La Junta de Supervisión Fiscal pidió dos meses a la jueza Laura Taylor Swain para que el gobierno determine si debe renegociar el acuerdo con ciertos bonistas de la la Autoridad de Energía Eléctrica. En la foto, los trabajadores de la corporación pública reparan una avería en Santurce luego del paso de la tormenta tropical Isaías. (Vanessa Serra Diaz)

El gobierno ha abierto la puerta para enmendar los términos del acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), informó en la noche del viernes la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La posible renegociación del RSA dependerá de la evaluación que realiza el gobierno, un proceso que podría tardar por lo menos otros dos meses. Ello, porque según la JSF, no sería hasta el próximo 25 de septiembre o en una fecha cercana cuando la administración de Wanda Vázquez Garced “alberga la esperanza de poder informar al tribunal los desarrollos en torno a su evaluación del acuerdo” y la moción radicada para su discusión bajo la regla 9019 del Código de Bancarrota.

Empero, agregó la JSF, independientemente del curso que tome el análisis, viabilizar el acuerdo con el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) ya no sería factible porque la sesión legislativa ha terminado, el ciclo electoral ha tomado su curso y porque el gobierno dedica sus energías a atender la pandemia del coronavirus, manejar la sequía que hasta hace unos días afectó a la isla e incluso, a restaurar el servicio eléctrico luego del paso de la tormenta tropical Isaías. Hasta este viernes, indicó la JSF, el 7% de los abonados de la AEE permanecía sin servicio eléctrico.

El coronavirus y las finanzas de la AEE

La petición de tiempo adicional se produjo en una moción radicada esta noche ante Laura Taylor Swain. De esa forma, la JSF cumplió con el plazo establecido por la jueza que preside los Casos de Título III de Puerto Rico, incluyendo la AEE, y quien luego de 9 meses de posposiciones, accedió el pasado 27 de marzo, a dejar nuevamente en el tintero la discusión del RSA. En esta última ocasión, como resultado de la incertidumbre asociada con la llegada del coronavirus a Puerto Rico.

El pasado 15 de julio, la JSF también pidió tiempo adicional para evaluar el impacto del coronavirus en la actividad económica de la isla y por ende, su impacto en las finanzas del gobierno territorial y a su vez, en el plan de ajuste del gobierno central.

La condición financiera de la AEE no es independiente de la del gobierno central y de la misma manera que la situación del gobierno central, se requiere tiempo adicional para entender cómo y si la situación afectará a la AEE y hasta qué grado (si alguno), ellos deben buscar enmendar el RSA”, indicó la JSF.

Según la JSF, mientras la discusión del RSA ha sido “pospuesta” debido a la incertidumbre por el coronavirus, otras movidas del gobierno como la selección de LUMA Energy para operar la red eléctrica ayudaría a la AEE a salir del Título III.

Según la moción de la JSF, radicada a nombre de la AEE, el gobierno mantiene su postura de “una salida consensual” del Título III, pero ello requiere examinar si los supuestos del plan fiscal de la AEE se convertirán en realidad a la luz de los efectos económicos que ha tenido la pandemia en la isla.

Seis años de impago

La decisión del gobierno debió caer como un balde de agua fría en el Ad Hoc-AEE y las aseguradoras municipales que lo suscriben, pues a la fecha, tanto la AEE como la JSF han incumplido con los términos del RSA pactado hace un año.

Según el RSA y entre otras cosas, el año pasado, la AEE estaba obligada a adoptar parte del cargo de transición que requería el acuerdo para pagar a los bonistas. Dicho cargo comenzaría en un centavo por kilovatio hora y luego aumentaría escalonadamente, pero nunca se puso en vigor.

A cambio de suscribir el acuerdo, los firmantes del RSA accedieron a retirar las demandas que exigían el nombramiento de un síndico en la corporación pública, un pedido que ha permanecido latente en el tribunal por más de tres años.

La deuda de la AEE acumula intereses, por lo que aparte de los cargos requeridos para establecer el RSA, la AEE continúa acumulando los pagos que no ha efectuado hace seis años.

La AEE fue la primera entidad del gobierno de Puerto Rico en incumplir con el pago de sus obligaciones al no honrar unos $700 millones en líneas de crédito para la compra de combustible en el año 2014.

Por lo general, la AEE ha cubierto los honorarios de abogados y asesores en estas renegociaciones, pero también ha cubierto ciertos honorarios de los bonistas que se han sentado a la mesa.

El acuerdo entre la JSF, la AEE y el Ad Hoc-AEE y Assured Guaranty es el tercero que han suscrito los acreedores sin que se haya puesto en vigor. El primero, se suscribió con la oficial de reestructuración Lisa Donahue, de Alix Partners. El segundo pacto, lo suscribió la administración de Ricardo Rosselló y rechazado por la JSF. El acuerdo para el cual se pide más tiempo fue impulsado por la propia JSF.

El 3 de mayo de 2019, la JSF anunció que llegaba a un acuerdo con aproximadamente el 51% de los tenedores de la deuda de la AEE, quienes aceptaron un recorte aproximado del 30% de su acreencia contra la corporación pública y modificaciones a la forma en que serían recompensados eliminando lo que en principio habría resultado en aumentos escalonados a la tarifa eléctrica por al menos tres décadas.

A grandes rasgos, la entidad sucesora de la deuda pública de la AEE pagaría a los bonistas con dos tipos de bonos, un primer bono incluiría principal e interés y un segundo bono de crecimiento, cuyo pago dependía de que se dieran ciertas condiciones económicas y financieras en la corporación pública.

Entonces, la JSF y el gobierno celebraron el acuerdo.

Cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced tomó las riendas de la isla como resultado de la salida forzada de Ricardo Rosselló Nevares, la mandataria avaló el pacto luego de un proceso de análisis, pero su discusión en corte como requiere la regla 9019 se pospuso una y otra vez.

Entre otras cosas, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), las firmas de inversiones que compraron unos $700 millones en líneas de crédito que la AEE tomó para la compra de combustible y la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) se han opuesto al acuerdo y han solicitado al tribunal conocer el alcance de las negociaciones que se llevaron a cabo.

A pedidos del representante del consumidor en la junta de gobierno en la AEE, Tomás Torres Placa, el economista Ramón Cao analizó el pacto y concluyó que este sería adverso a la economía de la isla y tampoco ayudaría a restablecer las finanzas de la AEE.