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Mediante un acuerdo con el Departamento de Educación, Casa Pueblo y el Municipio de Adjuntas ocupan distintas instalaciones de la antigua Escuela Elemental Washington Irving. (Archivo / GFR Media)
Mediante un acuerdo con el Departamento de Educación, Casa Pueblo y el Municipio de Adjuntas ocupan distintas instalaciones de la antigua Escuela Elemental Washington Irving. (Archivo / GFR Media)

La medida que buscaba transferirle al gobierno municipal de Adjuntas la titularidad de la Escuela Elemental Washington Irving, en el centro urbano de ese pueblo, podría sufrir enmiendas sustanciales para incluir también como propietaria del inmueble a la organización de autogestión comunitaria Casa Pueblo.

La propuesta surgió ayer durante una reunión que sostuvieron el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, y directivos de la entidad sin fines de lucro, y fue acogida favorablemente por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Michael Abid Quiñones Irizarry, autor de la pieza legislativa en controversia.

Quiñones Irizarry presentó el 10 de enero la Resolución Conjunta de la Cámara 28, con la intención de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) transfiera al Municipio de Adjuntas, por el valor nominal de $1, todo el predio donde se sitúa la antigua escuela, incluido el área donde opera el Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura (ICBC), proyecto educativo de Casa Pueblo.

En los edificios que componen la antigua escuela, Casa Pueblo opera desde el 2002 el ICBC, mientras que la administración de Barlucea estableció el año pasado un Centro Head Start, que ahora planifica expandir.

“Soy una persona de diálogo y, si ellos están de acuerdo, ¿por qué no voy a estar de acuerdo”, manifestó el representante de la mayoría del PNP en entrevista con El Nuevo Día.

“La intención nunca ha sido sacar a Casa Pueblo. La intención es que el municipio pueda adquirir el título de la escuela, invertir en el área que usa y mantener el acuerdo con Casa Pueblo, pero si ellos sugieren ese cambio y están de acuerdo, no tengo ningún problema”, subrayó el legislador.

Quiñones Irizarry se encuentra fuera del País, y no pudo estar presente en la reunión que tuvo ayer Barlucea con el fundador de Casa Pueblo, Alexis Massol, y su hijo, Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de la Junta de Directores de la organización.

En ese encuentro, ambas partes acordaron promover enmiendas a la resolución legislativa, de manera que se le transfiera al ayuntamiento la parte que utiliza en la actualidad, y la organización obtenga la titularidad del edificio que opera.

El alcalde novoprogresista se comprometió, además, a coordinar una reunión la semana próxima con el representante por Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya.

“Quiero que los tres salgamos contentos de la reunión para que, al fin y al cabo, quien se beneficie sea el pueblo de Adjuntas”, manifestó el alcalde entrevista separada con este medio.

“Como alcalde, he tenido la buena fe y la buena intención con Casa Pueblo, y nunca ha pasado por mi mente excluirlos o que pierdan sus facilidades. Eso nunca ha pasado por mi mente”, insistió Barlucea.

El alcalde adjunteño argumentó que es parte de la política de la administración de Rosselló Nevares transferir a los municipios u otras entidades aquellas propiedades o activos estatales en desuso. Enfatizó que la pieza legislativa fue presentada en ese contexto.

Reconoció que, en el barrio Yayales, en la zona rural de Adjuntas, hay otro plantel escolar que no se está utilizando, pero dijo que ese no le interesa. “El municipio no tiene interés porque no tenemos un proyecto desarrollado”, sostuvo.

En la escuela Washington Irving, actualmente asisten cerca de 100 estudiantes del Programa Head Start, y laboran alrededor de 20 empleados, según el ejecutivo municipal.

El plan de Barlucea es trasladar a esos edificios las oficinas administrativas del programa educativo.

Igualmente, dijo que está en conversaciones para adquirir otras instalaciones estatales, pero para establecer fábricas u otras iniciativas de desarrollo económico.

Massol Deyá advirtió ayer que, como fue sometida en la Cámara de Representantes, la resolución conjunta no es viable porque atentaría contra el proyecto educativo y cultural que establecieron hace 15 años.

El ICBC cuenta, entre otras cosas, con un auditorio, laboratorio de ecología, salón de música y galería de arte, y ha servido como centro de investigación y estudios para alumnos del sistema de la Universidad de Puerto Rico e instituciones académicas de Estados Unidos.

“No queremos controversias. Esperamos que esto haya sido simplemente una mal calculada instancia, un asunto que quede atrás”, expresó, por separado, Massol Deyá tras el encuentro en la alcaldía.

“Hace 15 años, estamos trabajando nuestros proyectos, hemos remodelado el edificio, tiene energía solar, se taparon filtraciones, removimos asbesto. El que quiere puede ir allí y ver lo que allí se hace”, comentó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez.

Recordó que, durante el pasado cuatrienio, en el Senado fue sometida una medida tripartita que ordenaba traspasar a Casa Pueblo el edificio que hoy reclaman.

La legislación fue avalada en el Alto Cuerpo, pero no fue considerada en la Cámara de Representantes.

“La parte de la segregación es sencilla, es viable… El compromiso del alcalde fue que (la reunión con Quiñones Irizarry) se hiciera de manera expedita y urgente, que esa resolución se pueda enmendar y que prosiga su trámite legislativo como debería ser, de una manera consultada y acordada”, puntualizó Massol Deyá.