Al cuestionar, en una carta a la gobernadora Jenniffer González, el trámite de licitación para la adquisición de generación eléctrica que aporte a mitigar los relevos de carga este verano, la gasífera New Fortress Energy (NFE) arrojó luz, por un lado, sobre los elevados costos que los clientes enfrentarían una vez la producción entre en línea y, por otro, el tiempo que demorará poner en servicio las unidades temporales.

Según el principal oficial ejecutivo de NFE, Wesley Edens, su oferta de instalar nueve turbinas de gas natural con capacidad de generar 225 megavatios (MW) –del total de 800 MW que el gobierno busca contratar–, a un costo de 25 centavos por kilovatio hora (kWh), era más barata que las de las empresas Javelin Global Commodities y Power Expectations, los dos licitadores que, de acuerdo con la misiva, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) seleccionó. Actualmente, la energía que Genera PR –subsidiaria de NFE– produce y que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compra a cogeneradoras privadas cuesta, en promedio, unos 18 centavos por kWh.

La compra de combustible y de energía representa cerca del 70% del costo total que los abonados pagan en la factura.

“Basado en la información que hemos visto, no creemos que ninguna de las ofertas sea a precio más bajo, más ágil o más capaz que la de NFE y, como resultado, hemos sometido una protesta formal, toda vez que creemos que ofrecemos el costo más bajo y somos el proponente más capacitado. No obstante, no tenemos información clara de las ofertas o el proceso, dado que no ha habido comunicación con nosotros”, planteó Edens, en la carta a la primera ejecutiva.

La comunicación de Edens también fue enviada al director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón; la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica.

En una rueda de prensa en la tarde de este martes, González afirmó que no había leído la carta, y señaló, erróneamente, que la “información que tengo” es que la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) prohibía a NFE participar del trámite competitivo debido al contrato de su filial para operar la flota generatriz. Si bien Genera PR fue incluida en la lista de partes restrictas, el impedimento a licitar no se extendió a su matriz.

El RFP, publicado en marzo, fue delegado en una firma independiente –Regulatory Compliance Services, presidida por el exfiscal federal Osvaldo Carlo–, un mecanismo que la AAPP ha utilizado para evitar conflictos de intereses en licitaciones en que afiliadas a Genera PR o LUMA Energy pudieran participar.

El escrito del principal oficial ejecutivo de NFE –con fecha del 19 de mayo– argumenta que la propuesta de la empresa estaba “respaldada por experiencia sustancial”, en referencia a la instalación, en 2023, de 17 unidades generatrices en las centrales de Palo Seco (Toa Baja) y San Juan. Las unidades, financiadas inicialmente con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), demoraron entre tres y seis meses en entrar en servicio, un período que, de repetirse con las nuevas máquinas de generación temporal, supondría que la generación adicional estaría disponible, en el mejor de los casos, tarde en el verano.

Este martes, Colón no estuvo disponible para entrevista.

La misiva de Edens –a la que El Nuevo Día tuvo acceso– representó la primera ocasión que trascienden los nombres de las dos empresas seleccionadas para proveer las unidades adicionales. El pasado 9 de mayo, la Junta de Gobierno de la AEE había autorizado a Zapata a continuar las negociaciones con las dos compañías recomendadas, sin revelar los nombres de las empresas.

Sin precisar de dónde surgía la información, Edens sostuvo, además, que NFE fue el “único licitador en proponer energía basada en gas en lugar del diésel más sucio y más caro”.

Como parte de la carta, en la que solicitó que se divulgaran “todas las relaciones de negocios presentes y pasadas entre firmas de cabildeo que los licitadores seleccionados emplearon y funcionarios gubernamentales de alto nivel”, Edens precisó que NFE pidió a Regulatory Compliance Services, como firma independiente a cargo del RFP, que “reconsiderara su decisión de excluir la oferta” de la gasífera.

“Lo primero es que me gustaría saber quiénes son los cabilderos de New Fortress porque, si vamos a hablar de cabilderos, yo radiqué legislación para que todas las listas de cabilderos sean públicas, y (que) todos los que hagan contratos o ejercicios ante el gobierno sean públicas. En este momento, estamos en un proceso ante la AAPP que no ha sido final y le corresponde al zar (de Energía), que es el director ejecutivo de la AAPP, determinar cuáles son las compañías que se van a seleccionar”, sostuvo la gobernadora a los medios.

En su carta, Edens afirmó, asimismo, que el Departamento de Energía de Estados Unidos, al decretar el 16 de mayo una emergencia energética en Puerto Rico, “prometió fondos para la generación temporal”, si bien el texto de la orden de la agencia federal únicamente da paso a un uso más intensivo de las unidades de producción existentes.