Ni Elías Sánchez Sifonte (arriba) ni Edwin Miranda han sido entrevistados por Justicia respecto al chat que provocó protestas masivas en el país que desencadenaron en la histórica renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. (Gerald López Cepero)

El Departamento de Justicia fracasó otra vez en su intento de obligar al cabildero Elías Sánchez Sifonte y al publicista Edwin Miranda a comparecer ante esa agencia y mostrar los teléfonos celulares con los que mantenían conversaciones a través de la aplicación Telegram con el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y otros de sus más cercanos colaboradores.

El Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar la petición de reconsideración que Justicia presentó a finales de diciembre, y se sostuvo en su determinación previa de que, para obligar a Sánchez y a Miranda a mostrar sus teléfonos a la agencia, tiene que mediar una orden de registro y allanamiento.

La determinación del foro apelativo ocurre en momentos en que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) atiende un referido de Justicia para que designe un fiscal especial que profundice en la pesquisa preliminar que hizo la agencia con relación al chat “WRF” en Telegram.

Ni Sánchez Sifonte ni Miranda han sido entrevistados por Justicia respecto al chat que provocó protestas masivas en el país que desencadenaron en la histórica renuncia de Rosselló Nevares. Consta en el récord público que las citaciones iniciales a los miembros del chat se extendieron desde el 17 de julio de 2019 hasta, al menos, el 24 de ese mes.

Cuando pidió la reconsideración, la Oficina del Procurador General argumentó, en representación del Estado, que el Tribunal de Apelaciones debía mantener la orden del Tribunal de Primera Instancia para citar a Sánchez y Miranda porque lo que buscaba era “la comparecencia de estos para entrevista trayendo consigo los teléfonos móviles”, y advirtió que no tenía “el propósito de permitir al Estado acceso al contenido de los celulares”.

Asimismo, el recurso judicial desveló que, el 26 de julio de 2019, Justicia consiguió una orden judicial para el registro y allanamiento de los celulares. Eso ocurrió 10 días después de la fecha en que Sánchez y Miranda debían comparecer ante la agencia.

El Estado argumentó que no fue posible diligenciar los allanamientos porque desconocían entonces el paradero de Sánchez y Miranda, y que en el transcurso del proceso, supieron que estaban fuera de la isla.

En entrevista con El Nuevo Día, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, indicó que no se tramitaron las órdenes en la ciudad de Miami, donde residen ambos, porque los tribunales locales no pueden emitir por sí órdenes de allanamiento ejecutables fuera de la isla, y esa gestión requiere un trámite especial.

“Lograr su efectividad en otro estado de la nación (de Estados Unidos) requiere un proceso de domesticación que toma tiempo y puede ser costoso, ya que requiere la cooperación por agencias de ley y orden de la jurisdicción donde se interese hacer valer la orden de allanamiento”, explicó.

Según el recurso de reconsideración, al vencer el periodo de 10 días para que la orden se ejecutara, el Ministerio Público desistió de acudir nuevamente al tribunal para que se expidiera una nueva orden porque eso hubiese resultado en un “ejercicio fútil”, pues aún se dilucidaba en los tribunales la controversia sobre la citación de Sánchez y Miranda.

La Oficina del Procurador General planteó, además, que contemplaban solicitar una nueva orden si Sánchez y Miranda comparecían ante Justicia y se negaban a entregar sus teléfonos para registros de forma voluntaria.

Cuestionan el proceso

Para los abogados criminalistas Carmen Ana Pesante, Julio Fontanet y Federico Rentas, si Justicia quería tener acceso a los celulares del cabildero y del publicista, debieron procurar la orden de registro y allanamiento desde el inicio de la investigación.

“No hay que ser un sabio griego, si tienes un conocimiento del Derecho -que no tiene que ser muy profundo-, si tú, Estado, vas a hacer un registro y esta persona tiene una expectativa de intimidad -no solamente personal, sino que la sociedad reconozca esa expectativa de intimidad-, tienes que solicitar una orden de registro y allanamiento desde el día uno”, comentó Pesante.

Fontanet señaló que, si Justicia quería continuar la pesquisa, debió asegurarse de obtener esa orden en lugar de acudir al foro apelativo a solicitar una reconsideración.

“Nada impide que vuelvas a solicitar una nuevaorden de registro a base de prueba que así lo justifique”, señaló el también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“No había impedimento para volver a peticionar otra orden de registro, siempre y cuando se cumpla en esa petición con el estándar y los requisitos exigidos”, abundó.

A Rentas le llama la atención el rumbo seguido por Justicia en esta investigación.

Pierden legitimidad ante la realidad fáctica de que, en Puerto Rico, el Departamento de Justicia cotidianamente, con regularidad, obtiene órdenes para que se entreguen teléfonos celulares, como, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, para emir los órdenes de protección”, dijo el exdirector de la Sociedad para la Asistencia Legal.

Rentas hizo hincapié en que el derecho a la intimidad, de carácter constitucional, es estrictamente velado en los tribunales. “Los criterios del Tribunal Supremo, especialmente respecto de efectos personales y teléfonos es bastante exigente. Las intromisiones en el derecho a la intimidad son juzgadas por un crisol bastante estricto por el Tribunal, y la Constitución de Puerto Rico reconoce con mayor amplitud los derechos individuales”, mencionó.

De hecho, al responder a la solicitud de reconsideración de Justicia, José Andréu Fuentes y Kendys Pimentel Soto, abogados de Sánchez y de Miranda, respectivamente, enfocaron sus argumentos principalmente en las protecciones constitucionales y el derecho a la intimidad de sus clientes.

“Mediante la mal llamada citación de testigo con la que el gobierno busca ‘ocupar’ el teléfono móvil del compareciente, se pretende que sea la tarjeta de investigación quien entregue una cantidad de data inmensa e incalculable para que el gobierno la utilice en su contra. No estamos ante la citación de un mero ‘testigo’, sino del sujeto bajo investigación”, señaló la defensa de Miranda.

Del trámite judicial, se desprende que, entre los miembros del chat entrevistados por el Estado, algunos entregaron de manera voluntaria sus celulares y otros, como el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, rechazaron esa entrega voluntaria, por lo que Justicia buscó, entonces, una orden de registro y allanamiento.

Referido a la OPFEI

Ante el nuevo revés, Justicia no recurrirá al Tribunal Supremo para impugnar la decisión del foto apelativo, pues el 10 de enero refirió a la Opfei a 14 personas presuntamente vinculadas con las conversaciones o acciones relacionadas al chat.

Las personas referidas son: Rosselló Nevares, Sánchez, Miranda, Rivera Marín, así como el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, el exsecretario dela Gobernación Ricardo Llerandi, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino y el ex principal asesor legal Alfonso Orona.

Se suman a la lista el ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario y los exasesores de comunicaciones Carlos Bermúdez y Rafael Cerame, la exsecretaria de Prensa Yennifer Álvarez y la directora de la Oficina Central de Comunicaciones Rossy Santiago.

La forma en que se ha tramitado el referido también generó dudas entre Fontanet y Rentas respecto a si se siguió el debido proceso. La ley que regula la Opfei establece que, siempre que el secretario de Justicia conduzca una investigación preliminar, “determinará, a base de la información disponible, si existe causa suficiente para creer que se ha cometido cualquier delito”. Además, obliga a notificar al investigado que ha sido referido a la Opfei.

Aunque se desconoce el contenido del informe preliminar enviado a la Opfei, al menos en el comunicado de prensa ni en las peticiones que ha hecho El Nuevo Día, se ha precisado qué delitos Justicia sospecha que pudieron cometer los investigados para recomendar la designación de un fiscal especial.

La secretaria de Justicia dijo a este diario que el informe enviado a la Opfei incluye un análisis de los posibles delitos cometidos por los integrantes del chat. “El informe... hace un análisis detallado de la investigación que se realizó, evalúa la conducta de todas las personas que pueden ser identificados como sospechosos de comisión de delitos y se incluye un análisis de cuáles pudiesen ser los delitos que ese FEI pudiese considerar", aseguró Longo.

A juicio de Rentas y Fontanet, la forma en que los investigados fueron avisados sobre su referido a la Opfei pudiese generar otra controversia porque no se les indica los delitos de los que se presumen sospechosos.

El Nuevo Día pudo ver las notificaciones enviadas a Sánchez Sifonte y a Miranda porque fueron adjuntadas a sus mociones en oposición a la reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y no menciona delito alguno. Señala que, el referido “no adjudica la comisión de delito”, y que será el Panel quien determine si se designa un FEI y será ese fiscal -si se asignara- quien determine si procede la presentación de cargos.

“Hay un problema con el debido proceso de ley de que tenga una noticia, la persona que se está investigando de sobre qué se le está investigando para que pueda tener una defensa adecuada”, comentó Rentas.

Fontanet dijo que la notificación de los delitos sospechados es imprescindible. “La ley requiere que haya causa suficiente. Requiere también que se identifique el delito en particular porque, inclusive, la ley plantea que Justicia tiene que certificar que los delitos no están prescritos porque no puede referir un delito prescrito al FEI”, señaló.

La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, informó a este diario que, el lunes, facilitó a los miembros del Panel el informe referido por Justicia. “Ahora hay que dar tiempo para que los miembros del Panel lean las 109 páginas del informe y evalúen cualquier documento. Son muchísimas cajas, y hay que ver el índice, para determinar qué documento es importante que el Panel revise para tomar su decisión”, puntualizó.

Laura M.Quintero colaboró en este historia.


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