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El congresista demócrata Luis Gutiérrez se unió ayer a miembros de la Coalición de Organizaciones contra la Incineración para criticar que la Junta de Supervisión Fiscal impulse la creación de una planta de incineración de basura en la isla.
El congresista demócrata Luis Gutiérrez se unió ayer a miembros de la Coalición de Organizaciones contra la Incineración para criticar que la Junta de Supervisión Fiscal impulse la creación de una planta de incineración de basura en la isla. (Luis Alcalá Del Olmo)

Miembros de la Coalición de Organizaciones contra la Incineración, acompañados por el congresista Luis Gutiérrez, cuestionaron ayer el mecanismo de evaluación y determinación utilizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para calificar como proyecto crítico la planta de incineración de basura de Energy Answers.

El grupo fue más allá y advirtió que estará alerta a que se cumplan con los mecanismos detallados en la Ley Promesa para que la JSF pueda impulsar el desarrollo del controvertible proyecto que sería construido en Arecibo.

Gutiérrez sostuvo que, según establece la Ley Promesa, para que un proyecto crítico se lleve a cabo tiene que cumplir con cuatro requisitos: la radicación por parte de la JSF de un informe público sobre el proyecto y las recomendaciones sobre el mismo del gobernador Ricardo Rosselló, así como de la Junta de Planificación y la Comisión Energética. Ninguno de estos pasos, dijo, ha ocurrido.

“Le estoy pidiendo estos documentos, porque la Junta, establecido por ley federal, tiene que dar esos cuatro pasos antes de proceder. Yo no los he visto, nadie los ha visto”, dijo.

El martes de la semana pasada, Noel Zamot, coordinador de revitalización de la JSF, anunció que impulsarían cuatro proyectos energéticos, entre estos la planta de incineración de basura que ha contado con el cabildeo a favor del exgobernador Luis Fortuño. El desarrollo puede crear 7,750 empleos, pero 7,000 de ellos durante los tres años que duraría la construcción, de acuerdo a cifras ofrecidas por la JSF.

“Este es un proyecto sucio porque genera contaminación. Este es un proyecto sucio porque se hace a espaldas del pueblo y es un proyecto sucio porque nosotros no sabemos quien está pagando el dinero ni quién está cabildeando ante la Junta de Control”, denunció el congresista demócrata.

El grupo de ciudadanos se manifestó ayer frente a la oficina de la JSF, en Hato Rey. Llegaron hasta allí reclamando ser escuchados tras años de lucha, durante los cuales han cuestionado el proyecto debido a sus implicaciones contra el ambiente y la salud.

Más cuestionamientos

Myrna Conty, coordinadora de la Coalición, objetó el proceso de participación pública anunciado por Zamot en el cual las personas interesadas en expresarse podrán hacerlo a través de la página de internet del proceso de proyectos críticos.

La fecha límite es el día 6 de febrero. Luego, Zamot tendrá 30 días para reaccionar a los comentarios y divulgar sus respuestas.

“El procedimiento de participación pública es una burla. ¿Cómo ellos pretenden que ciudadanos de Arecibo, los cuales muchos aún no tienen electricidad ni internet, busquen una computadora y emitan comentarios?”, expresó indignada Conty.

Señaló, además, que la calificación del proyecto como uno crítico no es otra cosa que una excusa para darle trato “preferencial” a la empresa, olvidando que no han podido cumplir con el proceso de permisos que exigen tanto el gobierno estatal como el federal.

Gutiérrez propuso que se realice otra audiencia pública en Arecibo, aunque dijo que no limitará las manifestaciones que pueda hacer la comunidad.

“Por eso fue que yo le voté en contra a Promesa, porque ustedes pueden ver cómo un grupo de personas no elegidas y que no tienen que acatarse a nadie, puede trabajar en secreto”, puntualizó Gutiérrez.

Reaccionan

Por su parte, Mark J. Green, gerente de proyecto de Energy Answers Arecibo, defendió que la incineradora haya sido seleccionada por la JSF como un desarrollo prioritario.

“El proyecto... ofrece la capacidad única de ayudar a abordar, simultáneamente, el desarrollo económico continuo, la crisis de generación de energía renovable y del manejo en los desperdicios sólidos, actualmente en curso en Puerto Rico. La capacidad de proporcionar beneficios inmediatos y duraderos en estas áreas es la razón por la cual el proyecto está bien posicionado para ser considerado como un proyecto crítico”, planteó por escrito.

Argumentó que el sistema actual de manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico se basa en vertederos, de los cuales más del 80% no cumplen ni pueden cumplir con las regulaciones ambientales, situación que, aseguró, también vendría a atender la construcción de la planta.

“Representa un importante paso de avance en los renglones del manejo de los desperdicios sólidos, energía renovable, reciclaje y cumplimiento ambiental”, insistió Green.