

15 de septiembre de 2025 - 4:39 PM
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó este lunes la firma del contrato para el suministro de gas natural licuado a largo plazo entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y New Fortress Energy (NFE), el cual, supo El Nuevo Día, se extendería por siete años.
“Recibimos el contrato el viernes, y ahora se procederá con la evaluación del mismo”, indicó el ente fiscal a este medio.
El viernes, la JSF había consignado que las partes estaban cerca de finiquitar el acuerdo. Esa información estaba contenida en una misiva en la que el ente fiscal aprobó la extensión, por una semana más, del contrato provisional que NFE ha mantenido desde julio para suplir combustible a 14 unidades generatrices de emergencia en las centrales San Juan y Palo Seco.
Al momento, sin embargo, se desconocen los términos y condiciones del nuevo acuerdo, más allá de que se extendería por siete años y sería renovable a tres años. La aprobación de un contrato multianual tiene que pasar el cedazo de la JSF, que desde inicios de agosto funciona con un solo miembro, John Nixon.
El Nuevo Día solicitó expresiones del director de la AAPP, Josué Colón, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta. Mientras, el portavoz de NFE, Bernardo Fiol, indicó a este medio que, “en este momento”, la empresa “no va a emitir declaraciones”.
El suplido de gas se ha mantenido ininterrumpido mediante un contrato provisional, vigente desde el 17 de julio, y que ha sido enmendado en ocho ocasiones.
“La Junta de Supervisión solicitó que, no más tarde del 10 de septiembre de 2025, el 3PPO (Oficina Independiente de Adquisiciones) actualizara el estatus de las subastas competitivas para los procesos de ‘Multi-Site’ y ‘Exigency’. El 12 de septiembre de 2025, el 3PPO informó a la Junta de Supervisión que se encontraba en las negociaciones finales con el proponente seleccionado”, indicó el abogado principal del organismo, Jaime El Koury, en la carta del viernes en la que se autorizó la octava enmienda al acuerdo.
El proceso “multi-site” al que la JSF aludió se refiere a la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) que la AAPP publicó en abril para procurar la adquisición de gas natural para la mayoría de las plantas generatrices que Genera PR administra, un trámite que la firma Regulatory Compliance Services ha gestionado en su rol 3PPO. El “exigency”, en tanto, es el proceso de emergencia que, desde julio, se ha implantado para asegurar la continuidad del suplido tras el vencimiento del contrato anterior que mantuvo NFE el 11 de julio.
Bajo el RFP, el 3PPO adjudicó un contrato a la empresa Crowley para proveer gas natural a la central de Mayagüez, luego que se modifiquen las unidades para operar con este combustible, y un segundo contrato, de 15 años y $20,000 millones, a NFE para el resto de la flota. La JSF, no obstante, objetó en julio el acuerdo preliminar con NFE, al señalar que contenía cláusulas que no velaban por el interés público.
Si bien la gobernadora Jenniffer González y el zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, han deplorado públicamente las condiciones que NFE supuestamente impuso bajo el RFP, las negociaciones continuaron amparadas en que la gasífera tiene control exclusivo, hasta 2038, del muelle de San Juan que representa la única entrada viable para el gas natural en la costa norte.
Las negociaciones, además, prosiguieron, a pesar de que NFE, en pasados días, divulgó su informe financiero del segundo trimestre del año, que arrojó pérdidas de más de $557 millones y confirmó que ha reclutado varias firmas de asesoría para entrar con conversaciones con sus acreedores.
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El reportero Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.
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