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En medio del conteo regresivo para que la administración de Alejandro García Padilla logre identificar recursos y pueda cerrar una brecha de $1,400 millones del presupuesto para el próximo año fiscal, existen más de $4,845 millones en deudas del Gobierno que no han sido cobradas.

Si al menos la mitad de esta cifra se recupera, se eliminaría toda la controversia fiscal para cuadrar el presupuesto y se aliviaría gran parte de los problemas económicos de las corporaciones públicas y de los municipios.

Este estimado no incluye los cientos de millones de dólares no cobrados por multas de tránsito impuestas por la Policía, por violaciones a los reglamentos de agencias como DACO, Recursos Naturales, el Cuerpo de Bomberos.

Tampoco considera una cifra que pudiera ser muchísimo mayor: millones de dólares que están en la calle por concepto de propiedades que no han sido tasadas por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y que no han sido cobrados por la ineficiencia gubernamental.

De esta deuda de casi $5,000 millones, solo $2,000 millones corresponden exclusivamente a obligaciones contributivas que el Departamento de Hacienda no ha podido cobrar durante los pasados años. En principio, esa deuda totalizaba $2,500 millones, pero luego de una revisión oficial realizada con motivo de la amnistía que está vigente, se eliminaron $500 millones.

Estos se cancelaron porque eran cuentas morosas por más de 10 años que es el periodo límite en el que pueden permanecer en los libros de la agencia.

Pero estas no son las únicas deudas sin cobrar que arrastra el Gobierno en momentos en que existe una amenaza de degradar el crédito público a nivel chatarra, lo que provocaría una devaluación automática de todo el capital existente en el país y una profundización de la recesión económica que comenzó en el 2006.

El CRIM tenía una deuda para el 2011 que rondaba los $2,300 millones, de los cuales el 50%, es decir, $1,150 millones, han sido considerados incobrables por las autoridades.

El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, reconoció que las deudas por cobrar y las propiedades no tasadas son los dos problemas principales del organismo. Correa no pudo ofrecer ayer una cifra de las propiedades sin tasar, pero reconoció que es un problema histórico que el CRIM no ha podido resolver.

“Lo que se le debe al CRIM son deudas altísimas, es una cifra bien alta. Ahora, lo que hay que establecer es hasta donde las cifras son reales y hasta donde se puede cobrar, porque no todo se puede recuperar”, destacó.

El alcalde dijo que el retraso en tasar incluye tanto propiedades nuevas como las propiedades que han sufrido mejoras. Las propiedades no tasadas no pagan contribuciones, lo que representa dinero que no llega a las arcas municipales.

“Si los cobros fueran eficientes, llegarían más fondos a los municipios. Pero las deudas por cobrary los problemas con la tasación no permiten que esto se haga”, expresó Correa.

La precaria situación de los municipios ha ejercido una fuerte presión contra el endeble fondo general y el Banco Gubernamental de Fomento, que han fungido como “ángeles salvadores” de los municipios con jugosas asignaciones de fondos y líneas de crédito.

Otro personaje de esta historia de terror es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que padece una deuda de $265 millones de parte de sus abonados, tanto residenciales, comerciales y de las agencias del Gobierno, quienes adeudan en total $91 millones.

Para completar este panorama económico tétrico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) arrastra una deuda de $280 millones por el impago de cuentas morosas de parte de agencias del Gobierno, otras corporaciones públicas y agencias federales. Esto sin sumar los cargos que pesan contra el consumidor, en la tarifa oficial de la AEE, que permite que algunos beneficiados, entre los que figuran los municipios, prácticamente no paguen por el consumo de energía eléctrica.

El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, indicó que en abril comenzó a cobrar las deudas de las agencias del Gobierno. Destacó que ya lograron establecer planes de pago con la AAA, la Autoridad de los Puertos y el Departamento de Educación. También se cobrarán deudas de las empresas privadas y los clientes residenciales que no paguen por más de 60 días se les suspenderá el servicio.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada. Ahora el Gobierno se propone imponer nuevos tributos para recuperar el dinero que en el pasado no pudo cobrar. ¿Cuánto de los arbitrios que pongan ahora no podrán cobrar y se convertirá en deudas? Es un problema cíclico que no parece tener solución” sostuvo Mario Negrón Portillo, catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

Negrón Portillo lamentó que ante la grave crisis fiscal que atraviesa el Gobierno no exista en el país un espíritu de sacrificio a favor de ayudar al erario público. “Todos dicen ‘que a mi no me toquen’ y así no se pueden lograr soluciones”, señaló el catedrático.

El economista José Alameda señaló que es necesario que en las corporaciones públicas y el Gobierno central sufran una reestructuración para convertirse en entidades efectivas en el cobro de sus deudas.