El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se comprometió hoy a analizar las preocupaciones que tiene el liderato sindical de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el contrato otorgado a la empresa LUMA para la operación y mantenimiento del sistema de distribución y transmisión de la corporación pública, y no descartó la posibilidad de enmendar el acuerdo.

Como parte de un encuentro sostenido esta tarde en Fortaleza con el liderato sindical, se determinó también que el Ejecutivo coordinará una reunión entre la operadora y los gremios en vías a discutir las preocupaciones, especialmente el futuro de los cerca de 6,000 empleados de la AEE. “Acordamos que vamos a examinar ese informe y nos vamos a reunir la próxima semana con el equipo legal del gobierno para poder discutir e intercambiar en análisis que vamos a hacer”, sostuvo.

No obstante, Vázquez Garced sostuvo que la posición del gobierno y del equipo legal es que los derechos de los trabajadores “están contenidos” en el acuerdo. “Vamos a examinar lo que ellos han planteado…ese contrato ya está firmado, pero hay unas cláusulas de incumplimiento que nosotros claramente las tenemos que examinar en conformidad con lo que ellos han traído”, expresó.

Fermín Fontánez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), reconoció que la Ley 29-2009, que crea las Alianzas Público Privadas (AAPP), permite enmiendas al contrato. Sin embargo, al igual que hizo la gobernadora, alegó que el acuerdo logrado con LUMA garantiza los derechos de los trabajadores. “Si hay algo que entendemos que no se ha atendido debidamente, pues se podrá considerar. Pero, en este momento entendemos que todos los derechos adquiridos de los empleados están protegidos y que el contrato, definitivamente, mantiene esos derechos conforme a la Ley 120-2018”, expresó.

“El contrato habla de los derechos adquiridos de los empleados, pero traimos una compañía que trabaja con uniones y reconoce las uniones”, argumentó Fontánez al decir que este tema, así como el posible desarrollo de un convenio, sería tema de conversación durante el período de transición que ese estimó en un año.

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de empleados de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), sostuvo que, según un estudio realizado, el contrato es “nulo” porque viola varias disposiciones de las leyes vigentes y sus políticas públicas. Enfatizó en que el contrato no recoge ni reconoce, claramente, los convenios colectivos ni los sindicatos que agrupan a los trabajadores. “En el contrato se habla de los derechos adquiridos nada más y eso es también muy limitado”, puntualizó.

“No solamente las preocupaciones de los trabajadores que desde el punto de vista nuestro no están cubiertas en el contrato, sino también desde el punto de vista de beneficios para el pueblo de Puerto Rico”, señaló Jaramillo.

El pasado 22 de junio, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) anunció la selección de LUMA Energy para la operación y mantenimiento del sistema de distribución y transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a través de un contrato valorado en unos $1,500 millones al cabo de 15 años.

Según el informe del Comité de Alianza, el acuerdo del operación y mantenimiento de acuerdo con la AAPP, LUMA estará a cargo de administrar contratos, proveer los servicios de facturación y cobro, implementar el Plan de Remediación para comenzar la transformación de la AEE, recomendar y efectuar mejoras capitales, representar a la AEE ante el Negociado de Energía de Puerto Rico, procurar y administrar fondos federales y asistir a la AEE en todo proceso con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A diferencia de otras concesiones, en este acuerdo la AEE no recibe una compensación o adelanto de dinero y tampoco se salda la deuda o los préstamos contraídos asociados con la red eléctrica. La AEE retiene la titularidad del activo y los ingresos que cobre LUMA por la venta de electricidad permanecen en manos de la corporación pública.

Los abogados de los sindicatos que cobijan a los empleados activos y jubilados de la corporación, Rolando Emmanuelli y Jessica Méndez, sostuvieron en una comunicación escrita que el contrato es nulo porque viola varias disposiciones de las leyes vigentes y sus políticas públicas, según una investigación y opinión legal que realizaran. Alegaron que el acuerdo no reconoce las obligaciones contractuales obrero-patronales y que convierte en un monopolio privado el sistema eléctrico de la isla.

“Es un contrato leonino, pues su clausulas y condiciones solo benefician a Luma Energy y sus compañías matrices. Por tanto, es un contrato nulo por contradecir la ley y el orden público. El contrato tampoco cumple con el mandato especifico de la Ley 120-2018, al no reconocer los convenios colectivos vigentes y, por tanto, es ilegal e inconstitucional”, expusieron los licenciados.


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