Wanda Vázquez se expresó sobre el proyecto de ley que presentó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Washington.- La gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó abrir la puerta en este momento a un referéndum de status que se convoque sin el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Creo que el pueblo de Puerto Rico está cansado de plebiscitos, plebiscitos y plebiscitos, y que nosotros no tengamos el aval (del gobierno federal). Lo ideal es que tengamos el aval del Departamento de Justicia y del gobierno federal para que de una vez sea decisorio con determinación a la decisión que tomen los puertorriqueños. ¿Ya hemos hecho cuántos (plebiscitos)… sin el aval (federal)?”, cuestionó la gobernadora, en una entrevista con El Nuevo Día.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, presentó legislación para vincular un referéndum estadidad sí o no – que define el ‘no’ como un apoyo a la independencia o la libre asociación-, con una ley federal de enero de 2014 que permitiría al Departamento de Justicia federal determinar si la papeleta electoral y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Tanto el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi como la comisionada Jenniffer González coincidieron en que idealmente la consulta debe ser validada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pero, contrario a la gobernadora, Pierluisi y la comisionada han sido claros en que aún si el respaldo del gobierno federal la consulta, como en 2017, están convencidos que la idea de llevar a cabo un referéndum pro estadidad en noviembre debe seguir adelante.

Vázquez Garced señaló que su posición “en este momento es que debe (ser) con el aval del Departamento de Justicia”. “Si al final del camino, el Departamento de Justicia dice que no lo dará, pues lo veremos en ese momento”, señaló.

El Departamento de Justicia federal, hasta ayer, no había enviado al comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sus comentarios en torno a los reclamos que le hiciera esa comisión para que excluya el status territorial de cualquier próximo referéndum. La petición del Comité de Asignaciones está incluida en el informe que acompaña una ley de presupuesto firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de diciembre.

La gobernadora – quien hoy terminaba solo su segunda ronda de reuniones en Washington como primera ejecutiva de la isla -, sostuvo que prevé venir a reunirse más adelante con el Departamento de Justicia estadounidense sobre el referéndum.

Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos certificara la papeleta y la campaña educativa de un referéndum, asignaría $2.5 millones para ayudar a financiarlo.

En 2017, también se hizo un esfuerzo inicial para vincular el plebiscito de ese año con la ley federal de 2014, pero después del Departamento de Justicia federal invalidar la legislación original- por excluir el status territorial vigente-, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares decidió no esperar por una respuesta final del gobierno de Donald Trump.

La consulta de 2017 solo llevo a las urnas al 23% del electorado, en medio del boicot de la oposición.

La nueva consulta se busca convocar luego de que el gobierno del PNP no pudiera convencer al Congreso de que el 97% que obtuvo la estadidad en el plebiscito fue representativo del sentir de los electores de la isla.

Defensores del actual status territorial han criticado que el gobierno del PNP quiera forzar que la ley establezca que el “no” a la estadidad solo signifique un apoyo a que “Estados Unidos reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico” por medio de la libre asociación o la plena independencia.


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