Aunque las tensiones entre sus representantes se hicieron patentes nuevamente, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy presentaron un acuerdo –avalado por el oficial examinador del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)– para que, a la petición de revisión tarifaria que el consorcio entregue el 3 de julio, se incorpore el requisito de ingresos que prepare la corporación pública.

El oficial examinador a cargo de administrar la revisión tarifaria, Scott Hempling, acogió la propuesta de las partes luego de obtener garantías de LUMA de que, entre el 25 de junio y el 3 de julio, será posible integrar a la petición la porción de ingresos que la AEE considera que necesitará para los años fiscales 2026, 2027 y 2028. El 25 de junio es la fecha en que la AEE ha consignado que podrá entregar la información que, según LUMA, debió haber sometido hace más de dos meses.

Si bien, en una vista virtual la noche del miércoles, las partes parecieron coincidir en la viabilidad de que el requisito de ingresos se integre a corto plazo, no quedó claro, de inmediato, qué efecto tendría sobre el ajuste a la tarifa base que LUMA solicitará. A preguntas de Hempling, uno de los consultores de LUMA, Sam Shannon, indicó que traducir el requisito de ingresos que se obtenga de la AEE a un monto particular dentro de la tarifa base que pagan los consumidores podría tomar, al menos, semana y media.

Ante ese panorama, la AEE y LUMA, en una moción conjunta, habían propuesto que el 4 de agosto –un mes después que se entregara la petición de revisión tarifaria– el operador privado sometiera una versión enmendada del ajuste que incluyera los cálculos provenientes de los requisitos de ingresos estimados por la corporación pública.

Hempling sostuvo, en cambio, que le parecía innecesario recibir en agosto lo que, en síntesis, sería una segunda petición de revisión tarifaria, en vista de que se anticipa que, a lo largo del análisis por parte del NEPR –que incluirá el testimonio de peritos y diversas partes interesadas–, ocurrirán de todas formas numerosas enmiendas a la propuesta original de LUMA.

La representante legal de LUMA, Margarita Mercado, indicó que coincidía con Hempling, pero que la moción conjunta incluyó esa propuesta a petición de la AEE, lo que fue confirmado por Mirelis Valle Cancel, abogada de la empresa estatal.

“Queríamos tener una entrega completamente integrada”, dijo la letrada en la vista, que Hempling citó pocas horas antes.

A lo largo de la media hora que se extendió la vista, Hempling cuestionó el interés de la AEE de agilizar el ritmo de los procedimientos asociados a la revisión de la tarifa –proceso que no se realiza desde 2017– e, incluso, convocó a la directora ejecutiva de la corporación pública, Mary Carmen Zapata, para obtener de ella el compromiso de que, si identificaba trabas internas, las notificaría de inmediato.

“Entendemos la urgencia del proceso y estamos comprometidos con cumplir con los calendarios”, dijo Zapata.

Ante la petición de Valle Cancel de que, a futuro, LUMA comunique “a tiempo” sus peticiones relacionadas con la revisión tarifaria, Hempling replicó que, a su juicio, la negligencia, en ese aspecto, recaía sobre la AEE, mientras que Mercado, bajo la premisa de que “ella (Valle Cancel) no está presentando el cuadro completo”, solicitó que se permitiera a personal del consorcio consignar para récord las reuniones en las que se discutieron los plazos para la entrega de información.

Hempling, sin embargo, no dio paso al pedido.

“Esta basura entre ambas compañías tiene que parar. Lo que pasará es que, en algún punto del caso tarifario, tendré a los directores ejecutivos allí y averiguaré por qué este arreglo de tres partes, que la Legislatura quería y todo el mundo aprobó, tiene tantas trabas, porque estoy preocupado de que afecte las operaciones, seguridad, costos, confiabilidad y el bienestar de varios millones de personas”, exclamó Hempling, refiriéndose a los procesos que segmentaron la administración del sistema eléctrico entre LUMA, Genera PR y la AEE.

La tarifa base del sistema aprobada en 2017 ronda los siete centavos por kilovatio hora, pero LUMA ha insistido que, tan solo para sostener sus operaciones, se requiere un aumento de 3 a 5 centavos, a lo que podrían sumarse otros cargos para cubrir pensiones y repagar la deuda de la AEE.