La gobernadora de Puerto Rico recomendó aprobar la propuesta presentada por la Junta de Supervisión Fiscal, pero reiteró que velará por los mejores intereses del pueblo. Mira su mensaje.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced manifestó hoy su endoso al plan de ajuste de deudas del gobierno central a pesar de que se opone a la reducción de las pensiones que se incluye en el documento radicado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside sobre los procesos de bancarrota del Estado y varias de sus corporaciones públicas.

El plan de ajuste de deudas es, en esencia, el documento que, de ser aprobado, establece los nuevos términos para el repago de las obligaciones de un ente en bancarrota, en este caso, el gobierno puertorriqueño.

“Estoy convencida de que la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del plan de ajuste fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo la gobernadora en un mensaje especial transmitido a través de la televisora estatal, WIPR.

La mandataria afirmó que su endoso al plan de ajuste de deudas está libre de consideraciones partidistas o electorales. Resaltó que si se avala judicialmente lo propuesto por la Junta, las deudas del gobierno central se reducirán en un 66% y se despejaría el camino para que el gobierno alcance la sostenibilidad fiscal y recobre su autonomía presupuestaria. Además, indicó, en este proceso el gobierno podría proteger servicios esenciales como la salud y la seguridad.

“Mi evaluación de esta situación no está regida por encuestas o por cálculos para ganar popularidad o el mayor número de votos. El único interés de mi parte ha sido hacer un análisis objetivo y cuidadoso de cuáles son realmente los mejores intereses de los pensionados en Puerto Rico. No podemos seguir atascados en la quiebra por muchos años más”, dijo Vázquez Garced.

Indicó que, como servidora pública de carrera -la gobernadora antes fue secretaria de Justicia, procuradora de las Mujeres y fiscal de distrito- se opone al menoscabo de las pensiones. No obstante, afirmó que ante ante las circunstancias que vive el país, apoya el plan a pesar de que incluye el acuerdo entre la Junta y el Comité Oficial de Retirados, ente organizado como parte del proceso de quiebra territorial (Título III) para representar los jubilados.

El acuerdo dispone, por un lado, que los pensionados que reciben más de $1,200 mensuales por su jubilación tendrán recortes en sus mensualidades de hasta 8.5%. La gobernadora recordó que el plan fiscal vigente contempla recortes de hasta 25% en los cheques.

“La decisión que tenemos que tomar hoy se reduce a lo siguiente: respetamos el acuerdo que alcanzó el Comité de Retirados con la Junta de Supervisión Fiscal, que reduce las pensiones hasta un 8.5%, o nos arriesgamos a enfrentar mayores recortes de hasta un 25% en las pensiones, que es lo que contempla el plan fiscal, según certificado por la Junta. Igualmente, nos arriesgaríamos a perder la oportunidad de restructurar más de $35,000 millones en deuda del gobierno y salir de la quiebra”, dijo la gobernadora.

Junto al recorte se prohibiría judicialmente reducir los cheques de retiro en el futuro, se limitará la intromisión gubernamental en los asuntos fiscales de los jubilados, se crearía un fondo de reserva especial para el pago de las pensiones y se protegen los ingresos actuales del 60% de los retirados.

El plan también contempla la restitución de $1,300 millones que le pertenecen a los empleados públicos que participan del Sistema 2000 de retiro y que el gobierno gastó pese a que ese dinero no le pertenecía. Del mismo modo, se podrían salvaguardas para la emisión de bonos u obtención de préstamos por parte el gobierno.

La gobernadora reconoció que la propuesta de la Junta podría ser enmendada como parte del proceso judicial que se lleva a cabo ante la jueza Swain. Sostuvo, sin embargo, que entiende que es el mejor camino para salir de la quiebra, enderezar las finanzas del gobierno y evitar amenazas mayores contra la salud financiera del gobierno y los puertorriqueños.

“Este plan también garantiza que el Gobierno continuará financiando todos los servicios esenciales y estará en una posición que le permita proteger la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo”, apuntó.

En horas de la mañana de hoy, viernes, la JSF presentó el plan de ajuste de deudas. La propuesta reorganizaría poco más de $38,000 millones de la deuda del gobierno central.

Si el plan es aprobado entre los créditos que serían alterados se encuentran los bonos de obligación general, los emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos y las obligaciones no aseguradas como lo que se le debe a los pensionados del servicio público o a los proveedores de bienes y servicios al gobierno.

El propuesto esquema de repago reduciría la deuda principal del gobierno central a unos $12,500 millones.

Se supone que el plan ahora pasa a un proceso de evaluación en el que, ya sea por acuerdo con los acreedores o por decisión judicial, se acoge o se descarta la propuesta.

“Ciertamente, no es una decisión fácil, somos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida al servicio público y dependemos de nuestra pensión para vivir. Pero no podía arriesgarlos a un descuento mayor. Quiero expresarles que el proceso de este plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y estaré muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionadosy para el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.


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