Jenniffer González visitó hoy a la gobernadora en La Fortaleza. (Teresa Canino)

La gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente Jenniffer González anunciaron este lunes que trabajan en conjunto para impulsar una legislación en el Congreso que podría abrir la puerta a que se consolide la manufactura de equipo médico en Puerto Rico, al atraer inversión a zonas económicamente deprimidas.

El proyecto de ley prevé la creación de “Distressed Zones”, que son zonas con niveles de pobreza consistentemente altos. Estas zonas se designan de manera automática cuando los niveles de pobreza alcanzan el 35% sostenido durante un periodo de 5 años.

La medida también provee un proceso de solicitud para que las áreas marginales, con índice de pobreza sostenido entre 30% y 35%, puedan obtener la designación de “Distressed Zones”. Una vez un área es designada como tal, su vigencia sería de 15 años, de acuerdo con un comunicado emitido desde La Fortaleza. La inversión en la isla, aseguran la gobernadora y la comisionada, generaría más empleos y ayudaría a la seguridad nacional.

“Hemos trabajado junto a la comisionada residente una nueva medida que expande beneficios y oportunidades sobre los proyectos anteriormente presentados que crearían incentivos contributivos dentro de zonas con dificultades económicas o ‘Distressed Zones’. Los incentivos contributivos se limitarían al desarrollo o la fabricación de medicamentos y dispositivos médicos dentro de las zonas designadas, y a la compra de productos o servicios de proveedores dentro de una zona para la fabricación de dichos productos”, expresó la gobernadora.

“También provee para la creación de incentivos contributivos adicionales para líneas de fabricación o centros de desarrollo que se muden del extranjero a zonas en dificultades económicas, e incentivos contributivos y no-contributivos adicionales para el desarrollo o fabricación dentro de estas zonas de productos de salud para la población. Este proyecto de ley producirá inversión de capital, creación de empleos y crecimiento económico, además de proteger a las poblaciones vulnerables”, añadió la primera ejecutiva.

González indicó que la pandemia del coronavirus dejó en relieve el alto grado de dependencia de productos médicos y farmacéuticos manufacturados en China y otros países para uso en los Estados Unidos.

En Puerto Rico los niveles de pobreza no solo han alcanzado el 35% de manera sostenida, sino que se ha mantenido el altos niveles. Según las cifras del Negociado del Censo, la tasa de pobreza en Puerto Rico ha fluctuado entre el 46.2% y el 43.1% entre el 2005 y el 2018. El punto más bajo, de hecho, fue en el 2018, según los estimados del Censo, aunque expertos apuntaron a que esa baja no respondía necesariamente a una mejoría económica para ese sector, si no a la ola migratoria registrada en Puerto Rico tras los huracanes Irma y María.

Según los datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico que realiza también el Censo, durante el periodo 2014-2018, 36 de los 78 municipios de la isla contaban con 50% o más de su población en situación de pobreza. En 6 de esos municipios, el nivel de pobreza alcanzó entre 60% a 64%.

Esa dependencia en la manufactura extranjera de productos médicos esenciales, especialmente de China, ha provocado acción directa del Congreso con radicación de piezas legislativas para asegurar la línea de suministros médicos y farmacéuticos fabricados en los Estados Unidos y evitar su escasez y dependencia de jurisdicciones foráneas. La comisionada residente es autora y coauspiciadora de algunas de estas medidas con el fin de romper con esa dependencia y asegurar la cadena de suministros a nivel nacional como parte de un paquete de medidas que complementan esta iniciativa.

“Los incentivos que proponemos estarían disponibles a través de los Estados Unidos, en áreas con tasas de pobreza tan altas como las prevalecientes en casi todo Puerto Rico, por lo que tendría mayores posibilidades de convertirse en ley. No obstante, a diferencia de otras áreas en los Estados Unidos que obtendrían la designación, en Puerto Rico, estamos listos hoy para recibir esta nueva producción, con la capacidad laboral y de infraestructura para hacerlo a diferencia de otras jurisdicciones cualificantes. Más importante aún, es un mecanismo de incentivos amarrados a la creación de empleos”, añadió la comisionada residente.

Las farmacéuticas y manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico que se ubiquen en las “Distressed Zones”, serían elegibles para un crédito contributivo equivalente a la suma de 40% para salarios y beneficios marginales relacionados con la actividad manufacturera dentro de la “Distressed Zones”; depreciación del 40% de las propiedades de fabricación puestas en servicio dentro de la zona en dificultades; y 30% de las compras B2B (40% si se compra a un pequeño negocio minoritario) dentro de una zona para usarlo en la actividad de manufactura en cualquier lado.

Si la producción se traslada a una “Distressed Zones” desde un área determinada por el representante de Comercio de Estados Unidos como posible amenaza para la cadena de suministro nacional, los créditos contributivos que se otorgarían son más altos: 60% de los salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50%/60% de compras B2B. Si las manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico se relacionan con los productos de salud para la población, los créditos contributivos son los mismos que si la producción se trasladara del extranjero (es decir, 60% de salarios y beneficios adicionales, 60% de depreciación, 50% / 60% B2B) compras).

El proyecto de ley también exige que la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA, por sus siglas en inglés) colabore con las agencias federales de salud (HHS, Asuntos de Veteranos, Defensa) para asegurarse de que estas agencias federales ofrezcan un incentivo para crear mercado para estos medicamentos para la salud de la población, incluyendo los que se fabriquen en “Distressed Zones”.

Según la comisionada, al atar los créditos directamente a los empleos y la inversión en las zonas, se asegura mantener los empleos que existen e incentivar la creación de nuevos empleos.

“También incentivamos el desarrollo y la fabricación de medicamentos que atienden condiciones de salud que aumentan la mortalidad causadas por pandemias, como lo son la diabetes, hipertensión y otras condiciones de salud prevalecientes en las poblaciones minoritarias a través de los Estados Unidos”, explicó la comisionada.

En Puerto Rico hay 49 plantas de farmacéuticas, 70 de dispositivos médicos. Ambos sectores componen el 33% del producto interno bruto, que crean 142,500 empleos directos e indirectos, con un salario promedio de $42,000. Miles de pequeñas y medianas empresas suplen bienes y servicios a esta industria.


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