La posibilidad de que barcazas suplieran la deficiencia de producción eléctrica a lo largo de los próximos meses fue descartada este viernes ante los riesgos que suponía la operación en medio de la temporada de huracanes, resultando, en cambio, en que el gobierno seleccionara dos proponentes con ofertas para instalar unidades terrestres con capacidad de agregar, de forma combinada, 800 megavatios (MW) de generación.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dio paso, durante una reunión extraordinaria, a la continuación de las negociaciones con los dos proponentes recomendados por la firma Regulatory Compliance Services, a la que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) delegó la administración de la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) que busca sumar generación eléctrica de manera temporal para paliar los relevos de carga que se prevén a lo largo del verano.

Mary Carmen Zapata, directora ejecutiva de la AEE, reveló, en la reunión, que siete empresas presentaron propuestas formales antes de plazo del 2 de mayo que había fijado la AAPP, pero cuatro fueron descalificadas por incumplimientos con la documentación requerida y, de los tres restantes, se escogió a los dos proponentes que ofrecieron los mejores costos.

En la reunión, no se revelaron los costos de venta de energía propuestos ni los nombres de los proponentes seleccionados, que ahora negociarán los términos de sus respectivos contratos con la AEE y la AAPP.

“Cuando informemos a estos dos proponentes que vamos a entrar en las negociaciones, se informaría que ser seleccionados no les garantiza un contrato, sino la oportunidad de entrar en un contrato de venta de energía con el gobierno de Puerto Rico sin compromiso alguno. Si esos términos y condiciones no son favorables al gobierno de Puerto Rico, no estaríamos entrando a firmar un contrato”, subrayó Zapata, antes que los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, presidida por Eduardo Soria, avalaran la continuación de las negociaciones.

En la reunión, que se extendió por unos 15 minutos, no se detalló cuánto tiempo se espera que tomen las negociaciones con los proponentes o cuándo se proyecta que entren en servicio las unidades de generación temporal, a semanas del pico anual de demanda energética, que suele registrarse entre junio y septiembre.

El RFP publicado por la AAPP establecía como objetivo que la generación adicional estuviera disponible desde el 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada de huracanes.

Sin embargo, en entrevista previa con El Nuevo Día, el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón, había dicho que la contratación de barcazas hubiera acelerado los procesos de inyectar energía a la red, al venir equipadas con toda la infraestructura de generación y de interconexión al sistema, en comparación con unidades terrestres. En 2023, cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias financió un proyecto de generación de emergencia en las centrales de Palo Seco (Toa Baja) y San Juan, las 17 unidades tomaron entre tres y seis meses en operar.

Un período similar, en esta ocasión, imposibilitaría que los generadores adicionales contribuyeran a reducir los relevos de carga en el verano. LUMA Energy, operador del sistema de transmisión y distribución, pronosticó que entre mayo y octubre se registrarán más de 90 apagones selectivos, cuadriplicando los 20 que hubo hace un año.

Zapata señaló, ante la Junta de Gobierno, que ambos proponentes seleccionados ofrecieron instalar 400 MW de capacidad, que se interconectarían a las subestaciones de las centrales de Aguirre (Salinas) y Costa Sur (Guayanilla), pero no se brindaron detalles de la cantidad de unidades. El RFP dispuso que los contratos deben tener vigencia de un año, con dos posibles extensiones de un año cada una.

La determinación de echar a un lado la idea de trasladas barcazas hasta las costas de Salinas y Guayanilla para, desde ahí, generar la energía adicional fue producto de conversaciones con dependencias federales, como la Guardia Costera, la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, señaló el abogado Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services.

“Resultó ser tan y tan complicado el asunto... La Guardia Costera nos apercibió que, si Puerto Rico cae dentro del cono de un huracán, hay que retirar las barcazas de Puerto Rico y llevárselas fuera de la jurisdicción. Significa desconectar la energía de Puerto Rico en el momento que, posiblemente, más la necesitemos. (Tampoco) pueden regresar (a operar) hasta que la bahía sea inspeccionada y haya cumplimiento”, dijo el exfiscal federal en la reunión, en la que no se precisó cuántas empresas propusieron inyectar la generación de energía mediante barcazas.

Además de la Junta de Gobierno de la AEE, la contratación de los suplidores de energía temporera requerirá el visto bueno de la junta directiva de la AAPP, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal.