Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dieron por sentado este miércoles que el próximo presupuesto del gobierno central sufrirá reducciones, bien sea antes del 1 de julio o durante el transcurso del siguiente año fiscal, dependiendo de los recortes que, en última instancia, sean aprobados a nivel federal en el marco de las políticas del presidente Donald Trump.

Durante la segunda reunión pública del organismo en 2025, tanto el director ejecutivo Robert F. Mujica como el directivo John Nixon puntualizaron que el presupuesto consolidado –previsto para totalizar $32,591 millones–, con toda probabilidad, deberá ser ajustado conforme se tenga certeza del alcance de la merma en partidas federales, que al presente se discuten a nivel congresional, con un mandato de aprobar recortes globales ascendentes a $1.5 billones (“trillions”, en inglés).

“Más que la posibilidad de hacer ajustes al presupuesto, diría que absolutamente tendremos que ajustar el presupuesto, y creo que la gente debe entender que esto (políticas de Trump) pudiera tener un impacto mayor en los fondos federales que llegan a la isla y (provocar) algunos cambios dramáticos. Creo que es importante saber que muchas legislaturas estatales han terminado sus sesiones y otras están en proceso de completar (sus presupuestos), pero, dependiendo de la reconciliación presupuestaria del Congreso, muchos estados tendrán que volver y reajustar el presupuesto una vez sepan lo que entrará del gobierno federal”, sostuvo Nixon, quien fue jefe de presupuesto en Utah y Michigan.

A su vez, reconoció que el “timing” o el momento en que ocurren los trámites congresionales complica el trabajo de gobiernos estatales, como Puerto Rico, toda vez que el año fiscal federal arranca el 1 de octubre, tres meses después de la fecha en que entra en vigor el nuevo presupuesto territorial.

“No será la experiencia más agradable, pero creo que quienes reciben fondos federales deben estar preparados para hacer ajustes rápidos al presupuesto”, abundó Nixon, quien acentuó que, aunque Puerto Rico no está “aislado” en el escenario de incertidumbre, sí enfrenta unos riesgos “magnificados” por su dependencia del financiamiento del gobierno estadounidense.

El Nuevo Día ha calculado que, sin conocerse aún las principales partidas de recortes –que se definirán en la reconciliación presupuestaria que hará el Congreso–, Puerto Rico ya ha sufrido reducciones de financiamiento federales ascendentes a más de $800 millones, principalmente asociados a la cancelación de dinero vinculado a la emergencia del COVID-19 en áreas como educación y salud. En algunos casos, las autoridades puertorriqueñas han pedido a su contraparte federal que reconsidere el freno de los fondos, como ocurre con las partidas con las que el Departamento de Educación local contaba para reparaciones de infraestructura en las escuelas.

En otras instancias, como con la asignación de $365 millones que la administración de Joe Biden había destinado para la instalación de sistemas de energía solar y baterías en centros de salud y espacios de vivienda multifamiliar o residenciales en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González ha adelantado que no combatirá el freno federal a las partidas –que se alejan de la política en favor de los combustibles fósiles de Trump–, aunque ha pedido que se redirijan a proyectos en la red de transmisión y distribución y la flota de generación, que ya cuentan con cerca de $17,000 millones disponibles.

Mujica, al aludir a la pérdida de $500 millones a la que Educación se expone, la contrastó con el monto de $106 millones que se ha anunciado que estaría en riesgo en Massachusetts, un estado de más de 7 millones de habitantes. Sin embargo, recalcó que, a largo plazo, el mayor riesgo para el archipiélago recae en los fondos de Medicaid, cuya asignación a Puerto Rico, de más de $4,000 millones anuales, expira en septiembre de 2027, cuando –de no haber nueva legislación congresional– se produciría el “abismo fiscal” que devolvería las partidas a cerca de $500 millones.

“Estamos terminando un presupuesto, para someterlo a la Legislatura, que cumpla con las necesidades de la gente de Puerto Rico. Pero, como el gobierno federal todavía está trabajando en su propio presupuesto, debemos estar listos –y el presupuesto se está preparando– para un grado significativo de incertidumbre”, esbozó Mujica.

En la reunión virtual, la directora de Presupuesto de la JSF, Elisa Guardiola, ofreció una presentación en la que evidenció cómo el grado de dependencia de fondos federales se ha disparado de un 34%, en el año fiscal 2017, hasta un 46% en el año fiscal en curso, todavía marcado por las asignaciones de emergencia por desastres naturales y el COVID-19. En términos absolutos, las partidas federales incluidas en el presupuesto consolidado se elevaron de $6,206 millones, en 2017, a $15,353 millones este año fiscal.

Para el año entrante, las asignaciones federales bajarían a $14,186 millones, o poco menos del 44% del presupuesto consolidado, proyectado en $32,591 millones.

La gobernadora –quien participa, pero no puede votar en las reuniones de la JSF– señaló durante su turno –que consumió mientras se transportaba a un evento oficial en Ponce– que espera aprovechar el énfasis de Trump de devolver la actividad de manufactura a Estados Unidos para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, un ángulo optimista en el que coincidió con Mujica.

González, quien no aludió al escenario de recortes más allá de puntualizar que su administración ya trabaja para asegurar fondos de Medicaid posterior al 2027, hizo hincapié en los esfuerzos para acelerar la reconstrucción de la red eléctrica, la reforma contributiva que impulsa y las gestiones para agilizar los trámites de permisos.