Decenas de terapistas, padres y madres de estudiantes de Educación Especial se dieron cita este martes en la Milla de Oro, en Hato Rey, para reclamar que el Departamento de Educación pague el dinero que adeuda a proveedores de servicios, en la mayoría de los casos, por terapias brindadas desde marzo.

La avenida Luis Muñoz Rivera, frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), quedó bloqueada antes del mediodía por la manifestación.

“Hemos hecho un llamado a todo el país para que cojan consciencia de la injusticia contra los nenes”, señaló el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, Víctor Moreno.

Señaló que, a pesar de varias conversaciones con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, la mayoría de los proveedores de servicios contratados para brindar terapias mediante el mecanismo extraordinario conocido como remedio provisional no han recibido pagos por el trabajo realizado en marzo ni abril.

“El secretario no nos han dicho nada de cuando sale el dinero”, sostuvo Moreno. “Nos dicen que la corrida de los pagos sale martes y jueves. Que si va a salir este martes, nada, el jueves, nada de nada... Siguen alargando el chicle para que sigamos cumpliendo con el servicio en lo que manejan lo de los fondos federales”, agregó.

Estimó que la agencia les adeuda unos $40 millones, basado en datos de Educación que señalan que los servicios facturados en marzo ascendieron a unos $17 millones. En total, hay cerca de 400 proveedores bajo remedio provisional.

En respuesta a la manifestación, el Departamento de Educación se remitió a expresiones realizadas la semana pasada por el secretario, en las que sostuvo que la agencia trabaja para emitir los pagos a los proveedores de terapias a pesar de los retos que supone la congelación de fondos federales.

Moreno destacó que la organización que representa reclama, además, que se asigne una partida de unos $100 millones para cubrir los servicios de remedio provisional en el presupuesto del próximo año fiscal. Señaló que, de manera extraoficial, le llegó información que se había identificado parte de ese dinero.

“Y al final de este mes se van a añadir más facturas”, manifestó. “Lo que pedimos que nos dé una certeza de la aprobación del dinero, que es lo que estamos solicitando para el próximo año, y una fecha concreta de cuándo salen los pagos de ahora. Llevan semanas diciendo que tienen el dinero, pero las cuentas (de los especialistas) siguen sin recibir dinero”, añadió.

Poco después del mediodía del martes, Moreno indicó que aún no habían logrado comunicarse con ningún representante de la JSF, mientras trabajaban para coordinar una reunión con Ramos Parés.

Las terapias a los estudiantes se extienden hasta el último día de clases, que es el 6 de junio. Moreno indicó que sabe de proveedores que han tenido que suspender las terapias por problemas financieros, contrario a lo que ha dicho públicamente el secretario de Educación.

“Me preocupa grandemente esa palabra que él utiliza de que no hay niños que estén sin servir. Para él, esa es su verdad porque él se entera hasta 30 días después, cuando entregamos la factura al final del mes. Ahí es que lo ve. Pero lo que a él le sale en 30 días, nosotros lo sabemos en tiempo real. Él tiene su verdad porque es lo que ve del mes anterior, pero lo de este mes, no lo sabe todavía”, expresó Moreno.

En la manifestación también participaron integrantes de la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación.

El Departamento de Educación federal detuvo el desembolso de $401 millones en fondos federales que ya estaban obligados para Puerto Rico, incluyendo partidas para el pago de servicios ofrecidos y facturados. Previo a que la agencia local recibiera la notificación oficial, el 28 de marzo, se habían emitido $89.4 millones en pagos para proveedores desde el inicio del año académico. Entre el 28 de marzo y el 19 de mayo, se han emitido pagos ascendentes a $7.8 millones, detalló Educación.

La JSF, por su parte, solicitó a Educación un plan detallado para mitigar el impacto del recorte en fondos federales, que representarían un déficit de $199.9 millones para el año fiscal en curso. Educación originalmente tenía hasta el viernes pasado para entregar la información, pero El Nuevo Día supo que el ente le concedió una prórroga y debe entregarla “esta semana” para que ambas entidades discutan las opciones.

Educación ya comenzó a recibir parte de los fondos federales que estaban bajo análisis.

“Los servicios que reciben nuestros estudiantes del Programa de Educación Especial siempre han sido una prioridad para mí y mi secretariado. De igual manera, tomamos con mucha responsabilidad la situación de nuestros proveedores. El equipo de trabajado se ha mantenido el ritmo de trabajo fiscal aún en medio de retos externos. No descansaremos hasta lograr el pago justo de todos los servicios prestados. Agradezco a cada terapista por su compromiso y reitero que estamos trabajando con sensibilidad y urgencia para completar este proceso” estableció Ramos Parés, por escrito, el 20 de mayo.

Mientras, una comunicación escrita enviada por el secretario a los proveedores informa que se han identificado $80 millones para el próximo año fiscal y se trabaja con la JSF y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para cumplir con los pagos corrientes.

“El personal de presupuesto de la Junta recomendó favorablemente la aprobación de los planteamientos de redistribución, incluyendo una inyección de fondos estatales para remedio provisional. Igualmente, ante la dilación del Departamento de Educación federal, el director de OGP se comprometió a proveer los fondos estatales para el pago de todos los servicios hasta que culmine el año fiscal. Ya la oficina de presupuesto del DE está preparando la petición”, indicó Ramos Parés.