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El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (GFR Media)
El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. (GFR Media)

Aumentos en los costos de matrícula, la implementación de un nuevo sistema de ayudas económicas para los estudiantes, una plantilla cada vez más reducida de docentes y edificios que aún presentan los daños del huracán María...

Los primeros dos meses y medio del año académico en la Universidad de Puerto Rico (UPR) han estado marcados por la incertidumbre generada por el impacto de los recortes presupuestarios que ha enfrentado la institución por los últimos cinco años.

“La UPR ha atendido responsablemente la reducción de $333 millones en el presupuesto sin afectar la calidad académica, sin cierre de recintos ni despido de empleados”, señaló el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo.

No obstante, la situación parece haber alcanzado su punto de inflexión, luego que Haddock Acevedo reconociera, a mediados de mes, que el sistema universitario no podrá cumplir con sus responsabilidades fiscales de este año fiscal más operar con el recorte de $71 millones que se impondrá el próximo año fiscal, el cual está contenido en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Este reconocimiento ha provocado que diversos grupos de la comunidad universitaria hayan dado los primeros pasos para llevar un mismo reclamo ante la JSF y gobierno central.

Sin embargo, la administración universitaria aún se queda corta al comparar sus posturas con las de sectores como los estudiantes, profesores y empleados, planteó el secretario general de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), Rady Lugo.

“Honestamente, a nosotros nos cuesta creer que este esfuerzo de la administración universitaria es verdaderamente genuino. Nosotros venimos advirtiendo que el cierre de recintos sería una de las consecuencias del recorte en el presupuesto y nos cuesta creer cuando antes se nos ignoró”, manifestó Lugo.

Para los estudiantes, los requerimientos de la JSF a la UPR son injustos, particularmente ante el rol que tiene la institución en el desarrollo social y económico, señaló el representante estudiantil del recinto de Cayey ante la Junta Universitaria, Richard Santini.

“Esta lucha no es de ahora”, indicóSantini.

En 2017, se realizó una huelga estudiantil precisamente en rechazo a los recortes que se planteaban en ese momento como parte de la confección de la primera versión del plan fiscal. Se estima que desde 2015, la UPR ha dejado de recibir más de $800 millones a causa de la congelación de la fórmula presupuestaria que se utilizaba para asignarle dinero del Fondo General.

El jueves pasado, representantes de la CEN, el Movimiento Estudiantil del recinto de Río Piedras, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) anunciaron la creación de un frente unido para oponerse a los recortes presupuestarios al sistema universitario y la posibilidad de que se cierren recintos. Su reclamo va más allá de la petición de la administración universitaria para que no se concrete el recorte de $71 millones para el próximo año fiscal, pues exigen que se reviertan todos los recortes que se han implementado desde 2015.

El plan fiscal -cuya versión más reciente se dio a conocer el 5 de junio pasado- dispone recortes que ascenderían a $450 millones de 2018 a 2023. La UPR ya ha recibido el grueso de estos; en los últimos tres años ha experimentado una reducción de $333 millones en su presupuesto.

“Hemos hecho todos los ajustes, todos los ahorros. Trabajamos el presupuesto como se debe, completados tres estados financieros, logramos (recuperar) la acreditación (de los 11 recintos), invertiremos en mejoras permanentes en infraestructura, reformamos las ayudas estudiantiles. Todo eso se ha logrado y generamos economías de $67 millones. Hicimos todo eso, pero la Junta no lo reconoce y nos pide ajustes mayores”, manifestó Haddock Acevedo.

El líder universitario detalló que, el pasado 18 de octubre, le presentó una propuesta escrita a la gobernadora Wanda Vázquez sobre cómo atender la situación en la UPR. Asimismo, prevén tener reuniones la semana que viene en la Asamblea Legislativa para entregar un “plan de acción” para allegar más fondos a la institución.

Pago inminente

La JSF ha establecido una serie de medidas que, de acuerdo a sus estimados, podrían aumentar los ingresos de la institución a $160 millones anuales para 2024, las cuales se centran en el aumento de costos para los estudiantes y la reducción en las ayudas económicas para los estudiantes. Asimismo, propone una reforma al plan de pensiones de los empleados que, junto a otros recortes, podrían reducir los gastos del sistema universitario en $200 millones para el mismo período.

Al centro de la controversia de este año fiscal está la aportación patronal al Sistema de Retiro de la UPR. En el presupuesto que la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en junio pasado, el pago de la administración al plan de pensiones ascendería a $80 millones. En el presupuesto certificado por la JSF, se supone que serían $160.9 millones.

El presidente de la UPR y el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, manifestaron en julio que no cumplirían con las disposiciones del presupuesto confeccionado por el organismo fiscal. Tres meses después, Haddock Acevedo reconoció que tendrán que cumplir con el pago de $160.9 millones, pero no ha explicado claramente a qué se debe el cambio de postura.

“Ellos tienen una responsabilidad fiduciaria de proteger el sistema de retiro. Es su responsabilidad, la tienen todos los miembros de la Junta de Gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal está aumentando la aportación para ajustarla al último estudio actuarial y al estudio de experiencia, eso es lo que hace falta para evitar la insolvencia del sistema”, expresó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos.

El borrador del estudio actuarial de 2019 detalla que la aportación patronal de la administración universitaria debería ser de $150 millones, indicó Berríos. Este informe llegó a manos de la Junta de Gobierno de la UPR en verano, precisó Berríos.

En una carta enviada a la UPR el 5 de octubre, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, destacó que un análisis actuarial comisionado por el organismo fiscal concluyó que el sistema de retiro universitario quedaría insolvente para el 2031 si no se toman medidas para financiarlo adecuadamente.

No obstante, Haddock Acevedo destacó que la UPR ha logrado generar ahorros similares a los dispuestos por la JSF sin tomar medidas drásticas, como mayores aumentos en los costos de matrícula, el cierre de recintos o el despido de empleados.

La Administración Central del sistema universitario ha impulsado, además, la consolidación de ciertas funciones administrativas entre recintos para reducir gastos, sin tener que crear las estructuras de conglomerados descritas en el plan fiscal.

Hace seis meses, los recintos de Aguadilla y Arecibo consolidaron sus oficinas de presupuesto, detalló la rectora de Aguadilla, Ivelice Cardona. Asimismo, el rector de Utuado, Luis Tapia, indicó que ha consolidad su oficina de recursos humanos con la del recinto de Arecibo. Por su parte, el rector interino de Humacao, Moisés Cartagena, señaló que ya trabaja para compartir recursos con el recinto de Cayey.

“Somos un equipo y vamos a hacer todo lo que podamos para seguir con el plan del presidente de mantener los recintos abiertos y sin despedir empleados”, manifestó el rector de Arecibo, Carlos Andújar.