Un proyecto de ley que busca facultar a los trabajadores sociales escolares a radicar querellas en la Policía cuando identifiquen o sospechen de la existencia de un patrón de maltrato o negligencia, recibió el rechazo del Colegio de Trabajadores Sociales a través de su presidente, el profesor Larry Emil Alicea.
Por su parte, representantes del Departamento de Educación también mostraron reservas por la medida por entender que el protocolo vigente, establecido en la carta circular 11-2015-2016, atiende la preocupación plasmada en el Proyecto de la Cámara 873.
Alicea estableció que alterar el proceso establecido y la responsabilidad de los trabajadores sociales del Departamento de la Familia, no solo representaría un retraso en la agilidad y efectividad del proceso sino que podría obviar unos pasos que en escenarios como éste resultan medulares.
Aunque Alicea no cuestiona el deber ético y la obligación legal de identificar y reportar toda situación donde se sospeche que un menor está siendo víctima de algún tipo de maltrato, establecido en la exposición de motivos de la medida, la manera en que el Proyecto de la Cámara 873 quiere atender este tipo de situaciones no es la adecuada.
La estadística más reciente del Departamento de la Familia, que data del 2013, reveló que la agencia recibió 34,376 referidos de maltrato de menores para esa fecha, de los cuales un 15 % se fundamentó luego de la debida investigación. Se realizaron aproximadamente 38 referidos de posible maltrato por cada mil menores residiendo en Puerto Rico. De estos, un 5 % fue por abuso sexual intrafamiliar.
De ser aprobada tal y como está redactada, la medida no solo exige que los trabajadores sociales escolares radiquen las querellas correspondientes ante la Policía, sino que tendrían que atender los casos cuando se presenten ante un Tribunal, responsabilidad que no pueden tomarse a la ligera, alertó Alicea.
Señaló, igualmente, que la medida no consideran los aspectos sociales, psicológicos y las complejidades que involucran las situaciones de maltrato. Igualmente, implicaría tareas adicionales a los trabajadores sociales que podrían conllevar el descuido de sus funciones en las escuelas. A esto se suma la exposición a riesgos que podrían atentar contra su seguridad física.
“Las escuelas necesitan personal presente y activo para atender las situaciones que diariamente se presentan. Las trabajadoras sociales escolares no pueden abandonar su escenario de trabajo ya que dejarían al resto de la comunidad escolar desprovista”, destacó Alicea.
La recomendación de Alicea ante los miembros de la Comisión de Turismo y Bienestar Social es que sea el personal del Departamento de Familia quienes sigan siendo los responsables de radicar las querellas necesarias. Según el Profesor, los trabajadores sociales destacados en esta agencia tiene las competencias y el conocimiento especializado en el manejo de situaciones como estas, conocimiento que no, necesariamente, tienen los miembros de la Policía de Puerto Rico.
Por su parte, la directora del programa de trabajadores sociales de Educación, Inés Rivera, explicó que la carta circular 11-2015-2016 de la agencia ya establece un protocolo para atender de forma efectiva y coordinada este tipo de situación. El documento, dijo, establece los pasos que debe seguir todo trabajador social de la dependencia en el manejo de situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional, proceso que incluye una comunicación mano a mano con personal de Familia.
La carta también dispone que el director de la escuela, los maestros, el trabajador social escolar y el profesional de la conducta y salud, podrá ejercer custodia de emergencia sin el consentimiento de del padre, madre o tutor del menor que se cree es víctima de algún tipo de maltrato. “Por lo antes expuesto, se recomienda, respetuosamente, trabajar con los protocolos y disposiciones de la Ley 246 y los establecidos internamente en las agencias pertinentes”, lee la ponencia firmada por la secretaria de Educación, Julia Keleher.
Alicea también participó del análisis del Proyecto de la Cámara 850, dirigido a establecer programas de desvíos a los fines de reeducar y readiestrar a primeros ofensores que incurren en conducta maltratante o negligente contra menores.
Al respecto expresó que, aunque el Colegio promueve como primera alternativa la reunificación familiar, hay algunas áreas donde la legislación puede ser más específica para asegurar la integridad de ese menor. “Nuestros niños y niñas merecen vivir en un hogar libre de maltrato, y es en este contexto que entendemos que la ley debe ser más específica. En la medida no se indica qué tipo y cómo se implementarán los programas de reeducación o readiestramiento que se impartirán a los ofensores. Tampoco expresa qué ocurrirá con el menor de edad durante el tiempo que el padre, madre o cuidador se encuentre en estos programas,” destacó.
El director de la División Legal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el licenciado Irvin Otero Narváez, indicó que Puerto Rico ocupa la posición decimoséptima en las tasas de maltrato de menores al compararla con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Señaló que el perfil realizado por Corrección de la población confinada para el año 2015, revela que de los delitos actuales sobre la Ley de Protección de Menores, el 64.86 % de los casos son de personas convictas por alguna forma de maltrato, el 24.32 % por negligencia, el 8.11 % por incumplimiento de órdenes de protección y el 2.70 % por informes de maltrato o negligencia institucional.
“Los datos anteriores nos llevan a concluir que el maltrato de menores ocurre en todas las edades, no obstante el 85.3 % ocurre entre las edades de cero a 11 años. El maltrato de menores constituye un patrón de conducta muchas veces aprendido por el modelaje. Por lo que hay que tomar medidas necesarias para romper con el mismo”, planteó Otero Narváez.
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