El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) requirió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy y Genera PR expliquen cómo evitarán la posible pérdida de más de $400 millones, correspondientes a los gastos incurridos en 289 proyectos del sistema de transmisión y distribución que fueron retirados de la consideración de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Según el organismo, los proyectos que se incluyeron en el llamado Plan Consolidado que se preparó a petición de FEMA –cuya elaboración la AEE lideró– “se desvían significativamente de la distribución” de la dependencia federal. “Por lo tanto, (el NEPR) solicita confirmación de que los proyectos seleccionados en la Lista Consolidada cumplen con todas las regulaciones y que todos los daños identificados se atienden apropiadamente dentro del alcance del financiamiento aprobado”, requirió.

Específicamente, el NEPR, en una resolución y orden emitida el viernes, aludió a que, al autorizar una asignación global de $10,700 millones para el sistema eléctrico –a partir de una muestra de daños causados por el huracán María–, FEMA determinó que el 91% de los fondos debían destinarse a la red de transmisión y distribución, ahora en manos de LUMA; 8% a los activos hidráulicos de la AEE; y 1% para la flota de generación termoeléctrica, que Genera PR administra.

De acuerdo con los cálculos del NEPR, el Plan Consolidado mantuvo activos 282 proyectos de transmisión y distribución valorados en $3,300 millones, 11 para la flota de generación estimados en $1,900 millones y 20 para los recursos hidroeléctricos y de riego de $1,300 millones. La mayor diferencia se observa en la infraestructura de generación, a la que la repartición original le asignaba cerca de $109 millones.

El NEPR pidió a las partes “explicar el racional para excluir proyectos con daño previamente identificados o costos incurridos, incluyendo si las exclusiones se basaron en determinaciones de FEMA, duplicación de alcance o decisiones de priorización estratégica realizadas durante la consolidación”.

El Nuevo Día reportó, hace dos semanas, el posible riesgo de que los 289 proyectos retirados de la lista de LUMA –con casi $402 millones en gastos ya incurridos pese a no contar con una obligación de fondos de FEMA– quedaran inconclusos o tuvieran que financiarse con dinero cobrado a los consumidores por medio de las facturas.

En ese momento, la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, puntualizó que el Plan Consolidado priorizó todos los proyectos con dinero ya comprometido, así como los que se encuentran en fases más avanzadas de aprobación. El listado dejó un margen de $636 millones que se podrían utilizar para atender sobrecostos en proyectos encaminados o añadir nuevas obras.

Como parte de la resolución y orden, el NEPR pidió identificar si los gastos asociados a los 289 proyectos descartados de la lista de FEMA podrían financiarse con otros fondos federales o propios, así como definir “impactos potenciales sobre la ejecución de proyectos y exposición a los consumidores si se determina que los gastos incurridos son no reembolsables bajo los programas existentes de FEMA”.