Menos de dos semanas después de remover montículos de material utilizado para relleno en el área de Bahía de Jobos, agentes del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) volvieron a realizar una intervención en Salinas, esta vez en el sector Poleos, donde una excavadora presuntamente se encontraba moviendo tierra en la zona marítimo terrestre.

De acuerdo con el escueto comunicado de la agencia, los oficiales del Cuerpo de Vigilantes observaron a una excavadora marca John Deere removiendo el terreno y rellenando, actividad para la cual, según el DRNA, no existía un permiso.

La dependencia informó que los vigilantes procedieron a someter querellas y emitir una orden de paralización de los trabajos, además de confiscar la maquinaria.

El DRNA –que al cierre de esta edición anoche no había ofrecido nombres de personas involucradas en los trabajos– indicó que había dado paso a una investigación. La zona marítimo terrestre está definida por ley como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles”, lo que incluye los terrenos sumergidos, playas, dunas, lagunas, estuarios, manglares y humedales.

Tan reciente como el 10 de enero, la propia secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, había acudido a una intervención en Bahía de Jobos, donde se encontraron cuatro montículos de relleno que, aparentemente, se utilizarían para ampliar el llamado Camino del Indio, que conecta las casas ubicadas frente al mar, incluidas varias que que ocupan espacio dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

Según la Ley de Muelles y Puertos de 1968, la zona marítimo terrestre es “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles”. La ZMT incluye: terrenos sumergidos, terrenos sensibles a mareas, playas, dunas, lagunas, estuarios, manglares y humedales intermareales.

El año pasado, luego de la publicación de reportajes periodísticos y una investigación legislativa, el DRNA demandó a 12 personas que, según el recurso, ocupan de manera ilegal los terrenos dentro de la reserva natural, donde todavía al presente se observan parcelas con espacios para la ubicación de casas rodantes, junto a anuncios ofreciendo oportunidades de acampar. La Reserva Estuarina cae bajo jurisdicción federal y es administrada mediante un acuerdo de comanejo entre el DRNA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

A través de la demanda, que se encuentra ante la consideración del Tribunal de Guayama, el DRNA busca que se reafirme su titularidad sobre la reserva y se ordene la remoción y demolición de toda estructura no autorizada, así como la mitigación o remediación de daños ambientales. La restauración del mangle, estimada en $4 millones, debería ser costeada por los invasores, reclama la demanda.

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien reaccionó a petición de este diario, indicó que su municipio cooperó en el proceso con la intervención de la Policía Municipal en coordinación con la Policía Estatal.

“El Consorcio de Permisos CCVS al que pertenecemos, también emitió una orden de cese y desista, ante la ausencia de permisos para movimientos de terreno en dicha zona marítimo terrestre. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en conjunto con las autoridades estatales y federales en la protección de nuestros recursos naturales”, destacó la alcaldesa en las declaraciones escritas.