Se estima que para el 2019, en Puerto Rico, había 1.39 millones de personas bajo los niveles de pobreza. Casi la mitad de esa cifra (44%) vive en familias en las que -al menos- un adulto está dentro de la fuerza laboral, ya sea porque trabaja o está en busca empleo.

Para mediados de abril de 2022, una buena parte de ellos podría ver su capacidad económica mejorar significativamente cuando presenten su planilla de contribución sobre ingresos, debido a que el crédito por trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC, por sus siglas en inglés), que desde el 2018 existe en Puerto Rico, será ampliado de manera sustancial si se aprueba una medida bajo la consideración de la Asamblea Legislativa.

Actualmente, el beneficio máximo del EITC es de $2,000. El monto específico varía según los ingresos de la persona y la cantidad de dependientes. El margen máximo para el incentivo subirá a $6,500, un aumento de 225%. Alzas similares tendrán el resto de los beneficiados que hasta hoy cualifican para aportaciones menos cuantiosas. Del mismo modo, se flexibilizan los límites de edad y de ingresos para reclamar el beneficio.

Se desconoce cuánto podría ser el impacto exacto de la medida para sacar a familias de los niveles de pobreza. Se apuesta, sin embargo, a que este sea el eventual resultado a juzgar por la experiencia en otras jurisdicciones que tiene este tipo de crédito, explicó Cecille Blondet, directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos.

“Esta es una de las herramientas que se ha probado que incide sobre el nivel de pobreza”, afirmó. Explicó que el aumento en la capacidad adquisitiva de las familias que provee el crédito ha alentado mejorías palpables en diversos escenarios familiares, que van desde el cuidado prenatal de las embarazadas, el aprendizaje temprano en niños y niñas, mejor aprovechamiento académico y mayor escolaridad, entre muchos aspectos. El EITC federal existe desde el 1975, pero no aplica a Puerto Rico.

El aumento que se legisla en los beneficios del EITC surge de una aportación federal que aprobó el presidente de EE.UU., Joe Biden, para los territorios, incluyendo Puerto Rico, como parte de la ley ARPA (American Rescue Plan Act) del 2021. Específicamente, el estatuto establece una aportación de hasta $600 millones para el EITC de Puerto Rico una vez el gobierno local gaste $200 millones en ese incentivo. Esa última cantidad es la que el Departamento de Hacienda separa anualmente desde el año contributivo 2018 para sufragar este beneficio.

Por un lado, se trata de un aumento sustancial a lo existente. Por otro, la aportación federal equivale a la mitad de lo que recibe por este mismo concepto el estado de Misisipí, el más pobre de EE.UU. En el 2019, allí el 19.6% de los habitantes eran pobres bajo los estándares federales. En Puerto Rico, ese porcentaje estaba en 43.5% ese mismo año.

“Es un paso en la dirección correcta, pero no creo que sea suficiente… Realmente, no creo que pueda decirte que salgan de la pobreza. (También), hay que aumentar el salario mínimo, atender el abismo de los pagos de ayuda social como la tarjeta del PAN (Programa de Asistencia Nutricional), Plan 8 (subsidio de vivienda), la tarjeta de salud, etcétera, ya que, si el trabajador se gana mucho, empieza a perder beneficios”, apuntó Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

El incentivo tiene un funcionamiento bastante simple. La cantidad del crédito se resta –peso a peso- a lo que debe aportar una persona en contribuciones sobre ingresos al gobierno estatal. Esa reducción hace que la persona tenga que pagar menos de impuestos o que reciba un reintegro más grande que el usual.

Se presume que el efecto económico del incentivo es equivalente al de un aumento de sueldo pagado por los contribuyentes –locales y federales- en lugar de los empleadores de estos trabajadores. En otras palabras, el incentivo aumenta la capacidad adquisitiva de los trabajadores, siempre y cuando se queden en la fuerza laboral.

“Eso sube la compensación por el trabajo realizado sin que represente una inversión adicional para el empresario y sin que pierda competitividad. La medida representa un subsidio al empresario, aunque el desembolso se haga a través de la planilla de la persona”, expresó Daniel Santamaría Ots, economista de Espacios Abiertos.

Del mismo modo, se espera que el crédito aliente la entrada de más personas en la fuerza laboral formal. La tasa de participación en Puerto Rico, en los últimos años, ha rondado el 40% cuando en los países industrializados, de ordinario, el indicador ronda el 60%, sostuvo.

En ese aspecto, el diseño del EITC puede tener un gran impacto. De ordinario, estos incentivos están diseñados para que sean más cuantiosos en la medida en que la persona se va integrado a la fuerza laboral hasta llegar a un punto máximo –que bajo los beneficios actuales ronda entre los $6,000 y $17,000, dependiendo la cantidad de dependientes y el estado civil- y entonces reducirse paulatinamente en la medida que la persona va escalando en salarios.