfico.

Otro aspecto que preocupa sobre la medida es que, a pesar de que se reconocen las uniones de hecho para la adopción, el proyecto no establece una normativa para atender los problemas jurídicos que este tipo de uniones genera. “Esas relaciones generan bienes, deudas, compromisos entre sí, hijos e hijas, compran propiedades, generan cuestiones económicas y, entonces, no está regulado por el Código Civil cómo se van a manejar las uniones de hecho a pesar de que tienen un reconocimiento para la adopción”, expuso.

La definición de “matrimonio”, por su parte, aunque da la apariencia de ser inclusiva, en realidad se aparta de esa noción, argumentó Burgos. La medida establece que el matrimonio es entre dos personas naturales. “Por qué no ponen independientemente del sexo o la identidad de género de los componentes de la relación. Eso ayudaría a que no hubiera margen de interpretación”, propuso Burgos.

Recordó que una definición similar fue incluida en la versión original de la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54) con la apariencia de ser abarcadora, pero cuando el Tribunal Supremo la interpretó, determinó que solo aplicaba a parejas heterosexuales.

Agregó que, tanto la propuesta incluida en el Código Civil para la definición del no nacido y el “matrimonio” prepara el escenario por si, en un futuro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determina delegar esos asuntos a los estados o territorios. “Si eso pasa, volvemos al 1972, en términos del aborto, y al 2015, en términos del matrimonio igualitario”, señaló.

Burgos abordó el tema también de la filiación, el cual -según propuesto- “no estimula la figura de filiación legal cuando la relación es del mismo sexo”. “Eso de hablar de mujer es la que pare, eso es un problema”, subrayó el también expresidente de la Comisión de Derechos Civiles.

“El Código se tiene que contemplar como un mecanismo de cara al futuro, y este Código regresa al pasado”, puntualizó.


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