El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, adelantó hoy, martes a El Nuevo Día que evalúa realizar ajustes en las Fiscalías de Distrito para cumplir con la orden de que se asigne, al menos, un fiscal en cada caso de violencia de género que se lleve ante los tribunales.

Emanuelli añadió que también estudia rescindir los destaques aprobados a fiscales para laborar en otras agencias o que realizan otras funciones.

Aunque dijo desconocer cuánto tiempo tomará el proceso, aseguró que de inmediato comenzará a cumplir con la orden emitida ayer, lunes, por el gobernador Pedro Pierluisi tras las críticas que surgieron del caso de Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada por su expareja Miguel Ocasio Santiago luego que el tribunal de Caguas le denegó una orden de protección por violencia de género al no encontrar causa.

“Lo vamos a cumplir”, sostuvo Emanuelli. “Como van a aumentar de ahora en adelante las comparecencias, creo que hay que hacer una reestructuración en algunas fiscalías, mover fiscales y procuradores para un lado para que vean esas vistas”.

La orden de Pierluisi se debe a que la Ley 54 contra la Violencia Doméstica dispone que no es necesaria la presencia de un fiscal para presentar una denuncia, salvo en los casos “donde hay violencia o abuso mayor”, explicó Emanuelli.

El resultado fue que no hubo causa para arresto contra Ocasio Santiago en la vista en la que Ruiz Costas informó que contaba con evidencia de amenazas.

“Con solo ella haber dicho que él le envió un texto donde le decía X o Y, que la amenazó con tal y tal cosa, que no fuera totalmente inverosímil, como se ve que no era, pues la juez (Ingrid D. Alvarado Rodríguez) venía obligada a determinar causa probable”, dijo Emanuelli.

“Y si no declaraba causa, todavía tenía la facultad de emitir una orden de protección. Todas esas oportunidades las dejó pasar”, añadió.

Para tratar de que no ocurra algo similar, ahora Justicia enviará un fiscal para cada denuncia de violencia de género.

Además de reasignaciones de fiscales, Emanuelli dijo que no solo reclutará más personal, sino que solicitaría el regreso de los fiscales que están en destaque en otras agencias del gobierno.

El mes pasado, El Nuevo Día reveló que Justicia autorizó que 28 fiscales y procuradores de asuntos de familia y menores ejerzan funciones distintas a las de investigación y procesamiento criminal para las que fueron nombrados.

“Yo creo que sí se puede (cumplir la orden con los fiscales existentes), haciendo un esfuerzo. A lo mejor haría falta buscar unos (fiscales) más, hacer algún movimiento y, si fuera necesario, llamar para atrás algunos destaques”, dijo Emanuelli.

“Una vez transcurre el año o antes, con las personas que están en destaque, (se puede) empezar a llamar para atrás. Esa es una posibilidad”, abundó el funcionario, quien recalcó el llamado para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorice más fondos no solo para la contratación de más personal, sino para costear distintas ayudas para las mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, Emanuelli recordó que antes de la denuncia radicada el 26 de marzo, un día antes Ruiz Costas solicitó una orden de protección siguiendo el procedimiento civil del que no participa el Negociado de la Policía ni la Fiscalía.

“El tribunal le dice que no la puedo escuchar hoy porque no está la otra parte y la señala para el 31 de marzo. En ese momento, aunque el tribunal suspendiera esa vista, en abundancia de cautela, pudo haber expedido una orden exparte, que tuviera una vigencia de 48 horas. Eso es lo que se destila. No se lo dio para el día 31 de marzo”, expuso el titular de Justicia.

A preguntas sobre por qué la fiscalía no llevó el caso en alzada aun cuando la víctima no quisiera hacerlo por la frustración de los dos intentos previos, Emanuelli contestó que “sí existe (ese recurso) pero, ¿sabes cuánto tiempo hay para eso? 60 días”.

“¿Crees que en un caso, donde tienes la muerte a dos pies de tu espalda, vas a estar pensando en ir en alzada? Eso existe, pero no tiene ninguna validez, no tiene ninguna lógica. Lo que tienen que hacer los jueces es emitir la orden de protección en cautela”, afirmó.