La investigación que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre posibles violaciones a la Ley Notarial y el Código de Ética de la Abogacía contra Juan Maldonado De Jesús comenzó oficialmente esta pasada semana cuando el querellante, el representante Denis Márquez, juramentó su queja.

Maldonado De Jesús, exdirector ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y exasesor legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sirvió de abogado de la empresa Apex General Contractors, a la que el gobierno le adjudicó por vía rápida un contrato de $38 millones para que supliera un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. La empresa no pudo cumplir con el contrato, reveló en primicia El Nuevo Día. Estos hechos desataron un escándalo en el país y una extensa investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Producto de la pesquisa legislativa se radicaron varios informes, incluyendo uno final de Márquez, quien identificó posibles violaciones a la Ley Notarial y a los Cánones de Ética Profesional de los abogados por parte de Maldonado De Jesús. Específicamente, “por notarizar un documento mediante el uso fraudulento de una firma digital y un documento que no fue firmado ante él, en perjuicio de la fe pública; por incluir una firma digital no autorizada en un contrato con el gobierno; y por hacer falsas representaciones al gobierno de Puerto Rico”, lee parte del informe del legislador independentista.

La firma digitalizada es la del empresario Aaron Vick y el documento notarizado, pero no suscrito en su presencia, fue firmado por el dueño de Apex, Robert Rodríguez López.

Según Márquez, Maldonado De Jesús pudo haber violado el Canon 6 (Conducta ante agencias gubernamentales), el Canon 18 (Competencia del abogado y consejo al cliente) y el Canon 38 (Preservación del honor y dignidad de la profesión). Márquez firmó su informe el 8 de julio, pero no pudo presentarlo ante el Alto Foro hasta el 21 del mismo mes y no fue hasta este pasado lunes que le indicaron que tenía que juramentar la queja.

La firma de Vick aparece en el contrato de Apex con el gobierno, pero el empresario ha dicho en repetidas ocasiones que no autorizó su firma digital para ese trámite específico. Vick sí reconoció que le proporcionó a Maldonado su firma digital, pero que no sabía para qué la utilizaría.

Durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara, Maldonado De Jesús se amparó inicialmente en el privilegio de abogados y clientes cuando el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, le preguntó por qué se procuró que Vick apareciera como representante firmando en los documentos de Apex. Luego dijo que “tener un nombre americano se ve con mejores ojos”.

Maldonado De Jesús insistió en la vista celebrada el 11 de mayo que Vick sí sabía el propósito por el cual le solicitó su firma digital. El abogado indicó que si él firmaba el documento la transacción podía afectarse a raíz de su renuncia al cargo como administrador de la ATM.

En el caso de Rodríguez López, alegó ante la Comisión de Salud de la Cámara en una audiencia a puerta cerrada que el negocio de Apex con el gobierno se hizo a sus espaldas, a pesar de que luego trascendieron mensajes de texto en que celebraba la transacción millonaria con Maldonado De Jesús.

Durante una vista pública en la Cámara, Maldonado De Jesús se amparó en la Quinta Enmienda cuando se le preguntó si, al notarizar una resolución corporativa de la empresa, Rodríguez López estuvo presente como requiere la Ley Notarial. En dicha resolución corporativa se autorizaba a Vick a firmar el contrato millonario con el gobierno.

“Me amparo en la Quinta Enmienda y mi derecho a la no autoincriminación”, dijo Maldonado ese día tras consultar con su abogada Mayra López Mulero cuando se le preguntó si notarizó la Resolución en presencia de Rodríguez López. Maldonado tampoco pudo precisar con exactitud si la firma del documento, que él notarizó, era la de Rodríguez López.

Márquez recalcó la importancia que tiene que el Alto Foro investigue la conducta de Maldonado De Jesús. “El Tribunal Supremo regula la profesión de los abogados en Puerto Rico y estamos hablando de que es el foro indicado para atender estos asuntos”, dijo el legislador. “Son actuaciones vinculadas no solo al ejercicio de la notaría y de la abogacía, sino que se trata también de una persona que utilizó la profesión y participó en un esquema de corrupción de $38 millones. Como notario hizo planteamientos en las vistas de que actuaba como abogado, hizo expresiones rechazadas por otros testigos e hizo expresiones que son actos ilegales ante el gobierno de Puerto Rico”.

Márquez reveló que también recibió confirmación de la Oficina de Ética Gubernamental, otra dependencia a la que había enviado su informe final de la pesquisa.