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Puerto Rico podrá recibir  fondos para mejoras permanentes mediante estimados de costos. En la foto, un puente colapsado en Arroyo.
Puerto Rico podrá recibir fondos para mejoras permanentes mediante estimados de costos. En la foto, un puente colapsado en Arroyo. (Archivo)

Los fondos para proyectos permanentes que Puerto Rico aceptó, mediante un acuerdo con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a través de la sección 428 de la Ley federal Stafford, podrían perderse si el gobierno no es certero en sus estimados y proyecciones.

Como consecuencia, el proceso de recuperación de la isla tras el paso del huracán María se afectaría, opinó ayer el exsecretario de Transportación y Obras Públicas Carlos I. Pesquera.

En síntesis, la sección 428 permite que la jurisdicción afectada solicite fondos a FEMA partiendo de los estimados de costo de cada proyecto. Según Pesquera, esta sección provee “flexibilidad” al gobierno a la hora de gestionar los fondos que se asignen a la isla.

Esta sección se creó justo después de que el huracán Sandy embistiera los estados de Nueva York y Nueva Jersey en el 2013 con el objetivo de agilizar los proyectos de reconstrucción de la infraestructura afectada por el ciclón.

El pasado 2 de noviembre, luego de casi un mes de conversaciones y de que el gobierno de Puerto Rico aceptara diversos controles como crear una entidad para administrar los fondos que reciba, FEMA autorizó a la isla fondos para proyectos permanentes bajo las categorías C-G a través de la sección 428.

“Obviamente, el gobierno federal está buscando reducir la incertidumbre de proyectos de mejoras y que ellos tengan que participar en ellos. El gobierno federal reduce su exposición y presupuesta”, dijo Pesquera, al explicar las motivaciones que pudo tener FEMA para recomendar la 428 en el caso de Puerto Rico.

Según el ingeniero, si Puerto Rico estima el costo de los proyectos de recuperación y realiza las obras bajo presupuesto, puede destinar fondos sobrantes hacia otros proyectos de mitigación.

En el lado opuesto, advirtió Pesquera, si Puerto Rico falla en sus estimados, no cumple con lo pactado o cae en la manía de cambiar las obras, encareciendo su coste, el gobierno federal no es responsable de cubrir tales deficiencias.

FEMA aportará el 90% de tales proyectos, de acuerdo con la enmienda a la declaración de desastre aprobada por el presidente Donald Trump.

“Hay que recordar que hay un componente local de 10% que el gobierno va a tener que aportar a estos proyectos y eso va a ser un reto muy grande para Puerto Rico, por la situación del presupuesto”, agregó el ingeniero estructural.

La lección de Georges

Para la década de 1990, Pesquera lideró la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), dependencia que tuvo a su cargo el programa Nuevo Hogar Seguro, la iniciativa que probablemente recibió la mayor cantidad de fondos federales tras el paso del huracán Georges: unos $700 millones.

“Eso (el programa Nuevo Hogar Seguro) fue una concesión directa del presidente (Bill) Clinton al gobernador (Pedro) Rosselló bajo lo que se llama mitigación”, explicó Pesquera al señalar que elprograma fue clave para la relocalización de familias en riesgo de pérdidas durante un nuevo desastre. El programa se mantuvo vigente por casi una década.

“Lamentablemente, después se permitió que las personas se mudaran nuevamente a áreas que no podían ocupar. Ahí es que viene el problema de credibilidad de Puerto Rico”, dijo Pesquera.

Hace apenas dos años, prácticamente casi 20 años después de Georges, una nueva auditoría del Inspector General de Vivienda federal recomendó que Puerto Rico devolviera unos $35 millones bajo dicho programa, por mal uso de fondos.

La lupa federal

En el caso de la 428, Puerto Rico participará de un programa alterno de uso de fondos que, en esencia, FEMA todavía administra como proyecto piloto.

Varios documentos de FEMA y de firmas como Ernst & Young advierten que el proceso de auditorías bajo esa sección 428 puede ser tan riguroso como los métodos que se siguen bajo los programas regulares de la agencia.

Incluso, un informe del Inspector General federal establece que FEMA necesita aclarar sus procedimientos internos para que los participantes no incurran en el mal gasto de fondos federales y en procesos de recobro, a futuro.

A preguntas de El Nuevo Día en torno al rol que debe jugar la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el proceso de supervisar los fondos que asigne FEMA u otras agencias a Puerto Rico, Pesquera cree que el rol del ente que rige las finanzas públicas ya está definido en Promesa.

“Lo peor para la recuperación de Puerto Rico es tener un monstruo de dos cabezas”, sostuvo Pesquera. “Mientras más entes participen, más se dilata la obra. La Junta tiene un rol de supervisión, pero es clave que el gobierno esté empoderado para ejercer su función en la recuperación”.