Edison Avilés y Lillian Mateo Santos, de la Comisión de Energía, participaron del análisis.

Alrededor de unos 16,000 hogares en Puerto Rico han instalado sistemas de energía propios, incluyendo baterías para almacenar la electricidad que generan, en un intento por conseguir la certeza que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya no puede proveerles, según varios expertos que participan del proceso de análisis del Plan Integrado de Recursos (PIR).

Y el número de consumidores que generará electricidad en sus hogares o comercios continuará en aumento, aseguró el presidente de Windmar Energy, Víctor González, quien estimó que solo este año, podrían instalarse alrededor de 30,000 baterías en hogares a lo largo y ancho de la isla.

Patrick J. Wilson, presidente de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), coincidió con González al plantear que si la tendencia continúa, tan pronto como en diez años, alrededor de 100,000 hogares en la isla contarán con sistemas de generación propia.

Si esos números se concretan, dijo Wilson, los sistemas en los techos de hogares, negocios y condominios a lo largo y ancho de Puerto Rico podrían generar unos 500 megavatios o el equivalente a una instalación de gran escala en la flota de la AEE.

“La gente está buscando resiliencia. Lamentablemente, la AEE ya no puede proveer la confiabilidad que el consumidor necesita”, indicó González.

“Si se aprueba el RSA (acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE) y se establece un impuesto solar, mucha gente comprará paneles y baterías adicionales para desconectarse de la red”, agregó el empresario, haciendo referencia al pacto entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los bonistas organizados de la corporación pública.

“La ciudadanía está buscando resolver sus problemas sin contar con el gobierno, incluido en eso, la AEE”, sostuvo por su parte, Agustín Irizarry, ingeniero eléctrico y profesor de Potencia Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Las expresiones de González, Wilson e Irizarry se produjeron durante el segundo día de vistas del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) acerca del PIR, documento que traza la ruta operacional que la AEE procura seguir por las próximas dos décadas.

El PIR y el pacto con los bonistas

El NEPR examina el PIR de la AEE al tiempo que la corporación pública busca poner fin al impago de su deuda mediante un proceso de bancarrota a través del Título III de Promesa.

Mientras la JSF vislumbra que el RSA actual es la alternativa para sacar a la AEE de su crisis financiera y transformar sus operaciones, ayer, la discusión del PIR dejó a la luz que el cargo de transición que requiere dicho acuerdo antagoniza con la transformación que se produce en Puerto Rico en términos energéticos y con la política de fomento a la energía renovable que se legisló hace unos cinco años y que se validó con la Ley Política Pública Energética aprobada el año pasado.

En principio, la AEE está obligada por ley a generar la mitad de la demanda eléctrica de fuentes renovables, pero la utilidad tendrá que decidir cómo alcanzar ese objetivo y a su vez, suplir electricidad de manera consistente.

La versión más reciente del PIR plantea que el camino más beneficioso para la AEE es aquel que conceda más peso a la generación con fuentes renovables, incluyendo el uso de microrredes. La idea general, según el ejecutivo de Siemens Energy y consultor de la AEE, Nelson Bacalao, es que la nueva flota eléctrica de la AEE esté lo más cerca posible del lugar donde se consume la electricidad. El uso de fuentes renovables, a su vez, debe estar acompañado de un sistema de almacenamiento de electricidad, lo que, desde la perspectiva de Siemens, daría a la AEE, la capacidad de un sistema eléctrico con la estabilidad necesaria para satisfacer la demanda de hogares y negocios.

A grandes rasgos, la recomendación que Siemens hizo a la AEE es que otorgue prioridad a la generación con gas natural y eventualmente, a medida que se hagan mejoras permanentes a la red eléctrica y se hagan ajustes en los procesos de permisos, se crearían las condiciones para incorporar la energía renovable en el sistema a mayor escala.

Escollos burócraticos, no tecnológicos

Sin embargo, a medida que el asesor del NEPR, Bob Fagan, buscaba escudriñar lo establecido en PIR y la viabilidad de recurrir a la energía renovable como fuente principal de electricidad en Puerto Rico, parecía evidente que los escollos para que esa fuente generatriz se afiance en Puerto Rico parecen más burocráticos que tecnológicos.

A manera de ejemplo, Chris Rauscher, ejecutivo de Sunrun, una empresa que cotiza en el Nasdaq bajo el título RUN, explicó que la tecnología de almacenamiento de baterías que ya se ha hecho disponible en Puerto Rico provee para que estas puedan ser parte de la capacidad que necesita la AEE y a su vez, cubrir las necesidades del consumidor que las adquiere. La tecnología está disponible, incluso, sin que la AEE tenga que instalar metros para medición neta, uno de los elementos que la AEE ha establecido para conectar los prosumidores a su red.

Rauscher explicó que en otros estados como Massachussetts se han provisto mecanismos para que los hogares cuenten con baterías o se han desarrollado acuerdos para que las baterías se programen, a fin de que la energía almacenada esté disponible para el hogar y el resto de la red cuando así se decida.

“Si uno analiza, no existen problemas con la tecnología, lo que hace falta son políticas que permitan más energía y almacenamiento en los techos de los ciudadanos”, subrayó Irizarry.

Irizarry sostuvo que hace unos años cuando se estableció como meta de país que la AEE debía reajustar su cartera hacia la generación eléctrica con fuentes renovables, se recomendó que aparte de la energía océano termal y la biomasa se utilizarán los techos de las casas no habitadas para energía solar.

Según Irizarry, uno de los resultados de aquel estudio establecía que utilizando alrededor del 65% de los techos de casas habitadas (partiendo de la data del Censo de Estados Unidos) se podía generar la electricidad que se consumía en el 2006.

Irizarry destacó además que en la actualidad y utilizando precios en Puerto Rico, la compra de sistemas de generación renovable ya es más barata y confiable para el ciudadano que el servicio provisto por la AEE. Ello, porque según Irizarry, aun si la AEE apostara a proyectos renovables de gran escala, el problema con la red actual es que cada vez que se produce un desastre (como ha sido el caso con el huracán María y los terremotos del mes pasado), la red queda fuera de servicio.

En ese sentido, según Irizarry, para la gente, el acceso a la electricidad ya no es un asunto de costo sino de confiabilidad, una postura que también debería asumir el estado para evitar que no vuelvan a morir miles de personas luego de un huracán.

“La energía es un derecho no una mercancía”, indicó Irizarry.


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