Sin un plan estatal de adaptación aprobado, la anulación –por parte de la administración de Donald Trump– de la “determinación de peligro” que sentaba las bases para limitar legalmente las emisiones contaminantes que aceleran el cambio climático coloca nuevamente contra las cuerdas a Puerto Rico, donde la población, por sus características sociodemográficas, es particularmente susceptible a alteraciones en temperaturas y la erosión costera.