La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó este miércoles una resolución que revirtió una autorización, emitida en 2022, que delegaba en LUMA Energy la responsabilidad exclusiva de someter solicitudes de fondos de reconstrucción para proyectos del sistema de transmisión y distribución eléctrico.

El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Eduardo Soria Rivera –quien, además, es director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés)–, puntualizó, en la reunión regular mensual del ente, que cualquier decisión sobre la delegación de la responsabilidad de someter proyectos debe recaer en la directora ejecutiva de la corporación pública, Mary Carmen Zapata, y no en el organismo rector. La Resolución 5020, aprobada en noviembre de 2022, concedía al presidente de la Junta de Gobierno la discreción de traspasar esa función a LUMA, que desde junio de 2021 opera la red de transmisión y distribución.

De momento, sin embargo, no se precisó si Zapata, igualmente, delegaría total o parcialmente la responsabilidad en el consorcio. Al momento de la aprobación de la resolución de la Junta de Gobierno, Zapata no se encontraba presente, por lo que fue el director de Asuntos Jurídicos de la AEE, Lionel Santa, quien argumentó en favor de la moción.

“FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) ha sido más que vocal, se ha expresado de todas las formas posibles, en cuanto a que, ante FEMA, la AEE es la (entidad) responsable. Dadas las situaciones que se han dado en los últimos años, la AEE entiende que lo más responsable es revocar esa resolución y emitir una nueva resolución en la cual se autorice a la directora ejecutiva de la AEE que sea la persona con la autorización para poder autorizar las solicitudes en el ‘grant portal’ (portal de subvenciones) de los fondos federales y ‘oversight’ (supervisión) sobre el uso y manejo de fondos federales del operador privado”, planteó Santa.

Al momento de esta publicación, no se había recibido una reacción solicitada a LUMA sobre el posible impacto que tendría la nueva resolución aprobada en la Junta de Gobierno de la AEE.

La Resolución 5020 se emitió cuando la Junta de Gobierno era presidida por Fernando Gil Enseñat, quien, conforme al texto de la determinación, tenía la facultad de delegar en LUMA la presentación de los proyectos federales.

Específicamente, la resolución de 2022 autorizó “al presidente de la Junta de Gobierno a formalmente autorizar y consentir que LUMA actúe como la única entidad con facultad para administrar solicitudes de subvenciones a través del portal de subvenciones y con la autoridad última para revisar y aprobar los documentos sometidos en conexión con los proyectos de reconstrucción del (sistema) de transmisión y distribución”.

Durante la reunión de este miércoles, Soria Rivera fue enfático en que, si bien la AEE puede optar por delegar total o parcialmente esa función en el operador privado de la red, debe ser la gerencia de la corporación pública, ahora liderada por Zapata, quien defina los parámetros, en lugar de la Junta de Gobierno.

“No hace sentido operacional, porque quien ejecuta es la persona que está trabajando, que es la directora ejecutiva, en este caso. En todas las entidades que he visto, en ninguna este poder está en la junta. (…) Como cuestión tanto práctica como legal, ciertamente debe ser la directora de la AEE quien tenga esa delegación de autoridad y responsabilidad, no el presidente de la Junta (de Gobierno), ni la Junta incluso, porque eso es una decisión operacional”, recalcó Soria Rivera.

La determinación de la Junta de Gobierno que, de momento, devuelve el control de la solicitud de proyectos a la gerencia de la AEE se produce en momentos en que LUMA ha reafirmado ante la gobernadora Jenniffer González y los miembros del Comité de Transformación Energética la estrechez financiera en la que se encuentra operando debido, supuestamente, a los incumplimientos de la corporación pública en las transferencias periódicas de presupuesto y la obsolescencia del modelo tarifario, que no se actualiza desde 2017.

En la comunicación, con fecha del 21 de abril, LUMA afirmó que requiere entre $500 millones y $800 millones anuales adicionales para administrar adecuadamente la red y ejecutar los proyectos necesarios para su reparación.

En cambio, el gobierno, encabezado por el zar de Energía y director de la Autoridad para la Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, ha atribuido los problemas de LUMA a su presunta incapacidad de gestionar eficientemente los fondos federales. Según datos de la AAPP, LUMA tiene cuentas por pagar con contratistas y suplidores de materiales ascendentes a $177 millones.