La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico reiteró este viernes su repudio a la firma por parte de la gobernadora Jenniffer González a la medida que prohíbe los tratamientos de afirmación de género en menores de 21 años, al tiempo que alertó que el nuevo estatuto podría obligar a las personas trans a recurrir –como en el pasado– a la clandestinidad para tener acceso a terapias hormonales, lo que supone un riesgo para su salud y vida.

“Las personas trans somos el 1% de la población, imagínate el (ínfimo) por ciento que son las juventudes trans. Estamos hablando de un problema casi inexistente que se han inventado Proyecto Dignidad y el PNP (Partido Nuevo Progresista) para cumplir con una base religiosa de derecha extrema que quiere, supuestamente, educar a sus niños en sus casas, (que dicen) ‘a mis niños los educo yo, tengo el derecho de hacer lo que quiera con mis niños’. Sin embargo, los padres de personas trans no tienen el derecho, entonces, de tomar decisiones acerca del futuro del cuido médico de sus niñes, y eso me parece bien hipócrita”, expresó Kari Claudio Betancourt, quien dirige La Tejedora y parte del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+.

Agregó que se ha encontrado que la juventud trans que ha comenzado un proceso de transición tiene 7% más chance de cometer suicidio si paralizan los procesos de afirmación de género.

En conferencia de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogadas, la organización reiteró que impugnará la Ley 63-2025. La licenciada Claudia Fontanet-Rodríguez, integrante del Consejo Asesor, precisó que, “de surgir una aplicación de esta medida, sí acudiremos a los foros pertinentes y vamos a hacer valer nuestra Constitución”.

Por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación LGBTQ+, denunció que, con este estatuto, “están obligando a la clandestinidad a menores trans y sus familias”.

“Si mando a buscar hormonas fuera de Puerto Rico que no son certificadas por ningún médico, simplemente porque me orienté, que es lo que no queremos que suceda, me las van a enviar, las voy a utilizar. Pero, las repercusiones, ¿quién entonces, si tengo alguna, me va a ayudar en Puerto Rico? Por mi experiencia, ningún médico quiere trabajar con nosotros luego de que hayamos hecho las cosas fuera del país”, añadió.

La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Lydael Vega Otero, lamentó que la nueva ley –de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve– ordena a los departamentos de Educación y de Salud a desarrollar “programas de educación y sensibilidad” sobre “los riesgos asociados con las intervenciones médicas y quirúrgicas para la modificación de la biología del sexo en menores de edad”.

“Retornamos a los mismos ‘issues’ que han pasado también con otros asuntos relacionados con el género, que es utilizar espacios del Departamento de Educación y agencias públicas para orientar inadecuadamente a las familias y los niños y niñas sobre los asuntos que tienen que ver con las comunidades LGBTQ+ y los asuntos relacionados con el género”, planteó.

“Hay dos cosas que se diferencian aquí. Una cosa es la patria potestad y el derecho que tienen las familias a cuidar valorativamente a sus hijos e hijas, y otra cosa es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es el bienestar y la protección de toda la ciudadanía, por eso nosotros, insistentemente y consistentemente, decimos que las agencias públicas tienen la obligación de educar sobre las diversidades, de educar sobre lo que son las diferencias, de educar sobre lo que es el género y la identidad de género, porque eso lo que lleva a cabo es que crea una sociedad donde se reconocen esas diferencias y se respetan esas diferencias. (…) Si estamos educando sobre el que ser trans es incorrecto, estamos violentando el derecho humano de una población, y eso es completamente incorrecto”, abundó.

El miércoles, la gobernadora anunció la firma del Proyecto del Senado 350, a pesar del rechazo de numerosas organizaciones y de las reservas del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, quien consignó que la propuesta, tal cual firmada, tendría “consecuencias a la salud”, específicamente en el grupo de jóvenes de 18 a 21 años que actualmente están en tratamiento de hormonas de transición.