LUMA Energy sometió el viernes al Negociado de Energía (NEPR) una petición de reconsideración tras la negativa del regulador a autorizar un aumento tarifario de emergencia de 2.76 centavos por kilovatio hora, que el consorcio sostiene que son indispensables para llevar a cabo mejoras urgentes al sistema de transmisión y distribución eléctrica.

Al reiterar la solicitud, LUMA Energy buscará convencer al organismo de que flexibilice la definición de “emergencia” que expuso el 29 de mayo, cuando rechazó el incremento tarifario, que para el consorcio representarían cerca de $37 millones mensuales en fondos adicionales disponibles a lo largo de un trimestre.

“El NEPR estableció unos estándares, para lo que es una emergencia, que son tan y tan estrictos que, si no es porque hay un componente del sistema eléctrico que, por alguna razón, tiene una falla monumental y al no repararlo habrá clientes en una situación delicada por muchísimo tiempo, no se cumplen. Nosotros entendemos que eso no lo apoya la ley y que no es un beneficio para el cliente porque, al final del día, hay situaciones de distintas magnitudes y distintos tipos de necesidades que el mecanismo de emergencia y de tarifa temporera permite una solución inmediata y a corto plazo”, enfatizó Alejandro Figueroa Ramírez, principal oficial regulatorio del operador.

En entrevista con El Nuevo Día, Figueroa Ramírez adelantó que LUMA propondrá que el ajuste se aplique a partir del 1 de julio, con el inicio del nuevo año fiscal y presupuesto del sistema eléctrico, aunque se trata de una determinación que tomaría el NEPR. Con la petición original, sometida el 22 de mayo, LUMA procuraba que el ajuste se implantara el 1 de junio, de forma que los ingresos adicionales por facturación comenzaran a reflejarse a partir del mes entrante.

“Hubiera sido preferible que entrara en efecto en junio, porque permite empezar a recuperar un dinero necesario para las inversiones. Pero, al final del día, lo importante es que al comienzo del año fiscal estén disponibles unas tarifas que apoyan ese presupuesto (del año fiscal entrante)”, dijo Figueroa Ramírez.

El ejecutivo de LUMA señaló que el NEPR tiene la obligación de convocar vistas públicas en caso de conceder algún aumento tarifario temporal, un espacio en el que, subrayó, se aclararían las dudas del regulador sobre la necesidad del ajuste.

De los fondos adicionales que el consorcio reclama para sus operaciones, $27 millones mensuales se destinarían a trabajos de mantenimiento y obras capitales y otros $10 millones a recapitalizar la cuenta de emergencias, que contractualmente debe mantener un balance de $30 millones y, según LUMA, se encuentra en cero debido a que no ha recibido las transferencias correspondientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. El NEPR, no obstante, concluyó en su resolución del 29 de mayo que LUMA no probó que su petición respondiera a un “evento de emergencia o temporal” y que la deficiencia de la reserva de emergencia es un asunto contractual y “necesariamente una emergencia estatutaria”.

Aunque el presidente de LUMA, Juan Saca, afirmó recientemente, en el podcast Página Abierta de El Nuevo Día, que la reasignación de $365 millones que el Departamento de Energía federal (DOE) hizo para reparaciones en la red central –en lugar de proyectos de sistemas solares en residenciales y centros de salud– podría mitigar la necesidad de un aumento tarifario, Figueroa Ramírez recalcó que el consorcio aún no ha recibido una notificación del uso que se podrá dar a esos fondos, de los que también se destinará una parte a la flota de generación que administra Genera PR.

“Es un elemento que, aunque estamos confiados que ese dinero podría estar disponible en algún momento, no tenemos certeza alguna de esos componentes. Tenemos que ser prudentes en decir qué necesitamos ahora y, si la pregunta sobre fondos que puedan venir del DOE se esclarece en algún momento posterior, se hacen los ajustes necesarios para que el cliente pague lo justo”, acentuó el abogado.

El principal oficial regulatorio de LUMA, en tanto, aseguró que los fondos adicionales que se recaudarían por medio de la factura no duplicarían los propósitos de los fondos federales ya disponibles para la reconstrucción de la red, si bien los trabajos pueden guardar relación con obras financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

LUMA, por ejemplo, espera llevar a cabo reemplazos de componentes críticos como transformadores de alto voltaje y reparaciones de líneas de transmisión, así como el despeje de vegetación a lo largo de 2,500 millas de cableado eléctrico, tareas que cuentan o se anticipa que reciban una inyección sustancial de dinero federal.

“Hay mucho trabajo que se hace con fondos federales que tiene componentes que, para lograr que el trabajo se complete, requiere de inversión que no es elegible de fondos federales. Yo puedo, por ejemplo, adquirir un transformador con fondos federales y gran parte de la instalación se puede sufragar con fondos federales, pero hay aspectos, como los cimientos donde se instala, el transporte o reparaciones ancilares para que se pueda utilizar en su totalidad, que son necesarias y quizás no son elegibles con fondos federales”, señaló el oficial de LUMA.