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La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y prejuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia.
La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y prejuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia. (David Villafañe Ramos)

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Mediante una orden ejecutiva firmada hoy, miércoles, la gobernadora Wanda Vázquez Garced otorgó inmunidad a los hospitales privados, las facilidades médicas y el personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de ser positivos a la enfermedad COVID-19 u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.  

La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia ya sea porque han atendido pacientes positivos de COVID-19 o pacientes con otras condiciones.  Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.

El abogado Ariel Caro Pérez, presidente de la comisión de salud y responsabilidad médico hospitalaria del Colegio de Abogdos y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), explicó que, aunque la gobernadora tiene poderes amplios durante emergencias, “la preocupación estriba en una declaración de inmunidad que pudiera atentar contra un derecho reconocido por el Tribunal Supremo, que es el derecho de las víctimas de impericia médica a tener acceso a los tribunales para reivindicar sus derechos”.

Agregó que conforme al ordenamiento jurídico le corresponde a la Asamblea Legislativa sopesar los derechos de los pacientes vis a vis las protecciones a los profesionales de salud. Sin embargo, la legislatura tampoco puede interferir con derechos de pacientes protegidos en la Constitución, recordó.

Caro Pérez dijo, además, que la orden tiene un problema de amplitud excesiva debido a que parece cubrir todo procedimiento médico y no solamente a aquellos relacionados a COVID-19. “Esta amplitud, a mi juicio, invalida la orden o debería invalidarla”, aseveró el también profesor de impericia médica en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El abogado aclaró que “no está en controversia que hay que apoyar a los profesionales de la salud, que son el personal más importante en esta emergencia”, pero eso es distinto al problema legal que plantea esta orden. El apoyo al personal médico debe ser con recursos, con negociaciones para que las aseguradoras de salud les paguen lo correspondiente, observó.

La orden es amplia en torno a las facilidades médicas a las que cubre. Incluye a centros de diagnostico y tratamientos, centros de rehabilitación, facilidades de cuido extendido, centros de cirugía ambulatoria, programas de servicios de salud en el hogar, laboratorios clínicos, facilidades radiológicas, consultorios médicos, servicios de telemedicina y otros.  

En cuanto a los profesionales de salud, la inmunidad no se limita a médicos, sino también a enfermeros, dentistas, terapistas respiratorios, terapistas ocupacionales, paramédicos y hasta voluntarios.

En esta orden ejecutiva, Vázquez Garced ordena, en mayúsculas, que todas las facilidades y profesionales de la salud asistan al gobierno en el esfuerzo de respuesta ante la emergencia de salud.

La primera ejecutiva justifica que 19 estados de Estados Unidos le han extendido inmunidad a las facilidades y profesionales de salud que prestan servicios a la ciudadanía como parte de la respuesta de emergencia.

A juicio de Caro Pérez, otro defecto de la orden es que carece de  justificación, en un momento en que los hospitales tienen un censo bajo de pacientes y que en los tribunales no existe éxito razonable de probar impericia médica en cuanto a COVID-19, pues es una cepa nueva del coronavirus que aún carece de estándar de cuidado médico. 

“Es innecesario, esto es otro ejemplo más de cómo los gobiernos están tratando de extender inmunidad a todos los médicos y hospitales. En vez de inmunidad, estamos hablando de impunidad”, puntualizó el experto en esta disciplina.