La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) confirmó hoy que el proceso de remover las miles de botellas de agua ubicadas en la pista del aeropuerto José Aponte de la Torre, en la antigua base naval Roosevelt Roads de Ceiba, podría tomar un tiempo “considerable”.

“El contrato para disposición y reciclaje de las botellas de agua que se encuentran en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba fue otorgado a la compañía Puerto Rico Drilling el 20 de noviembre de 2018. El contratista acordó compactar y moler las botellas plásticas en cajas 4x4 que se entregarán a una instalación de reciclaje de plástico en Jacksonville, Florida”, detalló a El Nuevo Día Juan A. Rosado Reynés, portavoz de FEMA en Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Rosado Reynés indicó que el contratista también triturará más de 20,000 paletas de madera para vender como mantillo (mulch).

“Durante este proceso, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) emitió una serie de recomendaciones para implementar en la disposición y reciclaje de las botellas de agua. Este paso adicional, a pesar de prolongar el proceso, cumple con los requisitos de ley”, agregó el funcionario.

El contrato con Puerto Rico Drilling tiene un término de seis meses que podría ser extendido, de ser necesario, sostuvo el portavoz.

Las expresiones de FEMA surgen luego de que un fotoperiodista de El Nuevo Día tomó una fotografía aérea ayer, en la que se observa una gran cantidad de botellas en la pista.

La controversia sobre estos suministros data del 11 de septiembre de 2018, cuando el periodista norteamericano, David Begnaud de CBS News, compartió imágenes aéreas en su cuenta de Twitter de las botellas en la pista e indicó que le pertenecían a FEMA.

En ese momento, el ente federal - mediante el coordinador Justo Hernández- explicó que colocaron los suministros en la pista por entender que tenían un “exceso” de más de poco más de 20 mil paletas de agua ubicadas en 1,157 contenedores que tenían que ser devueltos tras la emergencia del huracán María el 20 de septiembre de 2017.

Luego trascendió que el gobierno recibió el 30 de mayo el control de la distribución de los suministros -valorados en $22,259,644- a través de la Administración de Servicios Generales (ASG). Durante ese periodo, la ASG distribuyó unas 700 paletas de agua a varios municipios.

Por su parte, la ASG destacó que el manejo de las botellas de agua le corresponde a FEMA y que la agencia no posee ningún control en torno a su disposición, pese a que previamente tuvieron la titularidad de estas para distribuirlas a los municipios.

Un informe de la Oficina del Contralor con fecha del 18 de diciembre del pasado año establece que la agencia canceló el contrato de transferencia y devolvió las paletas de agua a FEMA el 13 de septiembre, con la recomendación de destruir “toda el agua que no se distribuyó”, que totalizaba 20,101 paletas de agua.