La Unión Independiente Auténtica (UIA) le enviará una comunicación la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados exigiendo el cumplimiento con las disposiciones de seguridad establecidas en la nueva orden ejecutiva. (Alex Figueroa Cancel)

Las organizaciones que agrupan a los empleados públicos se alistan para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad ante el COVID-19 plasmadas en la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que dispone a partir de mañana, lunes, el regreso a labores presenciales de los trabajadores que permanecían en labores a distancia.

La determinación de regresar a labores presenciales tomó por sorpresa a los gremios, según dijeron líderes sindicales.

“No fue un tema que se discutió con nosotros, con los gremios ni con los trabajadores, sino que la gobernadora entendió e impuso el criterio que entendía”, apuntó Luis De Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA).

Ante la determinación, De Jesús indicó que la organización enviará mañana una comunicación oficial a la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, exigiendo el cumplimiento con las disposiciones de seguridad que establece la orden ejecutiva 066, que entró en vigor el sábado.

“Tenemos un área que hay tres (casos) positivos. Nuestros trabajadores están bien expuestos, son de contacto y son la primera cara en Acueductos, que atienden los clientes, que atienden cualquier rotura, cualquier situación de emergencia”, relató el líder sindical.

Uno de los principales llamados de la UIA a su patrono es cumplir con la adjudicación de la licencia especial por COVID-19 establecida en la orden ejecutiva 021 firmada por la gobernadora el 12 de marzo. Dicha licencia cubre por 14 días a un empleado catalogado como caso sospechoso de COVID-19 mediante certificación médica o, diagnosticado con el virus, sin que haya que cargar ese periodo de cuarentena o aislamiento a la licencia por enfermedad o vacaciones.

De Jesús sostuvo que en algunos casos ya la Autoridad ha cargado a las licencias regulares los días que han empleados han tenido que ausentarse para realizar una prueba de COVID-19 por sospecha de contagio.

“Han querido cargar esto a sus balances de licencias, y nosotros estamos en contra de eso. En algunos casos se está reclamando, en otros casos ya la Autoridad tomó esa determinación que nosotros entendemos que no es la correcta”, sostuvo.

“No se tuvo el mejor análisis"

Por su parte, el presidente de la unión Servidores Públicos Unidos (SPU), Benjamín Borges, denunció la falta de discusión previa sobre la nueva orden, de parte de La Fortaleza con los gremios de trabajadores.

“Nos pareció que no se tuvo el mejor análisis en términos de tiempo para implementación y que definitivamente no se tomó en consideración a los empleados públicos, a pesar de que el 27 de mayo, cuando la gobernadora se reunió con más de 30 dirigentes de uniones del sector público, se comprometió a discutir con nosotros la reintegración en el trabajo presencial de los empelados públicos”, afirmó.

Borges explicó que, a pesar de que un 80% de los representados por dicha unión ya se encontraban trabajando de forma presencial previo a la nueva orden, la determinación de que los empleados que continuaban trabajando de forma remota deben regresar a sus oficinas, anunciada el jueves en la tarde, prácticamente dejó un día laboral –el viernes– para hacer ajustes con relación a lo que implique el regreso de los trabajadores en las distintas agencias.

“Significaría que se tienen que reintegrar a lugares donde a lo mejor se ha completado la capacidad que pueda tener la oficina en términos de la cantidad de empleados presenciales que pueden tener, sin que se afecte la protección del distanciamiento físico, que es primordial en estos casos”, mencionó Borges.

El presidente de SPU relató, por ejemplo, que la unión participó el viernes de una reunión en el Programa de Servicios con Antelación a Juicio, “en la que apenas ese día se estaba informando que estarían instalando los acrílicos de división pea empleados que trabajan en oficinas”.

El trabajo remoto sigue siendo una opción

El líder sindical subrayó que, a pesar de lo anunciado por la gobernadora el jueves, la nueva orden mantiene el trabajo remoto como una opción.

La orden establece que “deberá considerarse el teletrabajo como una opción viable para aquellos empleados con necesidades o condiciones particulares al momento de revisar los Planes de Trabajo, en la medida que se posible, conforme a las funciones de los puestos”.

Asimismo, sostiene que “las agencias que ofrecen servicios al público mantendrán sus operaciones de manera presencial, sujeto a los parámetros de salud establecidos para prevenir el contagio de COVID-19 en sus facilidades”.

Además, respecto a las medidas de seguridad, “se recomienda trabajo con plantilla reducidas, horarios escalonados, teletrabajo, u otras medidas”, las agencias deben asegurar el monitoreo y/o cernimiento del personal previo a la entrada al lugar de trabajo, debe haber modificaciones a las áreas de oficina, medidas de control para lograr el distanciamiento físico entre empleados y clientes o público, disponibilidad de equipo de protección personal, entre otras determinaciones.

En la misma dirección, aunque la mayoría de los empelados representados por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) en el Departamento de Educación (DE) ya habían regresado al trabajo de forma presencial, la vicepresidenta Karen de León expresó preocupación ante el hecho de que se sumen trabajadores en espacios en los que el patrono no está cumpliendo con los protocolos.

“La preocupación de que regresen muchas más personas a los planteles escolares y las oficinas de distrito es una preocupación general, porque sabemos que los protocolos en muchas de ellas no se están cumpliendo como debe ser y tenemos muchas escuelas y muchas dependencias que han reportado casos positivos”, manifestó de León. “No hay voluntad para resolver nada de manera efectiva a favor de los empleados y empleadas en el Departamento”.

Al interior de las dependencias gubernamentales, las denuncias de empleados han sido consistentes respecto a la falta de cumplimiento de los patronos públicos con las medidas de seguridad para proteger la salud de los trabajadores y el público.

En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en Bayamón, un empleado que prefirió no ser identificado, denunció a este medio que el patrono no ha tomado medidas en todos los espacios para que se logra el distanciamiento físico entre los empleados, no informa adecuadamente a la plantilla cuando hay un caso positivo de COVID-19 o sospecha, no ha provisto parte del material de protección –como desinfectante de manos– y hay indicios de no cumplir con la licencia especial de COVID-19.

“Me preocupa mucho el asunto del compromiso que puedan tener las agencias en cuanto al cuidado y protección a sus empleados. Yo sé que tenemos que dar un servicio, estamos ahí para dar un servicio a la ciudadanía, pero ese servicio no puede ser poniendo a empleados y a otros pacientes en riesgo, solamente por dar una imagen”, señaló.