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El gobernador RIcardo Rosselló Nevares, quien se encontraba ayer en Bogotá, Colombia, destacó que las partidas certificadas suponen recortes para la UPR y los municipios. (GFR Media)
El gobernador RIcardo Rosselló Nevares, quien se encontraba ayer en Bogotá, Colombia, destacó que las partidas certificadas suponen recortes para la UPR y los municipios. (GFR Media)

El presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prevaleció ayer con la determinación de la jueza Laura Taylor Swain en la que desestima los principales argumentos del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su demanda contra el organismo federal, incluyendo la usurpación de poderes que alegaba el mandatario.

De inmediato, el gobernador y los líderes legislativos afirmaron que analizarán con sus abogados la posibilidad de apelar la decisión de la jueza Swain en el Primer Circuito Apelativo de Boston.

Si la decisión de Swain se mantiene como final y firme, este sería el segundo presupuesto que impone la JSF por encima de la voluntad expresa de gobernador. La JSF, por la fecha de su formación, no llegó a intervenir con las recomendaciones presupuestaria del antecesor de Rosselló Nevares, Alejandro García Padilla.

El nuevo escenario implica que la administración Rosselló tendría que adoptar un presupuesto que no cuenta con fondos asignados para el bono de Navidad de los empleados públicos puesto que no hay una partida específica para cubrir ese desembolso en el presupuesto certificado por la Junta.

A nivel operacional, el panorama conlleva la implantación de una programación de gastos que el Ejecutivo ha objetado desde el propio proceso de discusión presupuestaria.

Por ejemplo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá solo $618,000 para sus gastos de funcionamiento, la inversión en los sistemas de contabilidad del gobierno se reduce a la mitad ($25.5 millones) en comparación con lo que recomendó el mandatario y la Policía tendrá $25 millones para atender sus gastos, situación que podría dejar las patrullas sin combustible, según ha advertido el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera.

Estas objeciones del Ejecutivo ocurren a pesar de que la asignación de ingresos y gastos aprobadas por la JSF es $48 millones mayor a la que aprobó la Asamblea Legislativa y el gobernador.

La decisión judicial

La demanda que presentó la Asamblea Legislativa contra la JSF, con argumentos similares a los esbozados por el mandatario, fue desestimada en su totalidad.

Mientras, la demanda del gobernador sufrió un revés en sus principales argumentos.

Swain, quien preside los casos de bancarrota bajo el Título III de la Ley Promesa, específicamente denegó el pedido de interdicto y de sentencia declaratoria que el gobernador solicitó a los efectos de que se reconozcan como recomendaciones las determinaciones de política pública contenidas en el plan fiscal vigente.

Del mismo modo, desestimó la alegación del gobierno de que la Junta se había excedido en sus poderes, pues el gobierno no especificó en qué provisiones o qué poderes son los que se les habían usurpado a los oficiales electos de la isla.

Con la demanda, el gobernador buscaba que se trazara una raya o se definieran mejor los poderes que posee la Junta, según establece la Ley Promesa, y los que tiene el gobernador por disposición de la Constitución de Puerto Rico, habilitada por la Ley 600 del 1950, también aprobada por el Congreso estadounidense.

“El poder otorgado a la JSF por la sección 205 (b)(1)(K) de Promesa permite a la JSF hacer elecciones de política vinculantes para el gobierno central, a pesar del rechazo del gobernador a las recomendaciones bajo la sección 205”, establece la jueza en su decisión que ocurre casi un mes después de radicada.

“Que esta autoridad poderosa para hacer ciertas determinaciones de política importantes descanse en última instancia en la JSF no deja, sin embargo, al gobernador electo irrelevante o sin dientes”, agregó Swain. Explicó que Promesa provee para que sea el gobierno quien primero provea la guía para los recursos fiscales y que, en este caso, ambas partes reconocieron que hubo negociaciones “extensas”.

Jueza no resolvió todo

La jueza, sin embargo, concluyó que aun cuando Promesa provee para que a través de los planes fiscales mejore la gobernanza, la contabilidad y los controles internos del gobierno, el estatuto “no autoriza explícitamente” que se creen “detonantes” en un presupuesto que automáticamente limiten los gastos en un presupuesto posterior.

También, Swain establece que el organismo federal no tiene facultad de aprobar leyes y que solo tiene “herramientas presupuestarias” y de “negociación” para obtener las acciones deseadas de parte de los oficiales electos de la isla.

Rosselló Nevares reclamó ante el Tribunal que la Junta no podía imponer de antemano acciones correctivas ni castigar a los funcionarios electos por incumplir con la programación de ingresos y gastos que se establece en el presupuesto.

Específicamente, en la demanda, el gobernador retaba la validez de las disposiciones en el plan fiscal que le impiden reprogramar fondos entre las agencias sin la aprobación de la JSF, las determinaciones sobre cuántas agencias el gobierno deberían mantener y los recortes presupuestarios que automáticamente se activarían si una dependencia no cumple con las metas trazadas en los documentos fiscales.

Estos reclamos no fueron desestimados por la jueza, quien refirió las controversias a la magistrada Judith Dein, quien la asiste en el manejo de los casos de bancarrota bajo la Ley Promesa.

Previo a la decisión de hoy, Swain había celebrado una audiencia en el Tribunal Federal en Hato Rey en la que discutió con las partes la demanda presentada por el gobernador el 5 de julio.

Recuerda el acuerdo

Ayer, al conocerse la decisión, el mandatario recordó que había llegado a un acuerdo con la JSF para impedir la eliminación del bono de Navidad y la reducción de los días de vacaciones y enfermedad de los servidores públicos a cambio de la derogación de la Ley 80, que indemniza a empleados despedidos sin justa causa. La Junta promueve la eliminación de este estatuto y que Puerto Rico sea una jurisdicción de empleo “por voluntad”, porque entienden que así se pueden atraer más inversionistas a la isla.

La Legislatura aprobó una derogación prospectiva del estatuto. Es decir, que le aplicaría a los que fueran empleados a partir de la fecha de vigencia del estatuto. Esta versión prospectiva de la derogación no fue suficiente para la Junta. El Senado rehusó una derogación total del estatuto.

La decisión del Tribunal federal sujeta el pago del bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos”, sostuvo Rosselló Nevares en declaraciones escritas emitidas desde Bogotá, Colombia, donde se encuentra en un viaje oficial.

El gobernador destacó que las partidas certificadas por la JSF suponen reducciones en los gastos de la Universidad de Puerto Rico, los municipios y las iniciativas de desarrollo económico.

“Analizaremos con nuestros asesores la posibilidad de apelar esta determinación y seguiremos buscando alternativas para evitar los males que alertamos y advertimos”, sostuvo Rosselló Nevares.

Reacciona la Junta

El presidente de la JSF, José B. Carrión resaltó, por su parte, que los planes fiscales y los presupuestos certificados “son la ruta a seguir” para la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico.

“No debe haber duda de que el presupuesto del año fiscal 2019 certificado por la Junta es el único y debe cumplirse con el mismo. Hacemos un llamado a que todas las partes trabajemos nuevamente por el bien de Puerto Rico, de manera que se ponga fin a décadas de mala administración y se le dé paso a la reconstrucción de nuestra isla”, sostuvo Carrión, en un comunicado de prensa.

El presidente del organismo indicó que, en los “próximos días y semanas”, la Junta espera que “el gobierno demuestre progreso sustancial en cuanto a la implantación de reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sector público, y en lograr que la economía de Puerto Rico sea más atractiva para negocios e inversionistas”.

La expectativa de la Junta es que se generen las reformas necesarias en este periodo en que la economía de Puerto Rico recibe miles de millones de dólares para la reconstrucción del país, de modo que la economía se mantenga en terreno positivo al menos por los próximos cinco años.

El dilema del status

El tema económico, sin embargo, no fue la comidilla en la discusión política. Los comentarios se concentraban en denunciar la determinación como una reiteración de los poderes coloniales de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

El propio gobernador fue el primero en emitir comentarios denunciando los poderes de la Junta sobre los que ejercen los funcionarios electos de Puerto Rico.

“Esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”, dijo el mandatario.

En similares términos se expresaron los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz.

Los fundamentos para la desestimación de la demanda presentada contra la Junta de Control Fiscal reiteran la bochornosa condición colonial de Puerto Rico. Lo habíamos advertido. Es una vergüenza para los Estados Unidos de América mantener a Puerto Rico como colonia... La determinación de la jueza no borra de la mente de nuestro pueblo, los abusos, la soberbia y la incapacidad de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. La Junta no ha resuelto un solo problema en la isla. De hecho, la Junta es parte del problema”, expresó Rivera Schatz.

Este es un día muy triste para el proceso democrático en nuestra nación, los Estados Unidos. Esta decisión establece que el principio de una voz, un voto, piedra angular de toda democracia, no es válido en la colonia de Puerto Rico. El alcance del fallo de la juez Swain deja claro nuevamente que Puerto Rico es un territorio, sujeto a todos los poderes del Congreso de los Estados Unidos sin más otra consideración... Nos reafirmamos que la Junta tiene el poder de recomendar, pero no de ordenar”, expresó, por su parte, Méndez.

En el pasado, los líderes legislativos alegaron que la JSF, con la imposición de su versión del presupuesto, actuó “en represalias” por no haber derogado la Ley 80, al recortarles su presupuesto, a razón de $8.7 millones en el Senado y $10.2 millones en la Cámara baja.

Frente común

El senador y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, calificó la determinación como la versión más reciente de la “humillación colonial” que ejerce Estados Unidos sobre Puerto Rico.

“Es otro insulto que se suma a la larga caravana de humillaciones previas. Si algo ha quedado demostrado es que la ruta a seguir para enfrentar a la Junta y el sistema colonial que permite su imposición no son los tribunales. Si se quiere acabar con esta humillación es necesario tomar la ruta de la confrontación política ante el gobierno de los Estados Unidos”, indicó.

El líder independentista exhortó al gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) a ejercer un frente en común junto al PIP y el minoritario Partido Popular Democrático (PPD) para pedir al unísono en el Congreso la eliminación de la JSF y el fin del status colonial de Puerto Rico.