Imagen de archivo de confinados. (Juan Luis Martínez Pérez)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma en varias medidas que enmiendan el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” y que pretenden beneficiar a la población correccional y a sus familias.

La primera de las medidas, el Proyecto de la Cámara 2020 para que la agencia pueda suscribir acuerdos colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que en las instalaciones se habiliten áreas desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la población correccional y con los miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo.

Esta medida fue presentada por el representante José “Quiquito” Meléndez.

Igualmente, la mandataria firmó el Proyecto del Senado 1181 para de extenderle a toda la población penal, sin diferenciarlos por el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena conducta y asiduidad.

La medida, de la autoría de los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot, persigue poder incentivar la buena conducta de los confinados y que se cumplan las penas impuestas por los Tribunales de Justicia.

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte de un programa de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, que observe buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia: por una sentencia que no excediere de 15 años, 12 días en cada mes; o por una sentencia de 15 años o más, 13 días por cada mes.

Además, toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, con posterioridad a la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida bajo las mismas condiciones anteriormente expuestas, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia: por una sentencia que no exceda 15 años, 6 días en cada mes o por una sentencia de 15 años o más, 7 días por cada mes.

Las sentencias se computarán desde su admisión a la institución de que se trate o desde que se concede la libertad bajo palabra.

Se excluye de las bonificaciones toda condena que apareje pena de reclusión de 99 años, toda condena que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, conforme establecen el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal vigente, la condena impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que deba cumplirse en años naturales.

También, la primera ejecutiva firmó la Resolución Conjunta del Senado 462 que ordena al DCR establecer un programa piloto de visitas virtuales en el sistema correccional. La medida, presentada por el senador Héctor Martínez Maldonado, fue de las que la gobernadora incluyó en la Sesión Extraordinaria.

Finalmente, Vázquez Garced convirtió en ley la medida Proyecto de la Cámara 2204, del representante Wilson Román que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico”, para fijar los límites de la conversión de la pena de multa a un máximo de 90 días de reclusión.

Si la pena de multa o los días de servicio comunitario impuestos no fueran satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertirá en pena de reclusión a razón de $50 dólares por cada día de reclusión o por cada8 horas de servicio comunitario no satisfecho. En cualquier momento, el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido.

“Todas estas medidas están dirigidas a seguir nuestro mandato constitucional para que nuestras instituciones penales sirvan de manera efectiva al tratamiento adecuado a su población para hacer posible su rehabilitación moral y social. Entre varios derechos, los confinados tienen derecho a un trato humanitario, y aquí entra su debido acceso a los tribunales, mantener los vínculos familiares, y contar con facilidades o espacios para la reunión y la práctica religiosa, así como la visita de organizaciones y líderes o representantes religiosos”, dijo Vázquez Garced.

El secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, agradeció a la gobernadora por la firma de estas medidas y a la Asamblea Legislativa “por pensar en nuestros confinados”.

“Esta es una herramienta adicional para el sistema correccional, para poder afianzar ese proceso de rehabilitación que no es solo el deseo del Departamento, sino un mandato constitucional. Creo que mientras más herramientas nos provea la Asamblea Legislativa y la gobernadora estampando su firma, constituye en un beneficio directo para las confinadas y los confinados del sistema. Sé que serán muy bien recibidos dentro del sistema correccional. Hoy se hace historia para ellos”, señaló Rivera Juanatey.