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Ángela Dávila, de ASES, y Luz E. Cruz Romero, de Medicaid, comparecieron ayer a una vista pública de la Cámara de Representantes.
Ángela Dávila, de ASES, y Luz E. Cruz Romero, de Medicaid, comparecieron ayer a una vista pública de la Cámara de Representantes. (Gabriella Báez)

Un 6% de la población carece de un seguro médico, situación que se agrava con el incremento en el costo de los servicios de salud y la inminente posibilidad de que la matrícula de la Reforma aumente con los empleados públicos que quedarían pronto sin cubierta.

Este escenario salió a relucir ayer, en una vista pública de la Cámara de Representantes, que investiga cuántas personas en el país no tienen un plan médico, y evalúa los preparativos para el inicio del nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno (PSG) el 1 de noviembre.

“No contamos con el presupuesto (necesario)”, expresó Luz Enilda Cruz Romero, directora del programa Medicaid, durante la vista pública en la que se discutió la Resolución de la Cámara 524.

Cruz Romero se refirió a la posibilidad de que el PSG no pueda absorber la entrada de un grupo grande de asegurados cuando se reduzca dramáticamente la aportación patronal al plan médico de 30,000 empleados de corporaciones públicas.

Se espera que las aportaciones disminuyan entre $100 y $125 por persona por mes, cuando algunos empleados recibían una aportación patronal mensual de sobre $900 para el plan médico.

En junio, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anunció que, según la Ley 26 de 2017, a partir de enero de 2019 se centralizará la negociación y contratación de los planes médicos de los empleados públicos, incluyendo los de corporaciones públicas.

“Estamos tratando, junto con Aafaf, de ver cuáles van a ser estos impactos (de la Ley 26)”, señaló Ángela Ávila, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Indicó que la evaluación que la ASES realiza -junto a la Aafaf- debe estar lista al 31 de diciembre.

Anticipó que una posibilidad es mantener la aportación patronal actual a empleados públicos con condiciones crónicas o terminales para que puedan continuar sus tratamientos.

Por otra parte, explicó que entre las personas sin seguro se encuentran algunas que se niegan a adquirir uno, pero también inmigrantes que no pueden solicitar entrar a la Reforma hasta que hayan transcurrido cinco años desde que obtuvieron su permiso de residencia.

Mientras, Cruz Romero dijo que el gobierno tampoco brinda una cubierta de servicios de salud de emergencia a inmigrantes que tengan necesidades médicas antes de que cumplan ese término de cinco años porque no tiene fondos para ello.

Cruz Romero reconoció que aunque hace años hubo una iniciativa para darles cubierta a embarazadas inmigrantes, este esfuerzo culminó cuando se acabaron los fondos federales que lo sostenían. Durante la vista, trascendió que solo 95 embarazadas inmigrantes se beneficiaron de este esfuerzo.

De otra parte, Ávila indicó que actualmente no hay ninguna solicitud de pequeñas y medianas empresas o cooperativas para entrar al PSG. Anticipó que el gobierno evalúa hacer un nuevo producto para los empleados públicos. Indicó que la solicitud de propuesta debe estar lista a finales de año para que pueda entrar en vigor en julio de 2019.