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La exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la ex directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila; el presidente de BDO, Fernando Sherrer Caillet; las contratistas Glenda y Mayra Ponce; y el contratista Alberto Velázquez Piñol. (GFR Media)
La exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la ex directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila; el presidente de BDO, Fernando Sherrer Caillet; las contratistas Glenda y Mayra Ponce; y el contratista Alberto Velázquez Piñol. (GFR Media)

Al menos una persona adicional participó en el esquema de fraude y lavado de dinero en conjunto con Alberto Velázquez Piñol, uno de los seis acusados hoy, miércoles, por la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

La información fue confirmada por la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, en respuesta a El Nuevo Día.

“Sí”, respondió Rodríguez cuando se le preguntó si conocía el nombre de la otra persona que presuntamente participó en el esquema.

“La investigación continúa, no puedo decirles más”, afirmó la fiscal federal, al tiempo que dijo que en las alegaciones hay otros individuos cuyos nombres son conocidos y otros que no.

Como subcontratista de BDO, Velázquez Piñol recibió el 10% de los fondos otorgados a la firma de consultoría BDO Puerto Rico que fueron gestionados por él. Pero no queda claro quién es la persona que conecta a Velázquez Piñol con la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, también acusadas en el día de hoy.

“La acusación que anunciamos en el día demuestra como BDO logró operar de manera fraudulenta contratos por decenas de millones de dólares en agencias gubernamentales”, afirmó la fiscal federal durante una conferencia de prensa.

Un gran jurado federal presentó 32 cargos por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero a Keleher, Ávila y a Velázquez Piñol, así como al presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet y las contratistas y hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza.

“Los acusados utilizaron la posición de Keleher y de Ávila Marrero en el gobierno para beneficiarse y enriquecerse y defraudar al gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos”, apuntó Rodríguez. 

Sigue las incidencias

La jefa de fiscales destacó que ambas exjefas de agencia se aprovecharon de sus posiciones privilegiadas para su propio interés.

"Es una pena que veamos este tipo de esquemas, una vez detrás de otra. Hay mucho por hacer por Puerto Rico y estos acusados en el día de hoy se lucraron, buscaron beneficiarse ellos personalmente para seguir con sus intereses personales y no pensar en que podían ayudar, estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico”, sostuvo. "Este es el tipo de casos donde se menciona tantas veces que son fondos federales, que dan vergüenza”, puntualizó.

Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) indicó que Velázquez Piñol acudió a la oficina de los alguaciles en Connecticut, donde reside, para entregarse, en momentos que se llevaba a cabo la conferencia de prensa. 

"Yo no puedo comentar lo que estamos investigando todavía", cuando El Nuevo Día preguntó sobre los contratos de BDO en otras agencias, incluyendo Hacienda. "Las investigaciones que hacemos continúan”. 

“Nuestra misión continúa”, afirmó Leff, luego de agradecer a la ciudadanía por su cooperación en este caso. 

Los acusados se exponen a una pena de hasta 5 años de cárcel por conspiración, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 20 años por fraude electrónico. Además, podrían enfrentar multas de un mínimo de $250 mil. 

Por su parte, sobre el presunto fraude en Educación el director de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, Neil Sánchez manifestó que "las víctimas son esos ciudadanos y estudiantes que necesitan la asistencia para educación”. 

Asimismo, José Luis Soto Santiago, subdirector de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, aseguró que continuarán investigando todo delito federal que impacte los fondos de Medicare y Medicaid en la isla. 

"Esto le debe llevar un mensaje a todas aquellas personas, compañías y funcionarios públicos, particularmente a los sufragados con fondos federales. Este tipo de conducta no va a ser condenada”, afirmó. 


"Sí esto afecta la credibilidad, porque estamos hablando de que esto pasó en la agencia que administra los fondos de Medicaid en Puerto Rico, eso en su momento dado CMS tendrá que tomar una determinación", indicó Soto Santiago, ante el hecho de que el Gobierno se encuentra en este momento solicitando fondos adicionales para el plan de salud gubernamental. 


"Sí la Oficina del Inspector General va a tener unas reuniones con CMS, a darle una serie de recomendaciones a raíz de esta investigación", sostuvo.