Foto de archivo de una manifestación convocada por la familia de Andrea Ruiz Costas para conseguir que se divulguen los audios de las grabaciones de las vistas judiciales en la que la víctima buscaba protección.
Foto de archivo de una manifestación convocada por la familia de Andrea Ruiz Costas para conseguir que se divulguen los audios de las grabaciones de las vistas judiciales en la que la víctima buscaba protección. (Teresa Canino Rivera)

La familia de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja en abril pasado, manifestaron hoy, lunes, sentir que el derecho a ser protegidos por las instituciones fue quebrantado.

Sus expresiones surgen luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegara la solicitud para revisar el caso que impidió la divulgación de las grabaciones de las comparecencias a corte de Ruiz Costas, quien fue al Tribunal de Primera Instancia de Caguas a buscar protección contra su expareja, quien eventualmente la asesinó, según confesó Miguel Ocasio Santiago.

“Ya todo resulta muy doloroso y pedimos espacio”, indicó la familia en declaraciones escritas a la prensa.

Los seres queridos de Ruiz Costas aseguraron que sabían que el proceso legal sería “cuesta arriba” y lamentaron el no poder saber qué hubiera pasado si el máximo foro federal hubiera atendido el caso en sus méritos.

“Sin embargo, quien tuvo la potestad de proteger la vida de Andrea no fue el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fue nuestro Departamento de Justicia y el mal llamado ‘Poder’ Judicial. ¿A qué ‘poder’ se refieren? ¿Al poder de contribuir a salvar la vida de Andrea? ¿Se refieren al poder de autorizar a la familia y a la prensa a ver y escuchar las grabaciones? ¿Se refieren al poder de salvaguardar la transparencia en favor de los ciudadanos que buscan justicia? O, más bien, entendemos que se refieren al abuso de poder que evidencian en todas sus acciones: ese poder de autoprotegerse para evitar ser fiscalizados”, rezan las declaraciones.

No obstante, la familia destacó su convicción a continuar “luchando” para que las víctimas de violencia de género en Puerto Rico reciban atención y sea “tomadas en serio” por el aparato judicial.

“No merecen menos. El país está en alerta. Las víctimas ya fallecidas y sus familias también merecen paz y justicia. Gracias a tantos que nos apoyan día a día. Seguiremos trabajando en la búsqueda de la transparencia por Andrea, por todas, por nuestro derecho a saber”, añadieron.

Piden acción a la Legislatura

La Clínica de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale (MFIA, en inglés) —entidad que ayudó a radicar el recurso el pasado 29 de octubre— urgió a la Legislatura del archipiélago a tomar acción y enmendar la Ley de la Judicatura de 2003 para aclarar que los procedimientos por violencia doméstica están abiertos al público.

Además, lamentaron que la Corte Suprema federal no considerara revisar la determinación de la mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico de denegar acceso a conocer qué ocurrió en los casos en los que Ruiz Costas solicitó auxilio a los tribunales.

“Es decepcionante que la Corte Suprema de los Estados Unidos se haya negado a revisar una decisión de Primera Enmienda obviamente incorrecta en un caso profundamente importante para el pueblo de Puerto Rico. La decisión de la Corte de hoy no es un respaldo a la determinación de la Corte Suprema de Puerto Rico”, sostuvieron en declaraciones conjuntas Stephen Stich, abogado de récord de MFIA, y el director de la Clínica, David Schulz.

Stich, por su parte, reconoció que la jueza presidenta del Tribunal Supremo local, Maite Oronoz Rodríguez, anunciara el nuevo programa Court Watch.

El caso fue llevado hasta Washington D.C. por una alianza entre la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC), con el apoyo de las escuelas de derechos de las universidades de Puerto Rico (UPR) e Interamericana, así como de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Ponce y del Colegio de Abogados y Abogadas.

La Clínica de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale junto a los abogados Edgar Villanueva y Rafelli González Cotto radicaron a nombre de la Asppro el recurso legal solicitando la revocación del fallo del Supremo de Puerto Rico con la intención de que los audios de los procesos judiciales en los que participó Ruiz Costas sean divulgados al país.

“Irónicamente, la ausencia de un expediente bien desarrollado, que fue causado por la negativa de la Corte Suprema de Puerto Rico en permitir que la Asppro presentara argumentos en cualquier etapa del procedimiento, bien pudo haber contribuido a la decisión de la Corte de no tomar el caso”, apuntó Stich.

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