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(GFR Media/Archivo)
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Grupos ambientalistas exigieron al gobernador Ricardo Rosselló  que vete el proyecto de ley que establecería una nueva política pública en torno al caño Tiburones y un procedimiento para el monitoreo y descarga de sus aguas, por entender que “criminaliza el humedal” y hay “otros intereses” envueltos.

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