La empleada alega que fue acosada y que el Senado no actuó al respecto. (GFR Media)

El Senado dejó en manos de cuatro abogados del bufete Aldarondo & López Bras su defensa en la demanda civil por $2 millones presentada por una exempleada, quien alega que fue víctima de un patrón de hostigamiento sexual y laboral cuando era parte de la oficina del senador Eric Correa, quien milita en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Este bufete representó a la Cámara Alta en el pasado, como en el pleito que entablaron en el 2018 contra la Junta de Supervisión Fiscal en defensa de la facultad constitucional legislativa de aprobar el presupuesto del país. Los cuerpos legislativos perdieron el caso.

Solo este cuatrienio, el Senado y el bufete han acordado contratos ascendentes a $1.9 millones, aunque esta cifra representa el tope que han facturado. La firma legal también tuvo contratos con el Senado durante la primera presidencia de Thomas Rivera Schatz entre el 2009 y el 2012, cuando estos convenios tuvieron un tope acumulado de $642,000.

Los abogados de récord para el caso de la demanda son David Rodríguez Burns, Sheila Torres Delgado, Eliezer Aldarondo Ortiz y Claudio Aliff. Rodríguez Burns y Aliff defendieron al municipio de Guaynabo en la demanda presentada por la exempleda Inés María Jesús Iravedra, quien acusó a la administración del exalcalde Héctor O’Neill de permitir un patrón de acoso sexual y laboral contra ella.

La demanda contra el Senado fue presentada el 13 de enero, pero el Senado no fue emplazado hasta el 31 del mismo mes, según el registro de casos del Tribunal Federal. La mujer sostiene que quien ejecutó el patrón de acoso lo fue el exdirector de la oficina, Héctor Figueroa Lugo.

Figueroa Lugo ya no trabaja en el Senado y la fémina fue trasladada de la oficina de Correa y reubicada en otro lugar del cuerpo legislativo.

Ni Correa, quien aspira a convertirse en el nuevo alcalde de Trujillo Alto, ni Rivera Schatz han accedido a comentar sobre el caso.


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