De acuerdo con el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, el organismo fiscal trabajaría en un plan de ajuste para la ACT que sería separado del plan de pago propuesto para el gobierno central. (GFR Media)

Casi tres años después del pedido para acogerse a la bancarrota, la Junta de SupervisiónFiscal (JSF) todavía no ha trabajado en un plan de ajuste para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), según reveló el organismo fiscal y criticaron al menos dos aseguradoras municipales que respaldan tales créditos, durante la audiencia general de los casos de Título III.

De acuerdo con el abogado de la JSF y socio principal de Proskauer Rose, Martin Bienenstock, el organismo fiscal trabajaría en un plan de ajuste para la ACT que sería separado del plan de pago propuesto para el gobierno central.

En tanto, la JSF -al parecer- pondera solicitar la protección del Título III de Promesa para la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

La revelación de Bienenstock en torno a un plan separado para la ACT y la AFI surgió durante la audiencia general de marzo, cuando el abogado pareció explicar que la partida que se ha identificado en el plan de ajuste (POA, en inglés) enmendado del gobierno central para atender la deuda de la ACT, ciertos bonos de la AFI y la deuda de la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) sería para atender las reclamaciones de los acreedores de esas entidades contra el gobierno central, si alguna.

Bienenstock hizo sus planteamientos durante la audiencia general de marzo donde logró con éxito que la jueza Laura Taylor Swain fijara para el próximo 3 de junio, discutir los méritos de la declaración informativa del POA del gobierno central.

Allí, Bienenstock sostuvo que la JSF no ha buscado forzar un recorte, es decir un “cram down” en deudas no aseguradas y que están sujetas a la cláusula de retención o “clawback” por parte del gobierno central. Acto seguido, Bienenstock sostuvo que la deuda de AFI “todavía” no estaba bajo la protección del Título III y que la JSF tampoco tenía “todavía” el plan de la ACT.

Una propuesta “insultante”

Según el POA enmendado, el gobierno ha separado alrededor de 3 centavos de cada dólar disponible en su sobrante presupuestario para pagar unos $16,000 millones en deudas generales no aseguradas. En ese grupo de acreencias figura la deuda de la ACT, AFI y ADC, una propuesta que, de entrada, levantó la oposición del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), de acreedores como el Centro de Salud de la Montaña y de las aseguradoras municipales Assured Guaranty y Ambac Assurance.

“Es insultante”, dijo Luc A. Despins, abogado del UCC y socio de la firma Paul Hastings al plantear a la jueza Laura Taylor Swain que la propuesta de la JSF ahora favorecía con una recuperación inaceptable la deuda que antes creía inválida.

De acuerdo con Despins, en lugar de que la JSF mantuviera su posición y procura invalidar la deuda emitida en exceso de lo permitido por la Constitución, el organismo fiscal, en realidad, pagará unos 94 centavos a los dueños de la emisión de $3,500 millones en Obligaciones Generales (GOs en inglés) emitida en el 2014 y que se clasificó como chatarra.

Según Despins, socio de Paul Hastings, a la hora de computar la recuperación de los bonistas, se “infló” el valor de esos bonos al incluir el descuento que se otorgó al momento de que Puerto Rico emitiera dicha deuda, y por ende, la recuperación final para esos bonistas sería mayor que lo alegado en el POA.

En el lado opuesto y aunque los bonistas que suscribieron el acuerdo con la JSF también poseen acreencias no aseguradas, dijo Despins, se ofrece pagar a sus clientes -entre ellos, contratistas y suplidores del gobierno- y a los tenedores de bonos de la ACT, AFI y ADC, alrededor de tres centavos de dólar, lo que sería equivalente a un recorte de 98%.

Los bonistas que suscribieron el acuerdo con la JSF verían en el agregado un recorte de 27 centavos de dólar.

De igual forma, de acuerdo con Despins, los bonistas de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) no solo se distribuyeron entre ellos, la capacidad de pago disponible sino que limitaron lo pudiera pagarse en el resto de las acreencias. Ello, porque el POA establece una cantidad máxima de bonos a emitirse y que serían parte del repago que recibirían los acreedores en ese grupo.

“El hecho de que los mediadores decidieran no incluirnos (en las negociaciones), no cambia el acuerdo (del UCC) con la Junta. Ellos no son los fiduciarios”, sostuvo Despins al agregar que mientras la JSF busca desistir de los litigios para invalidar parte de la deuda, ellos buscarán dar continuidad a los casos en curso.

Ausentes de la mediación

Las críticas al POA enmendado fueron la orden del día en la audiencia general de marzo, donde el abogado de Assured Guaranty, Mark Ellenberg y otros colegas, establecieron que las aseguradoras municipales no son acreedores subordinados del gobierno como alegó Susheel Kirpalani -abogado de la Coalición de Deuda Legítima (CDL)- al defender el pacto con la JSF.

Igual sentimiento, aunque sin éxito, expresó el bonista individual Peter C. Hein, quien insistió en que un proceso de mediación sin la participación de bonistas individuales no era cónsono con sus derechos como acreedor.

En el proceso de mediación, fue la jueza presidenta de ese grupo de trabajo -Barbara Houser- quien habría decidido qué partes de los casos de Título III entrarían a negociar confidencialmente y en qué momento.

En ese sentido, Ellenberg sostuvo que no ha habido ningún esfuerzo de negociación para llegar a un entendido en el caso de la ACT y criticó al Equipo de Mediación por buscar un acuerdo con los bonistas GOs y dejar a las aseguradoras fuera de las negociaciones, argumento que Bienenstock rechazó haciendo referencia a una reunión en las oficinas de Proskauer en la que habrían participado aseguradores municipales y de la que no pudo ofrecer detalles porque la jueza Swain le recordó no hacerlo.

Ellenberg, quien destacó que las aseguradoras respaldan y poseen bonos de Puerto Rico, son los únicos acreedores -y no los fondos de cobertura de riesgo, muchos catalogados como fondos “buitres” que pactaron con la JSF- que en realidad poseen un compromiso de largo plazo con el desarrollo económico de la isla.

“Nosotros somos los que vamos a continuar aquí”, dijo Ellenberg en referencia a Assured, Ambac, National Public Finance y Financial Public Guaranty.

Ellenberg, quien hace un año favoreció el acuerdo pactado en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), sostuvo que la instancia de la JSF en aprobar el POA enmendado solo alargaría el proceso de reestructuración porque el plan de pago no era confirmable, según se presentó.

“No creemos que este plan esté en los mejores intereses de Puerto Rico”, dijo Ellenberg.

En su decisión, Swain planteó que los méritos del POA se discutirían cuando se analizar la razonabilidad del plan de pago propuesto.


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