La Coalición de Deuda Constitucional Legítima hizo la petición a la jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Coalición de Deuda Constitucional Legítima hizo la petición a la jueza Laura Taylor Swain. (GFR Media)

La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL) pidió este jueves a la jueza Laura Taylor Swain que eche a un lado la petición del Grupo de Bonistas Constitucionales (Ad Hoc-GO) que busca frenar los reclamos de ilegalidad planteados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC), pero al mismo tiempo, argumentó que un análisis textual de la carta magna puertorriqueña dejará a la luz que, en definitiva, Puerto Rico emitió deuda en contra de lo permitido por la Constitución.

En dos recursos separados, la CDCL -grupo que acoge a bonistas de GOs y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) emitidos antes del 2012, indicó a Swain que la AEP es una entidad legítima del gobierno de Puerto Rico, pero advirtió a la jueza que preside los casos de Título III que si el gobierno central emitió deuda entre los años 2012 al 2014, lo hizo porque excluyó de los cálculos requeridos por la Constitución, las obligaciones de renta que el gobierno tenía con la AEP.

“Bajo el simple lenguaje de la Constitución de Puerto Rico, dado que el gobierno central garantiza los bonos de la AEP, los pagos del gobierno para intereses y principal de los bonos de la AEP en el año fiscal previo debieron haber sido incluidos para determinar el límite constitucional”, reza el argumento del CDCL ante Swain.

La CDCL se constituyó hace poco más de un mes con el propósito de llegar a un acuerdo con la JSF que permita renegociar las obligaciones legítimas que haya contraído Puerto Rico, lo que a su vez, facilitaría la implementación de un plan de ajuste para el gobierno central.

El planteamiento del CDCL constituye un desarrollo que pudiera ser clave en el proceso para invalidar parte de la deuda que persigue la JSF y el UCC, pero por razones distintas.

El año pasado, en una movida sorpresiva, el UCC y la JSF radicaron una moción ante Swain para que ese foro estableciera que la AEP fue un artificio financiero que utilizó el gobierno para acceder a capital. En síntesis, el UCC y la JSF plantean que el gobierno creó un mecanismo para alquilarse a sí mismo propiedades que le pertenecían y que la creación de ese vehículo de pago identificado como renta, sirvió para emitir deuda en el mercado municipal. Luego de ese recurso, en enero pasado, la JSF y el UCC volvieron a la carga pidiendo al tribunal que invalide tres emisiones de bonos GOs en el 2012 y la emisión de $3,500 millones que se vendió en el 2014.

El CDCL discrepa del UCC y de la JSF en torno al carácter legítimo de la AEP, pero coincide con el organismo federal al plantear que la deuda de esa corporación pública debió contabilizarse a la hora de determinar cuánta capacidad de pago le quedaba a Puerto Rico, lo que parece no haber ocurrido, según el recurso ante Swain.

Si los planteamientos del CDCL fueran correctos, la corte tendría que determinar si en efecto son ilegítimos cerca de $6,233 millones en GOs, unos $583 millones en bonos de la AEP y otros $311.7 millones de deuda garantizada por el gobierno vinculada con el Puerto de las Américas y ciertos bonos de anticipación (BANs, en inglés) emitidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

“El fracaso del gobierno central en cumplir con el mandato constitucional resultó en la emisión de aproximadamente $6,700 millones en bonos GOs con la supuesta fe y crédito (del gobierno) así como garantías en (los años) 2012 y 2014 que violaron expresamente los términos del límite de deuda constitucional”, reza el recurso radicado por los bufetes Reichard & Escalera y Quin Emanuel Urquhart & Sullivan.


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